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La directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Débora Oliva, abrió la segunda jornada del “Encuentro regional para el intercambio de buenas prácticas en materia de acceso a la justicia” de la UNASUR. “Hemos logrado un nuevo concepto en el acceso a la justicia: trascendimos el acceso a la jurisdicción para incorporar aspectos de la vida social”, aseguró, para contextualizar la exitosa gestión de los Centros de Acceso a la Justicia en el marco del panel sobre experiencias regionales en materia de casas de derechos.

La representante nacional explicó el ejercicio de la política pública de acceso a la justicia en una nueva concepción del Estado durante los últimos diez años, en consonancia con las nociones desarrolladas ayer por el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak, y el viceministro Julián Álvarez. “El Estado asumió como obligaciones todas las tareas tendientes a que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, y trabaja para remover los obstáculos que lo impiden”.

Oliva desarrolló el esquema de descentralización territorial de los CAJ, distribuidos en puntos estratégicos donde se encuentran las poblaciones más vulnerables y con un criterio de federalización. “Es una herramienta de gestión territorial” destacó, donde se brindan servicios de múltiples agencias del Estado. Planteó que ese trabajo apunta a un objetivo claro: “hay que empoderar al pueblo con sus derechos”, empezando por dar a conocer esos derechos a la ciudadanía, para luego proporcionarle herramientas para su ejercicio.

Con una experiencia de cuatro años de desarrollo de los CAJ en todo el país, la directora concluyó que “gran parte del arte del acceso a la justicia tiene que ver con cómo nos adaptamos a la dinámica de cada territorio”. Mencionó que el CAJ modelo es el llamado “Néstor Carlos Kirchner”, en el barrio de Constitución, y que ha tenido mucho éxito. Y aseguró: “Los abogados estamos formados en una escuela muy liberal, y para trabajar en el territorio hay que cambiar el chip. Tenemos mucho que aprender de los vecinos de los barrios, para poner nuestros conocimientos al servicio de la resolución de conflictos”.

“Ejercicio irrestricto de derechos, eso es acceso a la Justicia”

Karina Cerda Neira es la coordinadora de las Unidades de Justicia Vecinal en Chile. La institución surge para cumplir el rol de los juzgados vecinales, que no habían sido desarrollados nunca en el país vecino. Explicó que allí se practican formas de “autocomposición” de los problemas vecinales sobre copropiedad, medianería, arrendamiento, convivencia y pequeñas deudas por ventas “de fiado”. La experiencia aún tiene poca penetración, pero ha tenido éxito con la puesta en práctica de los mecanismos de arbitraje, mediación, patrocinio gratuito o derivación a otras dependencias.

Dos representantes de Venezuela compartieron la palabra para cerrar el panel. María Norbella Fonte, coordinadora de la actuación procesal de la Defensa Pública, introdujo la alocución de su compatriota Carolina Galvis refiriéndose a los conflictos que enfrenta Venezuela en la actualidad.

Sostuvo que el gobierno de Maduro es víctima de una “guerra mediática” y se apropió de las palabras de un artículo de Reynaldo Romero en el que asegura que “los ricos están haciendo lo que saben hacer: amedrentar y mentir”, a lo que los pobres responden “sin dejarse amenazar”.

Galvis trajo la experiencia de la Defensa Pública en el afán y esfuerzo por poner en práctica el nuevo sistema de justicia propiciado por una ley de 2009. Repasó las reformas de códigos de fondo y de forma desde 2005, y describió los objetivos de la primera casa de justicia penal inaugurada en julio del año pasado en el Municipio Libertador de Caracas. Finalizó con la idea fundacional del encuentro: “acceso gratuito a la justicia para el Poder Popular, acceso a todos los servicios básicos y ejercicio irrestricto de derechos: eso es acceso a la justicia”.

“Hubo un cambio de paradigma sobre el derecho de los migrantes”

Sebastián Rey, director nacional de Promoción y Fortalecimiento para el acceso a la Justicia, comenzó el segundo panel repasando “la década ganada en materia de integración ciudadana y derechos de las personas migrantes”. Resaltó que “pese a que históricamente fuimos receptores de migrantes, la legislación siempre ha sido represiva y estigmatizante”.

Trajo como ejemplos la Ley de Residencia impulsada por Miguel Cané en 1902 y la el decreto ley Videla. Como contrapartida, destacó la nueva ley de migraciones, y afirmó que “en esta década hubo un cambio de paradigma sobre el derecho de los migrantes y su acceso a la justicia”. Agregó: “A diez años de esa nueva norma, ya podemos sacar conclusiones sobre el impacto que ha tenido, para repensar y proponer algunas modificaciones y así saldar deudas pendientes”.

El cónsul general de Bolivia en Buenos Aires, Ramiro Tapia Sainz, partió de que “nuestros pueblos tienen mucha historia en común” y expresó que “por fin, después de tantos años, podemos decir 'gracias, Argentina, por tratarnos como hermanos'”. Explicó que “como los hijos de los primeros quinteros italianos y después los portugueses, los hijos de los bolivianos que trabajan la tierra en Argentina también quieren formar parte de los polos de desarrollo”.

“El boliviano no hace ningún daño, está colaborando al progreso de este gran país”, continuó Tapia. Y desafió a los bolivianos “que explotan a sus propios hermanos” mediante la trata de persona, para que enfrenten un juicio justo y se conozca quienes son. Repasó la gestión del consulado y destacó el rol del ente antidiscriminación: “Todos los países debemos tener un Inadi”.

Paulo Abrâo, secretario de Justicia brasileño, afirmó: “ha llegado la hora de los pueblos latinoamericanos en el mundo”. Explicó que la legislación migratoria en su país es un legado autoritario de la dictadura y adelantó que en una semana se estará presentando un proyecto de ley para establecer una nueva normativa, inspirada en la legislación argentina, que “para nosotros es un ejemplo en el trato con el migrante”.

Nadia Ruiz, viceministra de Justicia ecuatoriana, relató la política expulsiva que reinó en su país antes de la llegada de Rafael Correa al gobierno y contrapuso a la actualidad: “hemos obtenido la más alta calificación de ACNUR en cuanto a aceptación de personas refugiadas”. Destacó que no se albergan en campamentos sino que tienen libre movilidad, y que el 98 por ciento de los 57 mil nuevos refugiados en 2013 son colombianos que se están integrando a la dinámica social de Ecuador.