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Finalmente el fiscal federal Carlos Stornelli dictaminó que la causa penal por la apropiación de Ignacio Guido Montoya Carlotto siga en el juzgado federal porteño a cargo de María Servini de Cubría. El dictamen llegó hoy a la jueza, que ahora debe resolver si acepta o rechaza el planteo de la justicia federal de La Plata para que traspase el expediente a la capital provincial. Entre los argumentos de Stornelli está el tiempo que lleva tramitándose la causa en el juzgado de Servini de Cubría. La decisión que tome Servini de Cubría será apelable ante la sala II de la Cámara Federal porteña. 

A un mes de la restitución de identidad de Ignacio Guido Montoya Carlotto, el camino judicial de la causa que investiga su apropiación todavía no está del todo despejado. El miércoles Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, presentó un escrito ante la jueza Federal porteña, María Romilda Servini de Cubría para dar su consentimiento al pedido del juez Manuel Blanco (fallecido esta semana): que la causa pase al Juzgado Federal Nº 1 de La Plata. Ahora es subrogado por Adolfo Gabino Ziulu. Por su parte, la defensa de Julio Sacher, el médico que supuestamente “constató” el falso parto -tal como aparece en el acta de nacimiento-, rechazó al traslado. 

Una de las últimas medidas que tomó Blanco a fines de agosto fue declararse competente para continuar con la investigación por la supresión de la identidad y la sustracción, retención y ocultamiento de Ignacio Guido. En ese momento, Blanco pidió a Servini que se inhiba y la remita a La Plata. El argumento central de Blanco: existen muchas posibilidades de que el bebé haya nacido en las cercanías de La Cacha, el centro clandestino donde estuvo secuestrada su madre Laura Carlotto (se presume, desde diciembre de 1977 hasta el 25 de agosto de 1978, cuando fue asesinada). Y ese lugar es parte de su jurisdicción judicial.

Según contaron sus compañeras de cautiverio en diversos testimonios judiciales, Laura les relató que fue llevada desde La Cacha a un hospital (o dependencia sanitaria), probablemente perteneciente al ejército, donde parió y permaneció pocas horas junto a su bebé. Un conscripto, Carlos Aníbal López López, dijo ante la Justicia haber visto a una parturienta que dio a luz custodiada en el Hospital Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires por la misma fecha. Pero hoy no está claro que la joven de esta versión sea efectivamente Laura Carlotto. El Tribunal que juzgó el Plan Sistemático de robo de niños y de bebés (y entre ellos, el caso de Laura Carlotto) sostuvo que “no se cuenta con la certeza de que el nacimiento en cuestión se haya producido en el Hospital Militar Central. Sin perjuicio de que tenemos por probado que aquel alumbramiento se produjo en un hospital militar”.

El lugar incierto

La sentencia de ese juicio, advirtió “el rol que cumplió la Unidad Penitenciaria 8 de Mujeres de Lisandro Olmos, la cual contaba con un hospital equipado con todos los recursos necesarios para atender heridos y partos de embarazadas, funcionando así como maternidad clandestina” y que “La cercanía entre la cárcel y La Cacha explica que muchas detenidas hayan sido llevadas allí para dar a luz. Si bien algunas fueron liberadas posteriormente, tuvieron a sus hijos en esa maternidad ilegal”.

“A criterio de esta parte, no existen dudas que debe reconocerse la competencia del Juzgado Federal de La Plata. En primer lugar, coincido plenamente con los argumentos esgrimidos por el magistrado de aquella jurisdicción, a los que me remito en honor a la brevedad. En segundo lugar, no puedo dejar de mencionar que la hipótesis que oportunamente dio fundamento a que esta causa se radicara en la jurisdicción de la Capital Federal ha perdido sustento”, dice el documento.

