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El director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Victor Hortel, pidió que se investigue la responsabilidad del juez federal de San Juan Miguel Ángel Gálvez en la fuga de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, los condenados por delitos de lesa humanidad que se fugaron la noche del jueves pasado del Hospital Militar Central, en Capital Federal. Hortel presentó una serie de documentos que confirman que fue el juez Gálvez quien dispuso el traslado de los dos represores durante la feria judicial. En la mañana de hoy, los ministros de Salud, Juan Manzur, de Defensa Agustín Rossi y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, firmaron un convenio para que se evalúe el estado de salud de los detenidos por delitos de lesa humanidad internados en el Hospital Militar.

“Debe investigarse la responsabilidad del juez federal sanjuanino que autorizó el traslado transitorio”, explicó Hortel en un comunicado difundido por el SPF. El viernes, el funcionario había presentado una denuncia penal para que se investigue en profundidad la fuga de los detenidos.

La documentación presentada hoy por el SPF confirma que fue el magistrado sanjuanino quien dispuso el traslado temporario de los detenidos al penal de Marcos Paz y luego  al Hospital Militar.

Los documentos demuestran que el 18 de julio la secretaria del Juzgado Federal Nº2, María Paula Carena, solicitó al jefe de la División Judiciales de la Unidad Nº2 de Marcos Paz “por disposición del Sr. Juez Federal subrogante, Dr. Miguel Ángel Gálvez”, que “se arbitren los medios necesarios para que el interno Gustavo Ramón De Marchi, sea trasladado hasta el Hospital Militar Central ‘Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich’, a los fines de ser atendido en dicho nosocomio”. En un segundo oficio, firmado el mismo día, Carena solicita -también por disposición del juez Gálvez-, el traslado de Olivera para ser tratado los mismos días que De Marchi.

Por otra parte, en la mañana de hoy, los ministros de Salud, de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos firmaron un convenio para crear una comisión médica interjurisdiccional que evalúe el estado de salud de los detenidos por crímenes de lesa humanidad internados en centros hospitalarios dependientes de las Fuerzas Armadas.

En la denuncia presentada el viernes pasado por el Servicio Penitenciario Federal constaba que “personal de Seguridad y Traslados del Servicio Penitenciario Federal había efectuado el traslado y entregado a los nombrados al personal del hospital, en la sala de atención que ese nosocomio dispone en el tercer piso para detenidos por delitos de lesa humanidad”. Luego de ser llevados a los consultorios, sigue el texto, “se advirtió que los internos nombrados no se encontraban en la sala donde debían estar”.

El personal penitenciario involucrado fue puesto en disponibilidad y sumariado.  Ambos condenados, recordó Alak en un comunicado, "ya habían estado prófugos de la justicia, antes de su condena. Incluso la Cámara Federal de Mendoza había otorgado excarcelaciones que posibilitaron su fuga en la etapa de investigación”.

Además, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofreció una recompensa de $ 2.000.000 "por el plazo de 12 meses a partir del día de la fecha destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención” de los dos prófugos, señalan las dos resoluciones firmadas por Alak.

El titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, informó que se produjo el pase a retiro y el relevo de funciones del personal del Ejército que desempeñaba tareas de conducción en distintas dependencias del área de salud.

Quienes son

El juicio en el que fueron condenados Olivera y De Marchi se extendió por un año y ocho meses. Junto a Olivera - ex teniente de inteligencia- fueron condenados a cadena perpetua el suboficial Osvaldo Benito Martel y al ex comisario de la Policía Federal, Julio Nieto. Los delitos: violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita. Por los mismos delitos fueron condenados a 25 años de prisión De Marchi –ex teniente del ejército-, Daniel Gómez y Francisco Del Torchio, que detentaban el mismo cargo. El suboficial Alejandro Lazo, en tanto, fue condenado a 10 años de prisión.

Todos los militares habían actuado en la represión que se desató en San Juan después del golpe militar de 1976, y pertenecían al Regimiento 22 de Infantería de Montaña, dependiente del Area 332 con comando en Mendoza.

Entre las 60 víctimas, que sufrieron torturas, vejámenes y secuestros, hay dos desaparecidos: la ciudadana franco-argentina Marie Anne Erize y el ex rector Juan Carlos Cámpora. Y un muerto, Daniel Russo. El juicio  comenzó el 7 de noviembre de 2011. Frente a los jueces pasaron más de 150 testigos y víctimas que relataron el contexto político de la época y la experiencia personal que vivieron durante sus detenciones.

Quienes puedan aportar datos últiles deben comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al (011) 5300-4020