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El Tribunal Oral en lo Criminal N° 22 condenó a cadena perpetua a Enzo Álvarez, un agente de la Policía Metropolitana que mató de un disparo en la cara a Bruno Pappa, un joven de 26 años, que iba a ser padre en pocos meses. Fue el primer caso de gatillo fácil de la Policía Metropolitana (PM) en llegar a juicio oral y público. El fiscal del juicio, Marcelo Martínez Burgos, y la querella, a cargo de la subsecretaría de Protección de Derechos Humanos, habían solicitado la pena de prisión perpetua para Álvarez que, al momento del hecho, tenía 25 años y estaba de civil. En cuatro años, la fuerza de seguridad que depende del gobierno de la Ciudad mató a 20 personas.

“No te apures que ya es boleta”, le dijo Álvarez a un agente de la Policía Federal que se acercó hasta el lugar el día del crimen, alertado por los vecinos. Los agentes que intervinieron secuestraron una vaina en el suelo, otra en la recámara de la pistola reglamentaria del oficial y la réplica de una pistola en el interior de uno de los bolsillos de Bruno. Las pericias determinaron que el disparo se hizo a muy corta distancia: 50 centímetros.

Martínez Burgos  consideró que Álvarez debía ser responsabilizado por el delito de “homicidio agravado por abuso de la función o cargo”. El fiscal trabajó con la colaboración de personal de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN).

Según un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entre 2011 y 2014 se registraron 20 muertes por uso letal de la fuerza. En 12 de esos casos, los agentes estaban fuera de servicio en el momento del hecho. Sólo en el último año se registraron 7 víctimas fatales de este tipo.

Durante el debate, Martínez Burgos se había centrado en el requerimiento de elevación a juicio que había realizado su colega Horacio Azzolin, quien señaló que el mediodía del 8 de septiembre de 2011 Álvarez persiguió por más de una cuadra a Pappa luego de que la víctima le robara un bolso. Luego de alcanzarlo, Álvarez lo tiró al piso y, cuando lo tenía en el suelo, le disparó a la cara, según la acusación fiscal.

En su exposición ante los jueces Patricia Cusmanich, Sergio Paduczak y Ángel Nardiello, Martínez Burgos dio por acreditado que el efectivo dio la voz de alto, mientras sacaba su arma y “montaba el martillo” es decir, la ponía en condiciones de disparar, y que luego tiró hacia el joven, aunque la bala impactó en el bolso con el que escapaba a bordo de una bicicleta.

De acuerdo a la acusación fiscal, cuando Pappa cayó de la bicicleta al suelo fue reducido por el policía, quien, según uno de los testimonios, con una rodilla apoyada sobre él le disparó en la cara a una distancia de entre 10 y 15 centímetros. En su defensa el uniformado declaró que el disparo fue como consecuencia "de un forcejeo".

Para Martínez Burgos, el imputado tuvo tres oportunidades de "evitar el desenlace que terminó con el fusilamiento de Pappa”: cuando fue abordado y decidió sacar el arma e iniciar una persecución, cuando la víctima cayó de su bicicleta y le disparó, y cuando lo redujo, oportunidad en la que podría haberlo detenido pero decidió “ejecutarlo”.

Pablo Barbuto, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, y Leonardo Martínez, abogado querellante que representó a la compañera de la víctima.

La historia de Bruno

Cuando lo asesinaron ese 8 de septiembre de 2011, Bruno vivía en el asentamiento La Fraga, en Chacarita, e iba a ser padre. Su novia, Cecilia, estaba embarazada de 5 meses. Como madre de la hija de Bruno, Cecilia fue  querellante en la causa.

El día que el policía de la Metropolitana mató a Bruno, los vecinos apedrearon una sede de esa fuerza ubicada en las cercanías, en Guzmán y Jorge Newbery. Fueron repelidos por los efectivos con balas de goma y gas pimienta. Al día siguiente el superintendente de Seguridad Comunitaria de la Metropolitana, Ricardo Pedace, justificó al policía Enzo Álvarez. Dijo que el agente “se defendió” y que el arma de plástico que llevaba el joven asesinado era una réplica. “Para saberlo había que tener un conocimiento muy acabado de la parte balística y de armamentismo”.

Ese mismo año, un mes antes, otro agente de la Metropolitana que circulaba de civil había matado en un colectivo a dos supuestos asaltantes que iban desarmados. Antes, otro efectivo de la fuerza comandada por la Ciudad de Buenos Aires, también con su arma reglamentaria, había matado a su vecino en la zona sur del Gran Buenos Aires.

CD/PW