Conexión entre los hechos
 

Más allá de la discusión del lugar geográfico en el que se produjo el parto, el escrito de los abogados de Abuelas hace referencia a la relación de esta causa con otros procesos. “Existe conexidad entre los hechos que se investigan en esta causa y los que se dilucidan en la causa Nº 97 (el objeto de investigación en la esta causa son los casos de las víctimas que estuvieron detenidas en La Cacha en 1977 y 1978)” de su juzgado”. En este mismo sentido, suma: “Lo cierto es que en el Juzgado Federal de La Plata ha individualizado a autores en el hecho que allí es objeto de investigación, mientras que en esta causa no se ha individualizado a nadie, hasta que mi nieto se presentara voluntariamente en Abuelas de Plaza de Mayo y se sometiera de forma voluntaria al correspondiente análisis de ADN, pudiéndose conocer entonces la intervención del Dr. Julio L. A. Sacher y del fallecido Francisco Aguilar”.

El juez Blanco ya había informado que “también que “con fecha 18 de julio del corriente año se procesó a Ricardo Luis Von Kyaw, quien estuvo prófugo de la justicia durante cuatro años (…) por haberse desempeñado como Teniente 1º en el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército de La Plata, institución que estuvo a cargo del centro clandestino objeto de investigación”.

¿Qué pasó con los otros bebés de La Cacha?
 

Otro de los argumentos que ponen la mira en el juzgado de La Plata, se basa en el circuito de las apropiaciones de los nietos restituidos vinculados a La Cacha, en los casos judiciales en que Abuelas actuó como querellante: Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa, Natalia Suárez Nelson, Sebastián José Casado Tasca y Silvia Alejandra Cugura Casado. Todos estos hechos, además, se resolvieron años después de que se presentara la demanda inicial ante el juzgado de Servini.

Los nacimientos de los hermanos Reggiardo Tolosa y María Natalia Suárez Nelson Corvalán (en 1977) se produjeron en la Unidad 8 de Olmos, a 50 metros de “La Cacha”. Sebastián Casado Tasca y Silvia Cugura Casado (en 1978), cuyas madres también estuvieron cautivas en ese centro, habrían nacido -según se desprende de las actas de nacimiento que posibilitaron la apropiación- en el Regimiento 7 de Infantería del Ejército, que en 1978 estaba en La Plata.

“De todo ello se sigue, lógicamente, que resulta probable que el nacimiento de mi nieto se haya producido en uno de aquellos lugares. Puntualmente me refiero al Penal de Olmos y al Regimiento 7 de Infantería del Ejército, pues ambos contaban con instalaciones sanitarias, se encontraban próximos a la “La Cacha” y se ha acreditado que otras mujeres embarazadas fueron derivadas allí. En cambio, no se conoce hasta la fecha ningún caso en que una mujer embarazada fuera llevada desde “La Cacha” hasta el HMC para dar a luz.

Párrafo aparte merece la alusión de Carlotto en el escrito a las declaraciones periodísticas de la jueza Servini de Cubría, en el programa radial del 29 de agosto, conducido por Jorge Lanata, en las que directamente, la jueza desvincula a Aguilar como entregador: “no hay nada en la investigación que pruebe que Aguilar lo entregó; supongo que quieren desviar la investigación para que no se toquen a los padres de crianza”, expresó la jueza. Sus declaraciones omiten la relación laboral entre Aguilar y los Hurban (el patrón y los peones) y, sobre todo: que en la partida de nacimiento de Ignacio Guido la dirección de parto que figura es la casa del propio Aguilar.

Cambio de carátula

Julio Sacher es uno de los imputados en la causa. Como tal, su defensor –el ex juez Rafael Sal Lari– también tuvo que dar vista al pedido del juez Blanco. A diferencia de la querella, la defensa decidió negarse al cambio de jurisdicción del expediente. 

Mientras se resuelve el tema de la competencia, la jueza Servini de Cubria modificó la carátula de la causa por la apropiación de Ignacio Guido como "Hurban Clemente, Rodríguez Juana María, Sacher Julio Luis Alberto s/sustracción de menores de diez años, supresión del estado civil. Querellante: Barnes de Carlotto Enriqueta Estela, damnificado: Hurban Ignacio". De esta manera tanto el médico como los padres de crianza del nieto de Carlotto quedaron imputados formalmente.