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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez, inauguraron una placa en la sede central del Ministerio en Sarmiento 329 y rebautizaron el edificio con el nombre de Arturo Enrique Sampay en homenaje al jurista. Es por un decreto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó a fines del año pasado. Sampay fue el mentor de la Constitución Nacional de 1949, una obra jurídica estudiada en todo el mundo como ejemplo destacado del constitucionalismo social.

En el acto estuvieron presentes Arturo Sampay (h) y su esposa, y las dos nietas del jurista, María Fernanda y Natacha Sampay. También participaron el secretario de Asuntos Registrales, Oscar Martini; el consejero de la Magistratura Manuel Urriza, el vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Daniel Rudi; y la rectora de la Universidad de Lanús, Ana Jaramillo; junto a otras autoridades del Ministerio.

Alak celebró que “hoy se impone el nombre de un patriota, que es la mejor referencia constitucional que tiene nuestro país, en especial del constitucionalismo social, al que adherimos la inmensa mayoría de los argentinos”. Destacó que “fue una persona de consensos, porque esta constitución fue consensuada con Moisés Lebensohn, gran dirigente de la UCR y presidente de su bloque”. Relató que en 2009 y 2010 estaba la intención de bautizar al edificio con el nombre de Sampay, pero que faltaba la decisión y el entusiasmo para hacerlo hasta que Álvarez retomó la propuesta.

El ministro definió a la Constitución de 1949 como “un decálogo de cómo debe construirse una Nación”, y afirmó que “fue derogada por un bando militar”. Retomó una serie de postulados que Sampay incluyó en su obra jurídica, y dijo: “Reivindicamos el rescate de los derechos sociales, su propuesta de reforma agraria, la función social de la propiedad,  y la nacionalización de las fuentes de energía, entre tantas otras cosas”. Aseguró que ese texto de 1949 “es una guia para la construcción de la Nación y para el diseño del Estado”.

Un homenaje a la trayectoria

Álvarez destacó que Sampay “es el jurista más importante del campo nacional y popular” y aseguró que “su nombre representa todas las acciones que realizamos en pos de una justicia más inclusiva y más democrática, en el marco de una política de Estado”. Afirmó que es una inspiración en la gestión del Ministerio “por una justicia cerca de la ciudadanía, que represente los intereses de los ciudadanos y que sea un poder del Estado de cara a la sociedad, y no de espaldas a ella”.

El secretario planteó que las políticas de Estado que el Gobierno promueve apuntan “a que todo lo realizado durante estos últimos diez años sean los cimientos para la Constitución del Bicentenario y de los próximos cien años de nuestra patria”. Leyó un pasaje del informe que presentó Sampay como convencional constituyente en 1949, y sostuvo que “representa y describe los esfuerzos que este proyecto realiza día a día por institucionalizar esta década ganada”.

Sampay, en aquel entonces, escribía: “El Estado, en la reforma que se propicia, si bien tiene como fin la perfección y la felicidad del hombre que vive en sociedad –la suficiencia de vida que el aislamiento haría imposible lograr–, abandona la neutralidad liberal, que es intervención a favor del poderoso, y participa, dentro de la órbita de las funciones que le son propias, en las cuestiones sociales, económicas, culturales, como poder supletivo e integrador, para afirmar un orden positivo, restituyendo o asegurando al hombre la libertad necesaria a su perfeccionamiento”.

Manuel Urriza, integrante del Consejo de la Magistratura, relató que cuando era estudiante de derecho en la Universidad de La Plata, participaba de reuniones que Sampay organizaba los domingos en su propia casa. Allí se reunían grupos de abogados y estudiantes para discutir de política, historia y derecho. “Quise retribuirle esa gentileza y lo invité a dar una charla en un sindicato”, contó el abogado, y recordó el momento en que Sampay se acercó a la sede de la CGT de La Plata, Berisso y Ensenada. “Se tomó la molestia de escribir un texto especialmente para esa oportunidad”, relató. Una de las nietas de Arturo Sampay hoy lo asesora en su rol como consejero de la Magistratura.

El hijo de Arturo Sampay aseguró que a su padre “estaría orgulloso si vivera, porque en vida no tuvo muchos reconocimientos”. Destacó que “no era sólo un jurista, también conocía mucho de filosofía, de economía y de historia, y estaba abocado a buscar un desarrollo integral de la Argentina”. Alak y Álvarez le entregaron una plaqueta conmemorativa “en reconocimiento al forjador intelectual y máximo referente de la Constitución Nacional de 1949”, como homenaje de los funcionarios y trabajadores del Ministerio.

Sampay y  el constitucionalismo social

Sampay nació y se crio en Concordia, Entre Ríos, en julio de 1911. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, uno de los más antiguos del país, y en 1929 se trasladó a La Plata, para ingresar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Después de cursar posgrados en Suiza, volvió a la Argentina y publicó un estudio sobre la constitución de su provincia, su primer libro. Ya en ese texto proponía la reforma de la Constitución Nacional. Poco tiempo después, en 1938, publicó “La crisis del Estado de derecho liberal burgués”, una obra que influyó en la formación política del entonces teniente coronel Juan Domingo Perón.

De tradición radical, en 1945 Sampay adhirió al peronismo y se convirtió en uno de los más férreos defensores del justicialismo. Encontró allí el cauce político para los planteos que él mismo impulsaba desde la elaboración de un pensamiento jurídico crítico del modelo liberal. Desde el análisis de la estructura institucional argentina, el entrerriano puso en jaque a las concepciones más clásicas del derecho y se lanzó a la producción de una doctrina que, cuando no fue sustento teórico del justicialismo, resultó su reflejo en términos de producción jurídica y social. Desde sus comienzos, propuso instaurar un Estado de Bienestar, con fuerte presencia en todos los aspectos de la vida política.

Con Perón en el poder, Sampay fue designado fiscal de la Provincia de Buenos Aires, y poco tiempo después fue elegido convencional constituyente. La constitución nacional debía cristalizar el nuevo modelo institucional argentino, surgido con el reconocimiento de derechos que nunca antes habían sido consagrados para el pueblo argentino. Los nuevos derechos civiles, sociales, laborales y previsionales no sólo eran enunciados en leyes y normativas, sino puestos en práctica por un gobierno transformador donde el Estado garantizaba su respeto y ejercicio.

Algunos pasajes de ese texto siguen siendo revolucionarios al día de hoy, y son retomados por los autores y doctrinarios justicialistas. Uno de ellos, el artículo 40, estableció la obligación del Estado de intervenir en la economía de forma directa, desde la prestación de servicios públicos, el monopolio estatal del comercio exterior, y la propiedad inalienable de la Nación sobre los recursos naturales y fuentes de energía. El 37, otro de los ejes troncales del texto constitucional, establece el reconocimiento y la defensa de una amplia gama de derechos para el trabajador, la familia, la salud, la ancianidad, la educación y cultura.

La Constitución de 1949, derogada por un decreto ilegal del gobierno militar que usurpó el poder desde 1955, fue desplazada del espectro jurídico argentino y aun hoy es omitida deliberadamente por los docentes de las facultades de derecho. Autores como Alberto González Arzac –discípulo de Sampay- la han retomado para rescatarla del silencio y retomar un camino que quedó trunco. En esa cruzada por reconocer su invaluable aporte a la transformación institucional, su nombre estará estampado en la sede central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.