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José Oscar Figueroa, ex secretario de Desarrollo Social del segundo gobierno de Carlos Menem, será indagado hoy por la justicia federal de Santiago del Estero, sospechado de participar en un plan para secuestrar a los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino durante la dictadura militar. El secuestro terminó con el desapoderamiento forzoso de parte de los bienes de los Iaccarino en “El Infierno”, un centro clandestino de detención y tortura de la policía bonaerense bajo el mando de Ramón Camps.

Figueroa, que durante los años de plomo encabezó uno de los grupos económicos más poderosos de la provincia, está imputado junto con varios policías santiagueños –Juan Felipe Bustamante, Francisco Antonio Laitán, Domingo Loccisano, José Medina, Juan José Ramírez y Felipe Rolando García- por los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, encubrimiento y asociación ilícita. Todos ellos desfilarán esta semana por los Tribunales federal de Santiago, excepto José Medina, que está prófugo; y Juan José Ramírez, que el 16 de diciembre de 2011, mientras esperaba ser juzgado en libertad, se arrojó delante de un tren en marcha en la estación de Beccar.  El juez pidió a la policía de la provincia que envíe “con carácter de urgente” una copia del legajo personal de Medina.

Figueroa fue imputado el 8 de marzo de este año por el fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral Federal de Santiago, Fernando Gustavo Gigena. Los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino, lo consideraron un “gran paso”. La prueba principal contra el ex empresario menemista, es el testimonio de Luis Roberto Ávila Otrera, un hombre que estudiaba con Figueroa en la Universidad Católica de Santiago. Fue quien contó: una tarde de estudio “nos interrumpe Pepe Figueroa, que eufórico nos cuenta, aclarando que lo hacía a nosotros únicamente, que la noche anterior se reunieron en su finca de El Zanjón con militares que vinieron de afuera. El objetivo era tramar el secuestro de los hermanos Iaccarino, … dijo eso y se voló”.

Además del testimonio de Otrera, que fue perseguido y encarcelado, el fiscal tuvo en cuenta “los vínculos que, al decir del denunciante Alejandro Iaccarino, existían comercialmente entre miembros del grupo económico Figueroa y el represor teniente Germán Eduardo Carrasco, entre quienes habrían formado el grupo económico FICAMER (Figueroa, Carrasco y Mercedes Benz)”. Como medida adicional, Gigena pedía por oficio al Registro Público de Comercio el “nombre, apellido, DNI, y todos los datos que tuvieran de las personas que formaban parte de la razón social FICAMER”. En esa resolución, el funcionario pedía la detención de Figueroa, que fue negada por el juez Molinari argumentando que “en cada oportunidad que esta instrucción dispuso procesar a algún imputado por uno o dos hechos en los que no se produjo el homicidio o la desaparición forzada de las víctimas, lo fue sin prisión preventiva”.

Alejandro Iaccarino, una de las víctimas y querellantes, no está de acuerdo con la determinación del juez. “Hacemos responsable al juez, si se frustrara el proceso en curso, se fugara o entorpeciera las pruebas, teniendo en cuenta que Figueroa es un empresario con poder económico y político, y relaciones importantes”, dijo el hombre que estuvo detenido y desaparecido. Para los Iaccarino el grupo Figueroa estaba compuesto por hombres de negocios con una “gran cantidad de antecedentes delictivos (…) siendo especialistas en el vaciamiento, apoderamiento, y quiebras de las grandes compañías que ellos se apoderaron”.