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Jueces, fiscales, defensores y especialistas se dieron cita en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires para discutir la implementación de una Justicia penal para menores de 18 años. Organizada en conjunto con los Ministerios Públicos Fiscal, de la Defensa y Tutelar, más de cien especialistas participaron de la jornada “Justicia Penal Juvenil Especializada, en marcha en la ciudad de Buenos Aires”. “Hay una clara resistencia a pensar a los menores como sujetos de derecho”, dijo a Infojus Noticias la asesora general Tutelar, Laura Musa. La Justicia porteña se prepara para integrar sus tres juzgados especializados.

"Antes se convivía tranquilamente con la situación de que de no existiera una justicia juvenil especializada", dijo Musa en la apertura del encuentro. Para la asesora tutelar, "la justicia penal juvenil es una deuda pendiente", aunque reconoció haber encontrado "en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires un campo para el debate". Apuntó también contra la Ley Nº 22.278 de Régimen de Minoridad, sancionada en 1980.

Musa compartió la apertura con Luis Duacastella Arbizu, defensor general adjunto que asistió en representación de Mario Kestelboim; Santiago Otamendi, secretario general de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de la Fiscalía General; y Gustavo Letner, consejero de la Magistratura.

"La Defensoría General está comprometida con la implementación de una Justicia penal juvenil", señaló Duacastella. Otamendi dijo que "la sociedad hoy tiene un prejuicio con los menores, porque pareciera ser que son los que más delitos cometen y no es así" y resaltó que "si sólo estamos pensando en la sanción para el menor, seremos una sociedad frustrada". Por su parte, Letner hizo referencia a la ley que estableció que tres juzgados deberían impartir Justicia penal Juvenil mientras no se crearan otros dedicados especialmente a la materia.

La Justicia porteña aún no se puso a tono con su propia legislación. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que tres de los 31 juzgados penales de la Ciudad impartirían Justicia en materia penal juvenil “hasta tanto se constituya la Justicia Penal Juvenil“. Además, la Ley 2.451 de Régimen Procesal Penal Juvenil, de 2007, regula las garantías para el juzgamiento de los menores de 18 años y también establecía la competencia de los Juzgados ya existentes. El mecanismo de constitución de estos juzgados fue puesto en marcha recién este año por el Consejo de la Magistratura, que convocó a los jueces que quisieran.

Qué es una justicia específica, por qué es necesaria y cómo implementarla fueron los aspectos abordados en el primer panel. Para Carlos Tiffer, especialista costarricense en derecho penal juvenil, se necesita una "ley especial en lo sustantivo, en lo procesal y en la ejecución". "El punto de partida es el sujeto: hay que dar una respuesta diferente si se trata de un menor de edad", explicó. Un Ministerio Público y una policía capacitados para trabajar con un régimen penal juvenil, jueces y funcionarios formados especialmente y una infraestructura acorde son elementos necesarios para contar con una Justicia especializada. "Hay una obligación internacional de dar un trato diferenciado", señaló Tiffer, y resaltó que hay que pensar a los niños también como sujetos de derecho".

"Este es un debate urgente", expresó Emilio García Méndez, presidente de la Fundación Sur. El expositor planteó tres niveles de análisis: la normativa, la jurisprudencia y el debate. "La legislación penal juvenil es la punta del iceberg de lo que está pasando con la cuestión del control social y la construcción del orden en una sociedad democrática", apuntó. Recordó que la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuatro oportunidades por cuestiones vinculadas con menores. "Hay una gran diferencia entre la responsabilidad penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad", expresó.

En el mismo sentido se expresó Carlos Bigalli, asesor tutelar ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas: “El derecho internacional de los derechos humanos establece dos condiciones genéricas para aquellos Estados que decidan imponer poder punitivo respecto de personas menores de 18 años: primero, el establecimiento de una edad por debajo de la cual los Estados renuncian a imponer la coerción. En segundo lugar, un modo de enjuiciamiento, una respuesta sustantiva y operadores especializados".

El último panel lo integraron los futuros titulares de la Justicia juvenil especializada en la Ciudad: la defensora Patricia López; los jueces Carla Cavaliere y Marcelo Bartumeu Romero; el consejero de la Magistratura Jorge Enríquez; y la especialista Noris Pignatta. El eje fue la interpretación de la Ley 22.278, su constitucionalidad y armonía con las leyes procesales locales.

“Hay una clara resistencia de pensar a los menores como sujetos de derecho”

Entre panel y coffee brake, Infojus Noticias habló con Musa.

-¿Cuáles son los desafíos en la ciudad para contar con una Justicia Penal  juvenil especializada?

-El primer desafío es derogar la ley 22.278 de la dictadura, que es la que regula en este momento la relación de los menores y el Estado. Pero además, el desafío para esta Ciudad fue haber insistido desde el primer momento de mi gestión en la Asesoría General Tutelar con que las personas menores de edad en la Ciudad se iban a regir por el sistema penal que plantea la Convención Sobre los Derecho del Niño, y no por la ley de la dictadura. Tuvimos enormes resistencias pero finalmente hoy estamos en un punto donde el debate es cómo organizamos esa justicia penal especializada y ya hay dos jueces que van a formarlo.

-¿Por qué cree que hay tanta resistencia en la sociedad?

-Hay una clara resistencia de pensar a los menores como sujetos de derecho, pero es una resistencia que ha tenido la dictadura para considerarnos a todos como sujetos de derecho. Los demás hemos salido, pero ha quedado un colectivo que son los menores de edad a los que no se les aplica la Constitución, como que no han entrado aún en la democracia, siquiera en la Revolución Francesa. Esa ley y esa resistencia van dirigidas especialmente a los jóvenes pobres, porque de los jóvenes de sectores medios no hay ni uno en un instituto de menores. Los buenos abogados de los sectores medios acusan a esta ley de inconstitucional, porque lo es, y logran que se aplique una medida alternativa: que se los lleve al psicólogo, que hagan algún tratamiento. El otro sector, el de los pobres que no tienen defensa técnica posible, como esta es una ley discrecional, a los pobres les quedan las instituciones de encierro.