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En Jujuy, avanza la causa que involucra al dueño del Ingenio Ledesma, el empresario Carlos Pedro Blaquier, y a Alberto Enrique Lemos, el administrador de la firma, por el secuestro de 29 personas entre marzo y julio de 1976, en las localidades de Libertador, Calilegua y El Talar. En un expediente plagado de chicanas judiciales, Blaquier y Lemos pretendían que se apartara al juez que los investiga. El pasado viernes, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, rechazó un pedido del empresario y confirmó al juez federal Nª 2 de Jujuy Fernando Poviña.

Blaquier y Lemos adujeron que no tenía la “imparcialidad necesaria”. Lo cuestionaron por tener un “sentimiento de empatía con quienes han sufrido los crímenes aberrantes del terrorismo de Estado”. Los defensores del empresario expresaron que el juez estaba “sujeto a un condicionamiento espiritual tan fuerte con la querella y el exquerellante y exfiscal Pelazzo, que le impide adoptar decisiones que corren el riesgo de parecer impopulares y contrarias a las corrientes de opinión dominante; unido a una convicción ideológica y una visión chauvinista provinciana contraria a Ledesma”.

Los integrantes de la Cámara, Roberto Loutayf Ranea, Federico Díaz y Jorge Villada rechazaron el pedido de Blaquier por “extemporáneo”, dado que las partes tienen 48 horas para hacer estos planteos. En esta causa la fecha correspondía al último acto de “supuesta parcialidad” señalado por los acusados: es decir, dos días después del 9 de octubre de este año, cuando el juez Poviña recibió en su despacho a Milagro Sala, Baltazar Garzón, Remo Carlotto, el fiscal Jorge Auat y el abogado alemán Wolfang Kaleck.

La Cámara confirmó el rechazo que en su momento había firmado Poviña. El juez también consideró tardío el reclamo de la defensa de Blaquier, pero además respondió a cada uno de sus cuestionamientos. En esa resolución, precisó que las visitas protocolares en su despacho, “luego del procesamiento dispuesto el 15 de noviembre de 2012”, no hace más que remitir a antecedentes avalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo que “el mantenimiento de lazos interinstitucionales con otros poderes del Estado, personalidades académicas y representantes de la sociedad, forman parte de las actividades normales de la República y no tienen por objeto la discusión de las soluciones a adoptar por el tribunal en las causas sometidas a su jurisdicción.” Blaquier ya recusó al fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, cuya continuidad ahora está pendiente de una decisión de la Cámara de Casación.