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El 4 de abril de 2007, el oficial José Darío Poblete asesinó con un cartucho de gas lacrimógeno al maestro Carlos Fuentealba, disparándole a dos metros de distancia. Tres jueces de un Tribunal Oral consideraron probado el crimen y lo condenaron en junio de 2008 a prisión perpetua. La sentencia -apelada por sus abogados- fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y la Corte Suprema de la Nación. Sin embargo, un fiscal de primera instancia, Ignacio Di Maggio, promueve una investigación que podría hacer volver todo a fojas cero, pidiendo que se investiguen presuntas irregularidades en la rueda de reconocimiento que terminó con el señalamiento de Poblete como el tirador.

En ese requerimiento fiscal, Di Maggio denunció a la fiscal del caso, Sandra González Taboada, y a la docente Marcela Roa, por haber “arreglado” la diligencia. El fiscal general de la provincia, José Geréz, salió a respaldar públicamente a González Taboada. La denuncia recayó en el juzgado N°5 de Neuquén, Marcelo Benavidez, que esta semana deberá decidir si le da curso al pedido de investigación.

“Cuando Poblete fue condenado, su defensa empezó a cuestionar la rueda de reconocimiento. Como les fue negado por el Tribunal Superior y la Corte Suprema, presentaron una denuncia penal en una fiscalía, que también fue archivada. Ahora lo reflota el fiscal Di Maggio. "Es un disparate”, dijo a Infojus Noticias Gustavo Palmieri, abogado de la viuda de Fuentealba, Sandra Rodriguez, y también de la testigo Marcela Roa, acusada por de falso testimonio.

“No sólo lo niegan la testigo y fiscal denunciados, sino también el juez de instrucción que presenció el trámite, y hasta el defensor oficial que entonces tenía Poblete, Andrés Repetto, que ahora es juez de Cámara”, agregó el abogado.

El fiscal Di Maggio asumió su cargo en marzo de 2010, y mientras ejerció como abogado particular, estuvo afiliado al Movimiento Popular Neuquino (MPN), el partido que preside el ex gobernador Jorge Sobisch. También fue asesor de su bloque en la Cámara de Diputados. Cuando se trató su pliego en la Legislatura provincial, el núcleo de la discusión giró en torno a su pertenencia partidaria y a que había olvidado incluir en su derrotero profesional dos querellas en su contra.

Fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura porque uno de sus primeros actos como fiscal fue anticiparle a la prensa que no acusaría al ex gobernador en una causa que irá a juicio oral, en la cual Sobisch confesó haber ordenado que la policía liberara la zona después que un grupo de obreros de la Uocra -entre los que habrían afiliados del MPN- reprimiera a docentes que se manifestaban en la puerta de la refinería de YPF, en Plaza Huincul. En esa causa, la única fiscal que acusó a Sosbich fue González Taboada.

A poco de asumir, Di Maggio desempolvó el viejo expediente que contenía la denuncia penal de la defensa de Poblete, que ya había sido desestimada por inconsistente por su colega Sandra Ruixo. Di Maggio presentó un requerimiento de instrucción alegando que la rueda de reconocimiento pudo estar "envenenada": Asegura que la fiscal González Taboada, mientras se dirigían a la sala, le habría dicho a la testigo Roa que Poblete tenía la cabeza rapada, una condición que no cumplían el resto de los participantes de la diligencia. Para fundar esa acusación, Di Maggio se basa en los testimonios de Segundo Heriberto Muñoz y Armando Oscar González. Dos testigos muy particulares.

Los testigos

González y Muñoz eran suboficiales de la policía neuquina. El día de la rueda de reconocimiento, según dicen en la presentación de Di Maggio, oyeron cómo González Taboada señalaba a Poblete en la rueda de reconocimiento.

Ahora esos policías están presos. El 28 de septiembre de 2007, en la zona del Picadero de Centenario, violaron a una compañera. Dos años después, la Cámara en lo Criminal Primera los condenó a nueve años de cárcel de cumplimiento efectivo por “abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos personas y pertenecer a las fuerzas policiales”. En el juicio a los uniformados hay actores repetidos: la fiscal fue González Taboada, y entre los abogados de la víctima estaba Gustavo Palmieri, defensor de la familia Fuentealba. Hay un dato más que ahora cobra relevancia: los policías presos cumplen la pena en la misma cárcel que José Darío poblete.

“Esto surgió después de la condena, y a nuestro modo de ver busca la impunidad. También pretende enturbiar la causa Fuentealba II, en la que se investiga la responsabilidad política de la represión que terminó en la muerte del maestro. Pero no creo que tenga ningún asidero”, concluyó Palmieri.

En este momento, la causa Fuentealba II está en la Cámara de Casación, esperando la resolución de un recurso presentado por la familia, ya que la Cámara de Apelaciones negó el derecho de acusarlo a Sobisch por la participación en el hecho.