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El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el ex juez español Baltasar Garzón, presidente de la Fundación Internacional que lleva su nombre (FIBGAR), firmaron hoy un convenio de cooperación con el objetivo de facilitar la reinserción laboral de personas que fueron víctimas del delito de trata o padecen situaciones problemáticas con las drogas.

"El objetivo es profundizar una lucha permanente contra las situaciones de vulneración de derechos y de no respeto a los derechos humanos. A partir de allí hemos encontrado una forma de trabajar en forma concreta y conjunta con la fundación que preside Baltasar Garzón", explicó Tomada, tras la firma del convenio.

El ministro indicó que desde su cartera "ya venimos trabajando en la reinserción de personas en situación de vulnerabilidad como son las víctimas de trata, o de trabajo en condiciones de esclavitud o de violencia laboral"."Lo que hacemos es orientar en la búsqueda, para que esa persona pueda reinsertarse, a veces detectando y brindado necesidades de capacitación o de formación o bien subsidiando esa inserción laboral", apuntó.

El convenio se firmó en el marco de acciones que la cartera laboral realiza específicamente con determinados colectivos, y que, según Tomada, tienen como finalidad "robustecer una masa crítica para poder intervenir y transformar la realidad".

Por su parte, Garzón sostuvo que "el abuso a los derechos humanos en el ámbito laboral es una realidad porque lo que visibilizar y buscar soluciones es una gran tarea".

"Desde la fundación nos estamos sumando a esta iniciativa poner por bandera la lucha contra la trata laboral, que es un compromiso muy importante y que no suele ser lo normal. Creo que en América se precisa de forma clara e inmediata una política coordinada en forma integral de lucha contra la trata de personas", señaló.

El jurista español añadió que "en referencia al problema de la reintegración social y laboral de las personas vulnerables con motivos de adicción creo que es no sólo conveniente sino una necesidad, ya que de nada sirve establecer las normas en ese sentido si después no se ponen en marcha las políticas necesarias para hacer su reinserción".

"El consumidor no es causante del problema sino una víctima y, por lo general, son visibilizadas las víctimas y no los victimarios", afirmó e indicó que "para llegar a buenas soluciones, seguramente habrá que comprometer también a las empresas".

El convenio firmado hoy estableció que el Ministerio y la Fundación se "comprometen a desarrollar actividades de capacitación, formación profesional y asistencia técnica para generar una mejora en las oportunidades de reintegración social y laboral de hombres y mujeres que están en tratamiento por consumo problemático de sustancias y víctimas del delito de trata laboral".

Consultado sobre los 30 años de democracia en Argentina, Garzón, quien reside en Argentina donde preside el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), aseguró que el país es "un modelo de lo que significa compatibilizar lo que se piensa con lo que se dice y lo que se dice con lo que se hace".

"En el área de derechos humanos, Argentina tiene una política de defensa de recuperación no sólo de la memoria histórica sino de la justicia actual por crímenes masivos cometidos en la dictadura, sino también con políticas que pueden y deben mejorar pero que muy pocos gobiernos las han asumido propias como aquí", expresó.

Finalmente, Garzón explicó que desde el CIPDH se trabaja "para que la Argentina consolide ese liderazgo mundial en derechos humanos como una suerte de faro que ilumine desde el sur al norte, y no siempre al revés", sobre todo porque "las políticas desde el norte últimamente no son las más adecuadas a seguir en materia de derechos humanos".

En el acto participaron el subsecretario de Relaciones Laborales, Alvaro Ruiz; el de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social, Guillermo Alonso Navone, y la coordinadora de Políticas de Prevención y Adicciones de la cartera, Lucía García, entre otros.