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Con el alegato de la fiscalía, hoy el juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha entró en la recta final. Los fiscales federales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández, integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, empezaron un extenso alegato con las pruebas producidas en casi diez meses de juicio oral.

La fiscalía comenzó la audiencia de hoy organizando la cantidad de casos y delitos que se le atribuyen a cada uno de los 21 imputados (militares, policías y civiles) en el funcionamiento del centro clandestino de detención, que funcionó entre 1976 y 1978 en las antiguas instalaciones de Radio Provincia, en la localidad de Olmos.

En la jornada de hoy los fiscales continúan con su alegato. En las próximas semanas se escuchará el resto, y se cruzarán agravantes y atenuantes sobre los infiernos que vivieron las víctimas que pasaron por el centro en 1977 y otros dos homicidios vinculados en 1976, los de Marcelo Gabriel Bettini, hermano de Carlos, el embajador argentino en España, y su compañero de militancia, Luis Eduardo Sixto Bearzi.

Acusaciones contra el Destacamento 101 del Ejército

En el juicio están siendo juzgados ex miembros del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, considerado por la fiscalía como la cabeza de las operaciones clandestinas de la represión en la capital bonaerense. 

-Carlos del Señor Hidalgo Garzón (69 años), acusado de 127 casos de privación ilegal de la libertad (PIL) y tormentos, más el homicidio agravado de Laura Carlotto y de Olga Noemí Casado.

-Jorge Héctor Di Pasquale (66) 22 casos de PIL y tormentos, más los homicidios de Carlotto y Casado.

-Gustavo Adolfo Cacivio (70) 127 casos de PIL y tormentos, más los homicidios de Carlotto y Casado.

-Ricardo Armando Fernández (74) 127 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.

-Luis Orlando Perea (73) 124 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.

-Miguel Ángel Amigo (68) 37 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.

-Roberto Armando Balmaceda (66) 22 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.

-Emilio Alberto Herrero Anzorena (70) 127 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.

-Carlos María Romero Pavón (69) 113 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.

-Anselmo Pedro Palavezzati (70) 127 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.

Personal civil de inteligencia (PCI), penitenciarios y policías

La fiscalía acusó al personal civil de inteligencia: Raúl Ricardo Espinoza (59) por 127 casos; a Claudio Raúl Grande (62) por 127 casos, y a Rufino Batalla (66) por 128 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.

Héctor Raúl Acuña, "El Oso", al llegar a la audiencia de hoy en La Plata. 

También están imputados el ex guardia penitenciario Héctor Raúl Acuña (alias "El Oso"), acusado de 127 casos de PIL y tormentos; y el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Isaac Crespín Miranda por 128 casos de PIL y tormentos, más los homicidios de Carlotto y Casado); el ex jefe de la Armada en la zona, Juan Carlos Herzberg (86), acusado de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos de María Elvira Luis, José Luis Cavallieri y Esteban Alaye.

De la Policía bonaerense fueron acusados: el ex director general de Investigaciones, Miguel Osvaldo Etchecolatz (84), por los homicidios agravados de Marcelo Bettini y Luis Sixto Bearzi. Lo mismo que el ex subdirector general de Seguridad, Eduardo Gargano (83); el ex jefe de la Unidad Regional, Horacio Elizardo Luján (82), y el ex jefe del servicio de calle de esa unidad policial, Julio César Garachico (72).

La nómina de acusados se completa con el abogado Jaime Lamont Smart (78), ex ministro de Gobierno bonaerense, que fue acusado de 127 casos de PIL y tormentos, más los homicidios agravados de Carlotto, Casado, Bettini y Bearzi.
A lo largo de 37 audiencias –el debate oral empezó en diciembre de 2013- en la sede platense de la ex Amia, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus escucharon a 134 testigos e inspeccionaron el predio donde operó esa cárcel secreta: el mismo predio donde, simultáneamente y a pocos metros, funcionaban las Unidades 1 y 8 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En el juzgado de instrucción N° 1 sigue un segundo tramo que indaga sobre los crímenes ocurridos en 1978, entre los que se encuentra el nacimiento en cautiverio y la supresión de identidad de Ignacio Guido Montoya Carlotto, restituido hace algunas semanas, que creció ajeno a su historia en un paraje rural de las afueras de Olavarría.

A lo largo de 37 audiencias –el debate oral empezó en diciembre de 2013- en la sede platense de la ex Amia, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus escucharon a 134 testigos e inspeccionaron el predio donde operó esa cárcel secreta: el mismo predio donde, simultáneamente y a pocos metros, funcionaban las Unidades 1 y 8 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La reconstrucción histórica no se terminará cuando el Tribunal Oral Federal N 1 dicte sentencia en unos tres meses. En el juzgado de instrucción N° 1 sigue instruyéndose un segundo tramo que indaga sobre los crímenes ocurridos en 1978, entre los que se encuentra el nacimiento en cautiverio y la supresión de identidad de Ignacio Guido Montoya Carlotto, restituido hace algunas semanas, que creció ajeno a su historia en un paraje rural de las afueras de Olavarría.

Quién mandaba en La Cacha

La Cacha no formó parte del llamado “Circuito Camps”, donde se agrupaban más de 20 centros clandestinos que funcionaban interconectados entre sí, con libre tránsito de torturadores y secuestrados, bajo los designios del jefe de la policía boanerense Juan Ramón Camps. Operó, quizás como ningún otro, bajo la sombra de la inteligencia militar, con su sede operativa en el Destacamento de Inteligencia 101, que funcionaba en el centro de la capital de provincia, remitía información al Batallón de Inteligencia 601 y al Primer Cuerpo de Ejército, obtenida de la tortura de prisioneros clandestinos y de la infiltración de sus dobles agentes en diversos ámbitos sociales. Entre los casos de La Cacha, se cuentan el cautiverio y homicidio de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. También, la sustracción de los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos en 1977, mientras sus madres estaban secuestradas en ese lugar. 

Se trata de "un hito histórico para las causas por crímenes de lesa humanidad en la jurisidicción, porque es la primera vez que llegan a esta instancia estructuras del Ejército y particularmente el rol de su área de inteligencia, representada en la ciudad por el Destacamento 101", declaró Schapiro al sitio Fiscales.

El paso del tiempo parece darle la razón así a los organismos de derechos humanos y al Ministerio Público Fiscal, que desde hacía meses reclaman el nombramiento de otro juez para evitar la acumulación de causas y el temido cuello de botella. La misma inquietud se traslada a los jurados de juicio, ya que el único tribunal que se encarga de este tipo de debates es el que preside Rozanski, y varias causas elevadas hace algún tiempo esperan su turno de ser sorteadas.