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La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal rechazó un recurso de queja planteado por el Estado Nacional y dejó vigente la medida cautelar que favorece a la Sociedad Rural en la causa por la venta del predio ferial del barrio de Palermo, en los noventa, aunque no se expidió sobre el fondo de la causa.

A principios de junio el juez Civil y Comercial Federal N° 8, Ivan Garbarino, levantó la medida cautelar que beneficiaba a la Sociedad Rural Argentina. Ese recurso suspendía el decreto de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que declaró nulo la venta del predio a un previo vil, durante el gobierno de  Carlos Menem.

La entidad agropecuaria apeló la sentencia y el mismo juez Garbarino concedió el recurso y lo envió a la Cámara. Este paso procesal tuvo un detalle, que al concederlo lo hizo con lo que se conoce como “efecto suspensivo”, que no es ni más ni menos que dejar en “suspenso” ese fallo que levantó la medida cautelar que volvió a estar vigente.

Contra ese efecto suspensivo, el Estado Nacional presentó una queja que la sala II de la Cámara Civil y Comercial, con las firmas de los jueces Ricardo Guarinoni y Alfredo Guzman, rechazó el pasado 30 de junio. Para los abogados del Estado Nacional ese “efecto suspensivo otorgado trae aparejado el mantenimiento de la medida mientras se decide la apelación”.

“La decisión cuestionada por apelación no es otra cosa que el levantamiento de la medida cautelar decretada previamente”, explicaron los jueces para descartar el planteo del Estado. La Cámara Civil y Comercial Federal debe resolver aún si el reciente fallo de la Justicia que dejó sin efecto una cautelar que favorecía a la Sociedad Rural en la causa por la venta del predio, resulta válido. Mientras tanto, la medida cautelar sigue vigente.

En el medio están las doce hectáreas del predio ferial de Palermo que fueron vendidas a través del  decreto 2699/91, por el cual se firmó el boleto de compraventa. Treinta millones fueron pagados por la Sociedad Rural y se contradecían con una tasación oficial previa de 943 millones que contemplaba los usos comerciales posibles. La última tasación fue de la Corte Suprema de Justicia, que en 2006 determinó que el valor del terreno alcanzaba los 131 millones de dólares.

Cuando el juez Garbarino levantó la cautelar concedida a principios de 2013, en su fallo señaló que  “había excedido con creces los límites temporales” fijados por ley. A su vez tuvo en cuenta la causa penal sobre la venta del predio donde juez federal Sergio Torres consideró que hubo “una ejecución de un plan previamente trazado y acordado entre los intervinientes” para la venta del predio.

Además, agregó que a la venta se le dio un viso de legalidad y de legitimidad para “brindar a la actividad un andamiaje que, a simple vista, fuera aparentemente incuestionable”.

La causa penal por malversación

En la causa penal, en manos del Tribunal Oral Federal N° 2, se juzgará al ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo por malversación de caudales públicos. En caso de que el fallo sea condenatorio, el Estado podría insistir con la recuperación del terreno.

En el proceso penal por la venta irrisoria de estos terrenos, también serán juzgados Gastón Ramón Figueroa  Alcorta, quien era director de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales; el entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, Eduardo De Zavalía y su secretario Juan Ravagnan; el colega de Figueroa Alcorta en la Comisión, Matías Lucas Ordoñez; los empleados del área de préstamos del Banco Ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel Insúa, Raúl Angelini y Ricardo Schapiro, y los miembros de la División Tasaciones del Banco Hipotecario Nacional, Jorge Frost, Carlos Ratto y Daniel Ivakhoff.

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