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El fiscal federal Fernando Arrigo terminó  los alegatos en el juicio por la tragedia  ferroviaria de Once. En la quinta jornada que usó para exponer sus fundamentos,  Arrigo pidió 3 años y 8 meses de prisión para el motorman Marcos Córdoba, mientras que para los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, pidió 11 años y 10 años y 10 meses, respectivamente. La de Jaime fue la pena más alta que pidió para los 28 imputados. En el impacto de la formación, conocida como “chapa 16” ocurrido el 22 de febrero de 2012, murieron 52 personas y 789 quedaron heridas. Es la primera de las partes que pide condenas para todos los imputados. Mientras que las dos primeras querellas solo habían pedido 22 años de prisión de Córdoba, las otras dos habían solicitado penas para todos, menos para él. El lunes comenzarán a alegar las defensas.

Arrigo pidió la pena de 11 años para Jaime porque la unificó con una sentencia previa en suspenso que pesa sobre él, de seis meses de prisión. Al igual que a Schiavi los acusó de los delitos de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta en concurso real con el de estrago culposo agravado. En tanto que a Córdoba lo consideró autor penalmente responsable de estrago culposo agravado. En los tres casos también pidió que sean inhabilitados. Los dos primeros por diez años y Córdoba por ocho.

El fiscal Fernando Arraigo, entrando a los Tribunales de Comodoro Py.                                                          Fotos: Charo Larisgoitia

Para los hermanos Sergio y Mario Cirigliano, propietarios de la ex concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) que tenía a su cargo el ferrocarril Sarmiento, pidió una condena de 10 años y once meses de prisión y a 10 años y seis meses respectivamente. En ambos casos también los consideró  responsables de los delitos de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta en concurso real con estrago culposo agravado. Esa misma calificación pidió para que los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro sean condenados a diez años y seis meses y a diez años, respectivamente.

En los casos de los ex funcionarios Jaime, Schiavi, Sícaro y Ochoa Romero, Arrigo afirmó que sus conductas debían “ser examinadas con mayor exhaustividad” por los roles que detentaban. Y agregó que “debían proteger los bienes del Estado y velar por la seguridad en el transporte que ampara nuestra sociedad. Y en ese orden, sus actividades se encontraban indisolublemente ligadas al bienestar de toda la sociedad, lo cual definitivamente irrumpieron”. 

Atenuantes y agravantes

Arrigo llegó al pedido de las penas después de tres horas de exposición en la última de las cinco audiencias que demandaron sus alegatos. Comenzó completando los hechos que se les imputaban a los acusados y tras un breve cuarto intermedio comenzó con los agravantes y atenuantes para cada uno de ellos. Para Córdoba consideró como agravante la naturaleza de su acción su conducta y gravedad del hecho y como atenuante su “educación secundaria situación socio-económica reducción de su capacidad de auto-determinación y así la aceptación del modo de trabajo en el que viajaba”.

El pedido de penas de Arrigo es el quinto que se realiza en el debate y el único que incluye a todos los acusados. Porque mientras que las dos primeras querellas, en las que están divididas los familiares, apuntó solo contra Córdoba y pidieron 22 años de prisión para él, las dos restantes pidieron su absolución y penas para todos los demás imputados.

Penas para los imputados

Las penas e inhabilitaciones pedidas por Arrigo alcanzaron también alos miembros del directorio de TBA por defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta en concurso real con estrago culposo agravado, con penas de entre nueve y más de diez años de prisión.

En el caso de  los imputados Miguel Werba y Carlos Lluch, quienes también cumplían roles jerárquicos en la ex TBA, pidió que se los absuelva de culpa y cargo por el delito de estrago culposo agravado. Pero pidió que se condene a Werba a tres años de prisión en suspenso por considerarlo partícipe necesario en el delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta, y a Lluch a cinco años y nueve meses, por el mismo delito.

En la causa también estaba imputado Guillermo Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario que falleció en mayó pasado.

Sobre el final cuando Arrigo concluyó con sus alegatos los familiares de las víctimas de la tragedia lo  aplaudieron de pie desde la parte de atrás de la sala AMIA, de los tribunales federales de Comodoro Py. Arrigo los miró y sonrío.

CD/LC