En los primeros días del año algunos medios periodísticos afirmaron que el juez federal Claudio Bonadío había realizado un allanamiento sorpresivo en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el cual habría incautado alrededor de treinta legajos relacionados con subsidios que supuestamente fueron otorgados irregularmente.
La causa comenzó por una denuncia de Julio César Aráoz, ex secretario de Energía y ex ministro de Desarrollo Social durante la presidencia de Carlos Menem, entre otros cargos, contra el secretario de Derechos Humanos por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación Martín Fresneda informó que "El juez Bonadío me requirió información que fue suministrada inmediatamente. Por lo tanto, no hubo ni un allanamiento ni incautamiento de legajos, ya que todos fueron entregados en los tiempos requeridos".
Fresneda informó que "todos esos legajos fueron pagados durante los gobiernos de los ex presidentes Eduardo Duhalde, Carlos Menem y Fernando De La Rúa, siendo el propio denunciante funcionario público". Esa denuncia está basada "en hechos falsos que pretenden denostar una gestión comprometida con las víctimas del terrorismo de Estado, y que están en sintonía con aquellos sectores que pretenden deslegitimar todos los logros obtenidos desde el 2003 en adelante", agregó el secretario en conversación con la agencia Télam.
En ese sentido, Fresneda manifestó que "las acusaciones resultan injustas e infundadas, ya que el expediente está en
trámite y dentro de los plazos normales. De hecho nunca se interpuso ningún recurso administrativo por mora, que es lo que hubiera correspondido en caso de retraso".
"La denuncia resulta mendaz ya que ninguno de los casos que se mencionan fueron analizados en el marco de esta gestión. Aráoz pidió la reparación en 2011, por lo que mal me puede atribuir pagos irregulares ya que asumí como Secretario de Derechos Humanos el 15 de mayo de 2012".
En esa línea, expresó: "Estamos absolutamente tranquilos y como siempre, a disposición de la justicia. Desde hace 10 años esta gestión se ha dedicado a reparar a todas las víctimas del terrorismo de Estado con políticas de memoria, verdad y justicia, sin discriminación alguna y con mucha transparencia y honestidad".