Infojus Noticias

El 4 de abril de 2007, hace siete años, el policía José Darío Poblete disparó un cartucho de gas lacrimógeno contra un Fiat 147 que tenía a dos metros de distancia. Estaba terminando un reclamo gremial docente, en Neuquén. El proyectil atravesó el parabrisas trasero y el maestro Carlos Fuentealba quedó en la línea de fuego, le destrozó el cráneo. A las seis de la tarde, los médicos que lo atendieron en el hospital Castro Rendón en la capital neuquina confirmaron su fallecimiento. En 2008 Poblete fue condenado a prisión perpetua. Hoy sus familiares y compañeros volvieron a marchar para que el entonces gobernador Jorge Sobisch y los funcionarios policiales que ordenaron la represión respondan por este crimen ante la Justicia. Conocida como Fuentealba II, la causa en la que se investigan las responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo sigue estancada.

Los abogados que acompañan a Sandra Rodríguez, la esposa del docente asesinado, esperan que Sobisch responda ante la justicia por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La fiscalía que investigó el caso no pidió el procesamiento del ex gobernador. Ahora, lo que está en discusión es si Sobisch puede enfrentar un juicio por estos delitos por el solo pedido de la familia de la víctima o “si necesita el acompañamiento de la fiscalía”, explicó a Infojus Noticias el abogado querellante Gustavo Palmieri.

Entre los acusados también está el grupo de policías que estuvieron con Poblete en el momento que disparó contra el maestro y ocultaron las pruebas (por el delito de encubrimiento). Y el entonces secretario de Seguridad provincial, Raúl Pasquarelli, y los jefes policiales que orquestaron la represión por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos y abuso de autoridad. “En este momento, se están haciendo cambios importantes en el sistema procesal de Neuquén y todavía no sabemos quién será el fiscal que termine de definir estos planteos”, dijo Palmieri.

La emboscada

Después de 30 días de reclamos ignorados, los docentes neuquinos agremiados en ATEN acordaron cortar la ruta nacional 22, a la altura de la localidad de Arroyito. Carlos no estaba de acuerdo, le parecía peligroso: era una zona despoblada y no tenían donde resguardarse de una represión. Pero respetó lo votado en la asamblea y esa mañana estuvo en la ruta.

Sobisch ordenó impedir que los manifestantes cortaran la ruta. Cuando los docentes llegaron el operativo ya estaba montado, los esperaron con balas de goma, gases lacrimógenos y un carro hidrante que avanzó contra ellos en dos ocasiones. Empezaron las corridas y algunos se refugiaron en una estación de servicio cercana y otros se subieron a los automóviles en los que habían llegado y comenzaron a retirarse.

Después de varias corridas, acordaron desconcentrar. Escoltados por camionetas policiales salieron hacia la ruta. Pero mientras la caravana comenzaba a armarse, un grupo de policías se adelantó y les cortaron el paso. Caminando, en grupos y en los pocos autos que tenían a mano los docentes empezaron a bajar de la ruta, intentaron esquivarlos por los laterales de la ruta. Fuentealba se subió al 147 y se acomodó en el asiento de atrás. Poblete disparó. Los docentes cubrieron el auto que quedó estacionado en la ruta, otros hicieron una fila y le gritaron a los policías. Los agentes del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) se pusieron en fila y levantaron sus escudos. A Carlos lo llevaron  al hospital en la capital neuquina, fue sometido a dos operaciones y finalmente murió al día siguiente.

La muerte del maestro agudizó las protestas. La Casa de Gobierno neuquina permaneció bloqueada por centenares de docentes y estatales que exigieron la renuncia de "todos los responsables" de la agresión; pero sus reclamos no tuvieron eco. En conferencia de prensa Sobisch asumió que dio la orden de impedir el corte de la ruta, pero se desligó del asesinato. "Al culpable le va a caer todo el peso de la ley", prometió Sobisch, mientras en la calle los docentes apuntaban contra él y llegaron a pedir su renuncia. Nada de esto ocurrió. Siete años después, todavía el gremio, los compañeros y la familia de Carlos Fuentealba esperan que “el ex gobernador llegue a juicio por la orden que terminó con la vida del maestro”.