Manuel Blanco, del Juzgado Federal 1 de La Plata, se declaró competente para investigar la supresión de la identidad, sustracción, retención y ocultamiento de Ignacio Guido Montoya Carlotto. Y pidió a la jueza Servini de Cubría -hasta ahora al frente de la causa-, que se inhiba y la remita a La Plata.
Manuel Blanco, titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, se declaró competente para investigar la supresión de la identidad y la sustracción, retención y ocultamiento de Ignacio Guido Montoya Carlotto, el nieto de Estela Barnes, y le pidió a la jueza porteña María Romilda Servini de Cubría -hasta ahora al frente de la causa-, que se inhiba y la remita a La Plata. El argumento central de Blanco es que existen muchas posibilidades de que el bebé haya nacido en La Cacha, el centro clandestino donde estuvo secuestrada su madre Laura Carlotto (en las afueras de la capital provincial), desde diciembre de 1977 hasta el 25 de agosto de 1978, cuando fue asesinada. Y ese lugar es parte de su jurisdicción judicial.
En la presentación, Blanco destacó que entre el delito de apropiación y el del secuestro y cautiverio de Laura Carlotto “existe una conexidad subjetiva y objetiva evidente que sustentan también la medida aquí adoptada”, según refirió el portal “Fiscales” del Ministerio Público de la Nación.
Desde el juzgado de Servini de Cubría, informaron que “el lugar de radicación de la causa es el del lugar de nacimiento cuando se puede probar, en caso contrario, sería el del lugar de inscripción, que en este caso sería el juez federal (subrogante) de Azul (Martín Bava)”, explicaron las fuentes consultadas. Además, destacaron la experiencia del juez Blanco y afirmaron que la declaración de competencia de su par de La Plata resultaría bien fundada.
Abuelas de Plaza de Mayo respaldó el pedido de Blanco. “Se trata de responder a lo que estrictamente establece el código, la competencia territorial corresponde al lugar donde se cometió el hecho”, dijo a Infojus Noticias Emanuel Lovelli, desde el equipo jurídico de Abuelas. En relación a la posición de Blanco, lo que se debate es “que más alla de las teorías que puede haber con respecto a dónde pudo haber nacido el hijo de Laura Carlotto, el nacimiento en sí mismo no conlleva a ningún delito. El delito es que lo hayan sacado del poder de custodia de su madre. Esa sustracción se produjo en La Plata, donde Laura estaba y continuó cautiva. Además que obviamente esa sustracción tenía como miras continuar la desaparición forzada de Laura”. En conclusión: “La sustracción perfeccionaba la detención forzada de Laura”, dijo Lovelli. “Los elementos de prueba de la Cacha van a ser incorporados porque anteceden y suceden a la apropiación de Guido, conforman el contexto fáctico que rodea a esa sustracción”, dijo el abogado.
¿Cómo sigue la causa?
Ahora el pedido de inhibitoria viaja desde el juzgado de La Plata hasta Buenos Aires, para que le den entrada en el juzgado de Servini de Cubría (entre hoy y mañana). Ella, a su vez, debe dar el traslado a las partes: a la fiscalía a cargo deCarlos Stornelli (representa al Ministerio Público en el caso) y a la parte querellante, constituida por Abuelas (a esta altura considera que la jurisdicción corresponde a La Plata). Una vez que las partes den su posición (tienen tres días para resolver), Servini debería expedirse. De no mediar ninguna circunstancia extraña, para mediados de la semana que viene la competencia debería estar resuelta. En caso de que Servini no conceda, debería pasar a la Cámara.
¿Dónde nació el hijo de Laura Carlotto?
La causa, por el momento, tramitaba en la justicia federal porteña porque existen algunos testimonios que indicarían que el 26 de junio de 1978 Laura fue trasladada al Hospital Militar Central para dar a luz. Sin embargo, otros testigos y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo se inclina por pensar que podría haber nacido en el la maternidad clandestina que funcionó durante la dictadura en la cárcel de mujeres de Olmos, a metros de donde operó La Cacha.
El juez Blanco falló en sintonía con el pedido que habían hecho los fiscales generales Hernán Schapiro y Marcelo Molina, que el 14 de agosto pasado le solicitaron se declarase competente, argumentando que la apropiación del niño “tuvo como antecedente inmediato, necesario e inescindible el secuestro y privación ilegal de la libertad de su madre, Laura Carlotto, en el centro clandestino de detención conocido como 'La Cacha'”.