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Esta decisión de las autoridades del GCBA se verifica en una serie de hechos de represión que se inicia en diciembre de 2010 durante la toma del Parque Indoamericano y continua con intervenciones violentas en la Villa 31, el Parque Centenario, la Sala Alberdi, el Hospital Borda, La Boca, la Villa 21-24 y los operativos contra manteros y vendedores ambulantes.

La investigación judicial por la represión en los terrenos del Hospital Borda avanza a partir de denuncias de distinto tipo: algunas corresponden a las lesiones que recibieron periodistas, legisladores, pacientes y trabajadores del hospital, otras se refieren a la desobediencia judicial en la que incurrieron los funcionarios del Gobierno de la ciudad al ordenar la demolición.

En una de esas causas, esta semana fue citado Horacio Giménez, jefe de la Policía Metropolitana. En esa misma investigación declararon la semana pasada el ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Chaín y  el comisionado Martín Roth, a cargo de la Dirección de Operaciones Especiales Metropolitanas. Los tres están imputados por los delitos de abuso de autoridad, requerimiento ilegal de auxilio de la fuerza pública y desobediencia a una orden judicial. La causa está a cargo del juez de instrucción Jorge Adolfo López.

Chaín ordenó demoler el Taller 19 del Hospital Borda el 26 de abril de este año a pesar de que estaba vigente una medida cautelar que lo impedía. Los trabajadores del hospital intentaron detener la demolición. La Policía Metropolitana (PM en adelante) reaccionó “disparando a mansalva, indiscriminadamente, a corta distancia y al cuerpo”, según un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. El resultado fue cuarenta heridos, entre ellos pacientes y trabajadores del hospital, legisladores de la ciudad y trabajadores de prensa.

Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- que se dio a conocer ayer - afirma que lo que sucedió en los terrenos del neuropsiquiátrico no fue un hecho aislado sino que es resultado de la decisión política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tolerar el “uso abusivo de la fuerza como respuesta a los conflictos relacionados con el uso del espacio público”.

En su informe, el CELS también destaca la gran cantidad de trabajadores de prensa que fueron atacados y resultaron lesionados mientras cubrían estos hechos: en tres meses 23 periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron heridos, con distinta gravedad. En el caso de la represión en el Borda los comunicadores relataron que fueron golpeados en el momento en el que intentaban documentar la represión y que fueron amenazados verbalmente por integrantes de la PM para que registraran lo que estaba pasando.

Patrones represivos comunes

En el caso del Hospital Borda, las autoridades del Gobierno de la Ciudad afirmaron que la PM fue enviada al predio para proteger la demolición y los bienes públicos. Sin embargo, “al momento de comenzar las agresiones, los operarios ya habían sacado todos los elementos que estaban dentro del Taller Protegido 19 y habían completado la demolición”, detalla el informe del CELS. “No se comprende por qué la PM se mantuvo en el lugar durante todo el día ni por qué avanzó sobre la gente allí presente”, concluye el informe después de repasar las conclusiones que se derivan de la investigación judicial realizada hasta el momento.

Algo similar ocurrió en el Parque Indoamericano cuando cientos de familias en emergencia habitacional lo ocuparon en diciembre de 2010. El desalojo se ordenó de inmediato, ni las autoridades judiciales a cargo ni ni las autoridades políticas intentaron dialogar con las familias que estaban en el predio. En el operativo participaron 200 efectivos de la Policía Federal y 250 de la Metropolitana. La auditoría demostró “el accionar descontrolado de la Infantería de la Policía Metropolitana” y que se trató de una “cacería policial”: la PM persiguió a los tiros a la gente afuera del predio y disparó desde un puente hacia el interior de la Villa 20. Así se produjo la muerte de  Bernardo Salgueiro, de 24 años, que vivía en esa villa y que no había participado en la toma. En otro extremo del parque Rosemary Chura Puña, de 28, también fue asesinada por una bala de plomo.

El informe recuerda que después de la represión y los asesinatos “el gobierno de la Ciudad se negó a dialogar con los ocupantes” y “culpó de la situación a una supuesta “migración descontrolada””.

Tanto en el Borda como en el Indoamericano la represión fue la primera y la única opción que manejó el GCBA para resolver el conflicto y el operativo represivo -con gases, balas y golpes- se extendió en el tiempo y en el espacio más de lo explicable.

El informe analiza también los operativos de abril de 2012 en la Villa 31, enero de 2013 en el Parque Centenario y marzo de 2013 en la Sala Alberdi y reseña sus características: policías de civil y sin identificación golpearon a manifestantes, personas heridas por disparos de bala de goma hechos a muy corta distancia, ningún intento de resolver el conflicto por la vía de la negociación. En el caso de la Sala Alberdi hubo tres manifestantes heridos con balas de plomo.

El CELS concluye que las autoridades políticas de la Ciudad de Buenos Aires no ejercen el control de la fuerza policial durante los operativos que se hacen en manifestaciones callejeras y tomas del espacio público con el fin de propiciar el diálogo político y la solución del conflicto. Por el contrario, dice el informe, “son precisamente las autoridades políticas de la ciudad de Buenos Aires las que plantean las respuestas represivas y criminalizantes”. Las autoridades de la ciudad respaldaron todos estos operativos represivos “aun cuando los procedimientos contradecían los principios rectores del accionar policial estipulados en la misma ley de seguridad pública de la Ciudad”, agrega.

Después de la represión: justificación y protección

Después de estas intervenciones represivas, muchas veces las autoridades del GCBA no impulsaron la investigación interna de lo ocurrido ni tomaron medidas sancionatorias de los responsables ni preventivas a futuro. Más aun, los integrantes de la PM que intervinieron en la represión en el Indoamericano, imputados judicialmente por ese hecho en el que hubo dos muertos, participaron meses después en los operativos represivos en la Sala Alberdi, en la Villa 31 y en el Hospital Borda.

Otro elemento que considera el informe es que cuando los funcionarios del GCBA hicieron declaraciones referidas a los hechos represivos “no apuntaron hacia el esclarecimiento de los hechos, sino a tergiversar los hechos con falsas versiones, negar la responsabilidad de la fuerza policial, justificar sus acciones o, incluso, a reivindicarlas. Algunas de estas declaraciones, con el tiempo, probaron ser faltas directas a la verdad”, afirma el CELS. Un ejemplo de estas falsedades se dio cuando el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro afirmó que la represión en el Borda se llevó adelante de acuerdo al “protocolo de acción general” cuando la PM no cuenta con un protocolo.

Al mismo tiempo, los 49 efectivos de la PM que están imputados penalmente por la represión en el Indoamericano son defendidos por el mismo equipo de abogados que además tiene como domicilio la sede del Ministerio de Seguridad porteño, lo que indica que tendrían protección institucional.

Entre las causas del accionar represivo de la PM el CELS da cuenta de que desde sus inicios está integrada por “funcionarios formados en policías autoritarias y altamente corruptas o en las Fuerzas Armadas, es decir, entrenados para destruir a un enemigo y no para interactuar con la comunidad en los barrios de la ciudad”.

En este sentido, el informe indica que de los 52 altos mandos de la fuerza, 38 tuvieron actuación en fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar. Y que numerosos cargos altos están ocupados por personal que integraba la Policía Federal y que fue pasado a retiro por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Uno de esos casos es el de Guillermo Galdame, ex agente de la Policía Federal, imputado por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, actualmente con rango de director en la PM.