Infojus Noticias

La Unidad Fiscal Federal de La Plata pidió hoy que se condene a prisión perpetua a 18 de los 21 represores acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha” durante la última dictadura cívico militar, informó la agencia Télam. Entre ellos están Miguel Etchecolatz y el ex ministro de Gobierno bonaerense, James Smart. El pedido lo hicieron hoy los fiscales federales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández al finalizar su alegato ante el Tribunal Oral Federal I de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus. Los fiscales acusaron a los represores por los delitos de homicidios calificados, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos, delitos contra el derecho de gentes y en particular crímenes de genocidio y de lesa humanidad, tal como habían anticipado en la audiencia de la semana pasada.

De acuerdo al alegato, esa pena le corresponde al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura, James Smart como partícipe necesario de homicidio doblemente calificado en dos oportunidades y privación ilegal de la libertad agravadas en 43 casos y doblemente agravado en 84 casos y tormentos en todas la víctimas que estuvieron en el centro clandestino. La misma pena pidieron para el ex comisario y director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado en 2006 a reclusión perpetua por delitos cometidos en el denominado “Circuito Camps”, en referencia al ex jefe de la Policía durante la última dictadura.

Los fiscales también solicitaron perpetua para Carlos Hidalgo Garzón; Jorge Di Pasquale; Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández; Roberto Balmaceda; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati, todos militares. Lo mismo hicieron en los casos de Raúl Espinoza, Claudio Grande, Héctor Acuña e Isaac Crespín Miranda, mientras que pidieron 16 años de prisión para Juan Carlos Herzberg, 14 para Rufino Batalla y la absolución de Luis Perea.

En su alegato, consideraron que los imputados deben ser condenados por genocidio “ya que es un delito que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

La Cacha funcionó como centro clandestino desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas. En los más de 10 meses que lleva de audiencias el juicio y en el que prestaron declaración más de 130 testigos, se investigaron los casos de más de 120 víctimas que estuvieron en ese centro y cuatro homicidios conexos. Entre los casos que se investigan están los de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, y el homicidio y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. Además, se juzgó la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.

El centro clandestino funcionó en las instalaciones de la vieja antena transmisora de la Radio Provincia de Buenos Aires, aledaña a las Unidades 1 y 8 del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre las calles 191, 196, 47 y 52, en la localidad de Lisandro Olmos, en las afueras de La Plata. Tras el alegato de la fiscalía, las audiencias continuarán con los planteos de las querellas y luego será el turno de las defensas de los imputados, por lo que se estima que la sentencia se conocerá en dos meses.