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En el marco de la Campaña Nacional contra la Tortura, impulsada por la Defensoría General de la Nación, hoy se realiza una jornada sobre “Reforma del Sistema Penal Juvenil y el caso Mendoza y otros vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, organizada por el Programa para la Aplicación de Tratados sobre Derechos Humanos.

La actividad es abierta al público y se llevará a cabo desde las 18 en el auditorio de la Escuela del Servicio de Justicia, en las instalaciones de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de La Matanza de Moreno 1623, ciudad de Buenos Aires. La Campaña Nacional contra la Tortura también continuará a través de actividades durante la “Noche de los Museos”, este sábado desde las 19.30.

Durante el encuentro disertarán Sergio García Ramírez (Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), Mariana Grasso (defensora pública oficial y representante legal de las víctimas del caso “Mendoza”) y Miguel Cillero Bruñol (profesor de la Universidad chilena Diego Portales, y perito en el caso “Mendoza”). La moderación estará a cargo de Andrea Pochak, secretaria letrada de la Procuración General de la Nación.

En julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó su sentencia en el caso “Mendoza y otros vs. Argentina” y estableció que las penas privativas de la libertad perpetuas impuestas a niños son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El proceso internacional se basó en los casos de cinco jóvenes condenados a la pena de prisión perpetua por delitos cometidos cuando aún no habían alcanzado la mayoría de edad.

En su alegato, la defensora pública oficial Mariana Grasso, que expondrá durante la tarde en la Escuela del Servicio de Justicia, exigió la reforma del Régimen Penal juvenil vigente desde la época de la dictadura, que habilita la imposición de penas perpetuas a menores de edad en contravención al sistema internacional de protección de derechos humanos.

“En la actualidad, a los adolescentes en conflicto con la ley penal se les imponen penas de adultos al cumplir los 18 años y son trasladados a cárceles donde se producen violaciones de derechos humanos como las que se relataron en los casos presentados ante la Corte”, subrayó la representante de las víctimas en nombre de la Defensoría General de la Nación, ante la Corte Interamericana.

El perito chileno Cillero Bruñol, que también intervino en el proceso internacional, sostuvo en aquel entonces que “el régimen penal de minoridad vigente en Argentina permite la imposición de penas de adultos que son desproporcionadas, afectan la dignidad humana y pueden ser categorizadas como crueles, inhumanas y degradantes”. Aseguró ante los jueces de la CIDH que “las prácticas penales para adolescentes deben regirse por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esta ha sido la práctica en la mayoría de los países de Latinoamérica excepto en Argentina, que mantiene una regulación previa a la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

La Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, establece que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad”. La ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en 2005, la contradice. En 2008, la Corte ratificó la vigencia de aquella ley aprobada en la dictadura. Un año después, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad la creación de un nuevo régimen penal juvenil, pero el proyecto nunca llegó al recinto de la Cámara de Diputados por la resistencia de organismos de derechos humanos, que exigieron que no se escondiera detrás de esa nueva regulación una baja de la edad de imputabilidad de los menores.