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“Se ha obrado con parcialidad y arbitrariedad”, indicó el abogado de los fiscales antilavado Carlos Gonella y Omar Gabriel Orsi. El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y su colaborador apelaron ayer el procesamiento que dispuso el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Los acusó de perjudicar deliberadamente la investigación por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez. “Las conclusiones de la resolución, además de arbitrarias, resultan apresuradas”, explica la apelación, a la que accedió Infojus Noticias.

El abogado de los fiscales, Juan Hermida, redactó el escrito de 19 páginas que fue presentado ayer ante el juez federal. Allí indica que la resolución “denota una selección y apreciación de la prueba fragmentada y carente de rigor crítico”, porque prescinde de la prueba “decisiva y reveladora” de que ambos funcionarios del Ministerio Público Fiscal “no han cometido ilícito”. Y sostuvo que la conclusión a la que arribó el magistrado “carece de un razonamiento fundado” que lo vincule con las pruebas en el expediente.

Argumentó que el juez utilizó un sistema probatorio “de las íntimas convicciones” en vez del régimen “de la sana crítica racional”, que es el que rige en el Código Procesal Penal. Citó a la Corte, y sostuvo que esos pronunciamientos son inválidos “cuando la decisión no trasluce más que una convicción personal de quien la suscribe, sin apoyatura en otras consideraciones”. Planteó que el procesamiento no es “una derivación lógica y razonada” de las pruebas, y dijo que es inválido “por falta de fundamentación”.

El abogado afirmó que “un análisis prudente -y no claramente sesgado- del material colectado” debería conducir al sobreseimiento. Y tras una detallada explicación de cuatro puntos en los que desarma las conclusiones del juez, sostuvo que “se ha obrado con parcialidad y arbitrariedad” en la apreciación de la prueba. “Ningún elemento contundente acude en aval de su postura”, cuestionó. Y reclamó que el juez “introduce interpretaciones de elementos indiciarios de dudosa entidad, sobre los cuales nada se preguntó a mis defendidos, imposibilitando su real defensa”.

En otro pasaje, volvió a referirse a la prueba, y dijo que “se seleccionaron arbitrariamente -y deformaron- algunos elementos, ignorándose otros”. Concluyó: “La dirección que en soledad ha dado a la instrucción, los propios actos de indagatoria y las trabas interpuestas a las peticiones que hiciera esta defensa, no hacen más que demostrar una postura parcial desde el inicio de las actuaciones, que viene a ser coronada ahora con un auto de procesamiento literalmente anunciado”. Durante los diez días previos al procesamiento, la medida ya había sido anticipada por los diarios Perfil y La Nación.

Hermida también se refirió a la participación de Gonella y Orsi en el trámite del expediente, y dijo que “obraron con la intención de aportar elementos útiles para el avance del sumario”. Detalló que la documentación enviada por la Unidad de Información Financiera “se remitió porque era conexa y contribuía de manera esencial con la investigación”. Martínez de Giorgi consideró que esa información había sido presentada para desviar la investigación, pero el defensor contestó que ese aporte “se trató de una contribución indispensable para el proceso”. Y resumió: “En lugar de perjudicar la investigación, esa acción permitió su avance”.

Además, el abogado demostró que los fiscales “no alteraron ni hicieron alterar ningún borrador” de lo que sería después le requerimiento de instrucción, y aclaró que no hay elementos “que permitan afirmar” lo contrario. Y destacó que “todos los testigos fueron contestes en señalar que todo el trabajo fue hecho por personal de la fiscalía 9, y que ni el Dr. Gonella ni el Dr. Orsi ni ninguno de los presentes indicaron cambiar nada, y mucho menos la supresión de imputados, hechos o medidas de prueba”.

Eso mismo fue asumido por el fiscal Ramiro González, que en ese momento subrogaba a Guillermo Marijuan, “al sostener que fue él quien tomó las decisiones sobre el caso” en un escrito judicial. Ese documento fue presentado por la defensa e ignorado por Martínez de Giorgi. Allí, el fiscal “aclaraba haber actuado libremente y por propia determinación, sin sufrir presión o interferencia de ningún tipo”. El abogado defensor remató que “la prueba indica” que los fiscales procesados “no conocían el modo en que se encaró, ordenó y progresó la redacción en la fiscalía”.