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“Si queremos que el Estado enfrente a la criminalidad, tenemos que darle instrumentos para que sea eficiente”, resumió Alberto Binder, al referirse al proyecto de Código Procesal Penal de la Nación que ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso. El jurista sostuvo que “es un reclamo cotidiano de la ciudadanía”. Desde Bolivia, donde se encuentra dictando clases, planteó en una entrevista exclusiva con Infojus Noticias  que “si logramos que las decisiones judiciales sean rápidas y transparentes, va a cambiar la relación de la ciudadanía con la justicia”.

Binder es experto en sistemas judiciales. Encabezó reformas procesales en provincias argentinas y en varios países de América Latina, en los que también se desempeña como docente. Preside el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, y es vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Es uno de los impulsores del “Acuerdo por la Seguridad Democrática” (ASD), y elaboró un anteproyecto de Código Procesal Penal que fue utilizado como fuente para el nuevo texto del Ejecutivo, junto al de Julio Maier y otras propuestas realizadas durante la última década.

-¿Cómo recibió el anuncio presidencial de la presentación del proyecto?

-Es un hecho muy significativo porque la justicia federal se encuentra en un nivel de obsolescencia, de parálisis, y es incapaz de cumplir con los objetivos que se requieren para enfrentar los fenómenos más complejos de la criminalidad social. Venimos trabajando hace más de dos décadas para tratar de llevar adelante esta reforma, que es impostergable. Hoy existe consenso en los partidos políticos, todos han presentado proyectos con características similares. Es una oportunidad única para que el Poder Legislativo salde esta deuda.

-¿Cómo influye la regulación procesal en la lucha contra el crimen?

-No es un tema menor porque la influencia que tiene el Código Procesal Penal es mayor que la del Penal en la configuración de la política criminal. Es imposible llevar adelante una lucha contra fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas o la criminalidad económica con el viejo modelo de los jueces de instrucción. Es necesario que investiguen los fiscales y que se den una política estratégica para ese trabajo. En caso todos los países de América Latina se ha abandonado el modelo que rige hoy en la justicia federal.

-¿Cree que puede haber alguna resistencia a la aprobación del nuevo Código?

-La oposición a este modelo se ha diluido mucho. Doscientos jueces federales presentaron una carta al Congreso hace dos años, pidiendo por favor que se apresurara el desarrollo de un nuevo código procesal penal, porque no se puede trabajar con el actual. Incluso el presidente de la Corte (Ricardo Lorenzetti) dijo que era necesario reajustar el proceso para enfrentar fenómenos como el del narcotráfico. La reticencia que puede existir es de algunos pocos jueces federales que cuando uno ve sus juzgados encuentra grandes maquinarias de delegación de funciones en funcionarios menores. Eso genera un estado de impunidad enorme en la Argentina.

-Hay quince provincias que ya tienen un sistema adversarial. ¿Cómo fue el proceso para ir abandonando el sistema inquisitorio?

-Este proyecto tomó la experiencia de las distintas provincias y trata de corregir los errores que tenían los primeros proyectos. En la historia de nuestro país, las provincias siempre estuvieron por delante del sistema federal en cuanto a la administración de justicia. No son procesos simples, son procesos de cambio. El Código no va a hacer magia, hay que reorganizar a los ministerios públicos, a los jueces. Hay que transitar un proceso de implementación que hay que encarar con mucha seriedad para que las leyes procesales no se distorsionen con problemas de organización. La realidad de las provincias es muy rica, y casi la totalidad del país está trabajando con estos sistemas, está en proceso de implementación o en miras de adoptarlos.

-¿Hay provincias que tendrán que adaptar sus códigos procesales a este modelo para el fuero federal?

-Después de casi veinte años de experiencia hemos podido atender qué normas tienen que cambiar de los proyectos iniciales para que el proceso sea más eficiente. Las primeras provincias que implementaron el sistema adversarial, como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Catamarca, tienen modelos de código más atrasados, formalistas, ritualistas. La aprobación de este proyecto va a repercutir en las provincias para actualizar los códigos de tinte más antiguo. En provincias como las patagónicas, en Santa Fe, los códigos son más modernos y están más en sintonía. Pero el impacto va a llevar a aggiornar a los otros, porque sería deseable que tengamos a todo el país bajo una estructura similar, que facilite la coordinación, la armonización de doctrina y jurisprudencia.

