El fiscal Adrián Giménez los inculpó por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y pidió sus indagatorias. El pedido del fiscal surge del cruce de los llamados de los vecinos al 911 para denunciar un tiroteo entre dos bandas. El nene de 9 años murió hace 14 meses de un balazo en la cabeza.
Catorce meses después de que Kevin Molina murió baleado, dentro de en su casa en la villa Zavaleta, el fiscal Adrián Giménez imputó hoy a siete prefectos por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La definición del fiscal, que pidió sus indagatorias al Juzgado Correccional 14, surge del cruce de los llamados de los vecinos al 911 para denunciar un tiroteo entre dos bandas, que duró tres horas, y las respuestas de los dos móviles enviados al lugar. “Negativo detonaciones”, repitieron una y otra vez los gendarmes.
“No efectuaron una debida verificación de la zona en su rol de prevención”, señaló el fiscal Giménez en su resolución, donde indicó que -de acuerdo con los reiterados llamados al 911-“inequívocamente que se estaban produciendo detonaciones” el 7 de septiembre de 2013, en la zona de la Plaza Kevin, y que los llamados de auxilio eran “coincidentes (en las descripciones) y provenían desde distintos números telefónicos”.
Según detallaron las pericias, ese día hubo más de 105 disparos de Uzi y FAL, en un tiroteo que duró más de tres horas y media, a 50 metros de una casilla de Prefectura Naval y a 100 de una garita de Gendarmería Nacional, en la villa Zavaleta. Los disparos se produjeron en la zona de la Plaza Kevin, que en ese momento debía su nombre a otro niño muerto, luego el nombre de Molina se sumó a esa plaza.
“La mayoría de los disparos impactaron en el frente de la casa de Roxana, madre de Kevin, que intentaba proteger a su familia de la salvaje balacera, mientras su hijo de 9 años se acurrucaba debajo de una mesa, temblando del miedo”, relató el abogado de la familia, Luciano Ortiz Almonacid y, anticipó a Infojus Noticias, que pedirá la imputación de los prefectos que estaban en las casillas cercanas a la zona del tiroteo. “Ellos dijeron que no escucharon por la lluvia pero eso no es creíble. Aquí hubo un armado mucho más grande”, sostuvo.
La decisión del fiscal –tomada luego de insistentes pedidos de la familia de Kevin, de su abogado y la organización “La Poderosa”- alcanza a los siete prefectos que estaban en los móviles 1132 y 1232. En esos vehículos fueron –según lo que ellos radiaron a los operadores de la línea 911- hasta el lugar donde los vecinos indicaron que había un tiroteo y repitieron: “Negativo detonaciones” o “negativo detonaciones en Iriarte Iguazú, panorama normal frente al manzana 55”.
El fiscal imputó al oficial principal Daniel Stofd, al cabo segundo Walter Quiñones, al cabo primero Miguel Medina, al ayudante principal Darío Chique, al ayudante de tercera Fabián Salas, al cabo segundo Enzo Miño y al cabo segundo Raúl Gómez.
“La respuesta de los uniformados, que modulaban por radio afirmaciones imposibles de justificar, como ’negativo detonaciones’ o ‘panorama normal’, recuerdan lo más nefasto de nuestra historia, puesto que claramente dejaron la ‘zona liberada’, para facilitar la comisión del delito que tenían frente a sus ojos”, afirmó el abogado Ortiz Almonacid.