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Días atrás la Corte Suprema de Justicia pidió a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, opinión acerca de una presentación realizada por un empresario que había cuestionado el dictamen de una fiscal subrogante designada por ella. Ahora Gils Carbó dictaminó en el expediente donde el empresario Antonio Conrado De Martino reclama por una liquidación en el marco de la causa conocida como “Automotores Saavedra” (Automóviles Saavedra S.A. c/Fiat Argentina S.A.). El empresario argumenta que en ese expediente, el 13 de marzo pasado dictaminó la procuradora adjunta subrogante Alejandra Cordone Roselló. Considera que no se trata de una fiscal constitucional sino de una designada sin respetar los mecanismos. Por eso solicitó se declare la “nulidad del dictamen”.

No obstante, para Gils Carbó “ante el surgimiento de una vacancia en un cargo de fiscal o procurador fiscal que puede afectar el normal cumplimiento de la función, corresponde a la titular del organismo asegurar la prestación del servicio público que la vacancia pone en riesgo mediante la designación de un reemplazante provisorio”. Destacó que Cordone Roselló trabaja desde el 2005 en la Procuración, y que venía “desempeñándose de hecho a cargo de la dependencia vacante desde la renuncia de la doctora (Amelia) Beiró de Gonçalvez”, a quién luego debió subrogar.