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Hace casi un mes, la causa Garramone obtuvo dictamen favorable de la fiscalía para ser investigada en el fuero Contencioso Administrativo Federal. El proceso investiga la responsabilidad de Citibank y el Bank of America de cara a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Ambos bancos habrían autorizado créditos al Estado genocida a sabiendas de que financiaban el terrorismo de Estado.

La causa Garramone comenzó en octubre de 2010. El diario Tiempo Argentino reveló que aún a tres años de iniciada no se ha resuelto si el fuero administrativo federal es competente para llevar adelante el proceso. El juicio comenzó por una demanda de daños y perjuicios de Martín Andrés Garramone contra los dos bancos estadounidenses, a raíz de la desaparición de su padre en Necochea, el 31 de mayo de 1977, en manos del grupo de tareas del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601.

El argumento por el cual Garramone accionó contra los bancos, y pidió al Estado que rinda cuentas en el proceso como tercero interesado, se basa en la investigación realizada por Juan Pablo Bohoslavsky, un jurista  a cargo del departamento de deuda soberana de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Bohoslavsky publicó recientemente el libro “Cuentas Pendientes”, junto a Horacio Verbitsky, un compendio de investigaciones que revelan la responsabilidad civil empresaria con la planificación y ejecución de los planes de la dictadura que instauró a Jorge Rafael Videla como su primer presidente de facto.

El expediente Garramone tramita en el Juzgado Nº 8, a cargo de la subrogante Cecilia Gilardi Madariaga De Negre. Las demás causas en torno a las que giran el libro de Verbitsky y Bohoslavsky exceden al fuero administrativo y el civil, donde ha tenido poco lugar este tipo de planteos, y también aborda la responsabilidad penal que hoy es investigada en causas como Loma Negra, Blaquier, Ford y Mercedes Benz. Además, se pone de relieve el rol activo que tuvieron los empresarios al momento de articularse con José Alfredo Martínez de Hoz, cerebro económico de la dictadura.

En Garramone se pidió al Estado y a los bancos que presenten toda la información disponible sobre las transacciones realizadas entre ambos actores. A partir de la documentación, podría quedar probado, tal como Bohoslavsky investigó, que las entidades financieras que se beneficiaron con la apertura económica neoliberal de la dictadura conocían el destino del capital que prestaban al gobierno de facto.

Al quedar en evidencia el aumento desmedido del presupuesto destinado a “seguridad nacional y defensa” –fenómeno similar en todas las dictaduras de América Latina-, podría condenarse a los bancos a indemnizar a las víctimas del terrorismo de Estado, y se daría un caso de responsabilidad civil por los crímenes de lesa humanidad que no tiene precedentes ni en Argentina ni en el mundo.

No quedan dudas de que uno de los actores más beneficiados por la implantación de las dictaduras neoliberales en el sur del continente fue el conglomerado de entidades financieras transnacionales. La única duda ante las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que transita la Argentina es si se cumplirá el deseo formal que se expresa al cierre de cada escrito judicial… ¿Será justicia?