-¿Qué cambios conlleva el proceso de implementación?

-El mayor cambio lo tiene que hacer el Ministerio Público, que tiene que reorganizarse para tomar la nueva carga de trabajo. Deberá incorporar prácticas de conciliación e los conflictos que lo merezcan, y pensar una persecución penal con sentido estratégico para los conflictos penales de mayor complejidad. Si queremos una respuesta coordinada ante el delito, con relaciones de cooperación entre los Ministerios Públicos, eso es indispensable. Son procesos que llevan un par de años de clarificación para entrar en vigencia. No es necesario hacerlo a las apuradas, habrá que trabajar sobre esa experiencia. Son procesos que suelen llevar entre uno y dos años de puesta en marcha y uno o dos de ajustes sobre la marcha, con una intensa capacitación. Después se va ajustando y mejorando continuamente, como todo sistema.

-¿Qué consecuencias va a tener sobre la organización de los ministerios públicos y del Poder Judicial?

-Siempre es preferible que se apruebe el Código para tener un horizonte cierto. A partir de eso habrá que trabajar sobre modelos de organización judicial, para tener cronogramas ágiles de audiencias, como en Chubut, Neuquén o Santa Fe. También habrá que trabajar en ajustes del Ministerio Público para que en las fiscalías no se trabaje como células independientes. Alejandra Gils Carbó ya hizo algunas modificaciones en ese sentido, y también se vienen haciendo cambios en el Ministerio Público de la Defensa. Ya tenemos mucha experiencia en los procesos de implementación porque se han desarrollado en otros países y provincias. Las técnicas de planificación y los temas con los que trabajar ya fueron estudiados. No hay sorpresas, todos saben qué pasos hay que dar y cómo se desarrollan esas experiencias.

-¿Los procesos penales van a ser más rápidos?

-Los jueces se tienen que adaptar a la oralización completa del proceso. Van a trabajar siempre en la sala de audiencia para resolver recursos e incidentes, y eso produce una aceleración muy grande de los procesos. Habrá formas de control de la duración de los procesos, porque llegar a una sentencia en un juicio de narcotráfico recién después de diez años es una burla a todos los argentinos. Pero no sólo tenemos un problema de celeridad, tenemos que iniciar un proceso de modernización de los instrumentos que tenemos para enfrentar los fenómenos más complejos de la criminalidad.

-¿Este Código permitirá ver cambios en lo cotidiano de la seguridad ciudadana o la administración de justicia?

-No podemos resolver problemas actuales con herramientas del siglo pasado. Si queremos que el Estado enfrente a la criminalidad, tenemos que darle los instrumentos para que sea eficiente. Es un reclamo cotidiano de la ciudadanía. Van a verse muchos beneficios cotidianos. Si logramos que las decisiones judiciales sean rápidas y transparentes, mediante audiencias desde el primer momento, va a cambiar la relación de la ciudadanía con la justicia. Esperamos que esto sea complementado con la introducción de los jurados, y se inicie una etapa nueva donde la gente deje de ver que la justicia penal no resuelve ningún problema.

-¿Por qué eran tan necesarias estas modificaciones?

-Había que acabar con la lógica de que el Poder Judicial es un poder omnímodo pero ineficaz, que muchas veces extorsiona a la dirigencia política. Es un paso imprescindible y nos alegra mucho que desde el Ejecutivo se esté encarando esta reforma. Hay que aprovechar que hay consenso político porque diputados y senadores venían trabajando estos temas. Hay que evitar que estos proyectos queden atrapados en una discusión pequeña. No son cosas de efecto inmediato, en gran medida el próximo gobierno se va a tener que encargar de la implementación. Ojalá se pueda realizar este debate con la madurez y la altura que se reclama desde hace muchos años.