Infojus Noticias

Como muchos familiares de trabajadores desaparecidos, Rufina Gastón esperó muchos años para contarle a un juez que a su marido, Aldo Ramírez, lo desaparecieron por su militancia peronista y gremial. Hoy pudo hacerlo en el primer día del juicio número once de la megacausa Campo de Mayo, donde se juzgan las desapariciones de 67 trabajadores navales, ceramistas y metalúrgicos de la zona norte del conurbano bonaerense. Ante el Tribunal Oral Federal Federal N°1 de San Martín, Rufina declaró que la burocracia sindical y empresarial perseguía a los trabajadores navales. “Queremos un astillero, no un matadero”, era la consiga de los ‘70 de  trabajadores del astillero Astarsa.

Entre los diez imputados están el ex general Santiago Omar Riveros, que será juzgado una vez más por delitos de lesa humanidad. Con su habitual campera color beige, asistió a la primera audiencia y, como es su derecho, eligió no presenciar los testimonios de familiares y sobrevivientes.

Rufina estaba emocionada, la acompañaron sus hijos, que se sentaron detrás de ella. La mujer contó que antes del golpe, su marido y sus compañeros fueron perseguidos por la Triple A y que después del 24 de marzo de 1976, los militares llegaron al astillero con listas completas de nombres, apellidos y sobrenombres. Testimonió también por la muerte del militante Mario Marras, al que los militares mataron con su hijita a pocos metros. Los cuñados Mario y Martín Mastinú trabajaban en Astarsa. El 22 de mayo de 1976, iban a una isla del Delta de Tigre en un bote familiar cuando el Ejército los cruzó en un operativo. Mario murió acribillado y Martín se tiró al agua y nadó hasta una orilla, donde se puso a salvo. Un mes y medio después lo secuestraron y continúa desaparecido.

Después de Rufina declararon la viuda de Marras, Santina y su hijo Diego, que describió cómo fue crecer sin un padre. El sobreviviente Jorge Velarde Ferrari le contó a los jueces la lucha de los trabajadores navales en los ’70. Velarde fue delegado de Astarsa y compañero de los cuñados Marras y Mastinú. Hoy Velarde es artista plástico –hizo muestras artísticas sobre la dictadura- y trabaja en el Archivo de la Cancillería.

También comenzó a ser juzgado el caso del trabajador Carlos Ignacio Boncio. La hermana de Boncio declaró que se entrevistó con Riveros en Campo de Mayo. Destacó la crueldad de sus palabras: “Seguro lo mataron los terroristas, se matan entre ellos”. La viuda de Boncio, Ana Mancebo de Boncio, les dijo a los jueces que ella no sabía con seguridad si su marido tenía militancia gremial. Dijo que Boncio estuvo secuestrado en la Brigada de Tigre y que cuando su marido le dejaba la ropa sucia, le introducía notas. “Cuidá a los chicos”, “Estoy bien”. Una de esas notas es prueba en este juicio y se mostró hoy, lo que causó congoja en el público. Cuando buscaba a su marido, en la Casa Rosada le dijeron que Carlos estaba en libertad, por un decreto del Poder Ejecutivo. Era falso. Su marido continúa desaparecido y nunca más supo de él. Por estos falsos decretos, el dictador Jorge Rafael Videla también debería estar en el banquillo, pero murió hace más de un año.

La última declaración de la jornada estuvo a cargo de Ramón Ayala, ex trabajador de Astarsa, que presenció el secuestro de seis compañeros. Ayala confirmó que las listas de nombres las daban los empresarios.

La particularidad de los casos que se juzgan en este juicio es que se trata de víctimas trabajadores que tenían una militancia gremial, que en algunos casos simpatizaban con algún partido político, pero que no pertenecían a organizaciones armadas. Y se vuelve a poner en eje a las corporaciones empresariales, que por intereses económicos facilitaban las listas de los delegados y su participación en el plan sistemático de desaparición de personas. 

Los jueces federales -Héctor Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Gustavo Barroetaveña- presentaron a los imputados. Además de Riveros, están acusados Luis Sadi Pepa, Juan Carlos Gerardi, Roberto Julio Rossin, Alejandro Puertas, Héctor Omar Maldonado, Juan Demetrio Luna, Rodolfo Emilio Feroglio, Carlos Daniel Caimi, Reynaldo Benito Antonio Bignone y Eugenio Guañabens Perelló. Después comenzó la lectura de la elevación a juicio oral y por la tarde comenzaron los testimonios. A diferencia de otros juicios en San Martín los imputados fueron ubicados en el costado lateral de la sala, en el mismo compartimiento que están los jueces, las querellas y las defensas.

Las organizaciones sociales y políticas llegaron temprano, antes de las nueve, a los tribunales de la calle Pueyrredón. Desplegaron pancartas y carteles que recordaban a los militantes desaparecidos. “Siento una tremenda emoción por un día que al fin llegó”, dijo la periodista y documentalista Nora Anchart, minutos antes de que comenzara el juicio. Anchart hizo el documental “Regístrese, comuníquese, archívese” sobre las instrucciones dadas a los docentes en los 70. De la Comisión Zona Norte de Campo de Mayo resaltaron que es un día importante para los derechos humanos: hoy también comenzó un juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca.

Causa Ford

En esta primera audiencia se esperaba que el tribunal se pronunciara sobre la causa Ford, por el secuestro de 24 trabajadores de la empresa automotriz en 1976. Están imputados tres ex directivos de la empresa de General Pacheco, que presentaron apelaciones semanas atrás ante la Cámara Federal de Casación Penal. “Estas apelaciones ya fueron rechazadas por el Tribunal y la Cámara Federal de San Martín, pero los imputados interpusieron a último momento un recurso y ahora la Cámara tendrá que resolver, creemos que lo hará rápido”, dijo a Infojus Noticias el abogado Ciro Annicchiarico, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

¿Cómo se agrupan las víctimas? Fuentes judiciales explicaron que el juicio tendrá cuatro agrupamientos de víctimas: de los astilleros Astarsa y Mestrina; de los establecimientos ceramistas Cattáneo y Lozadur, de la metalúrgica Bopavi, y los obreros de Frigorífico Martín Fierro de Zárate. A estos expedientes también podrían sumarse los de Ford.

Está previsto que las audiencias transcurran los martes y jueves en la misma sede judicial. La próxima audiencia será el jueves próximo. Fuentes de la Fiscalía estiman que el juicio durará unos seis meses y la sentencia sería a fines de diciembre.