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La sala I de la Cámara Federal de Apelaciones aceptó tratar el recurso de queja presentado por el fiscal Leonel Gómez Barbella, en el marco de la causa que investiga el desapoderamiento accionario de la empresa Papel Prensa en la última dictadura cívico-militar. Gómez Barbella había presentado, a fines del mes pasado, el recurso contra el rechazo a citar a declaración indagatoria a directivos de los diarios Clarín y La Nación por parte del juez de la causa, Julián Ercolini.

Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler estuvieron de acuerdo en hacer lugar, mientras que Eduardo Farah, tercer miembro de la sala, votó en disidencia.  Con esta decisión, la sala analizará en los próximos días las eventuales indagatorias a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y  Bartolomé Mitre, entre otros denunciados en la causa penal. 

La queja de  Gómez Barbella había quedado radicada por "asignación directa" en la Sala I del Tribunal de Apelaciones. Esta sala ya intervino en otras instancias de la causa.

El recorrido de la causa

El 11 de marzo pasado Gómez Barbella pidió la indagatoria a Magnetto y Herrera de Noble, del Grupo Clarín, a Bartolomé Mitre, de La Nación, y a Raymundo Juan Pío Podestá y Guillermo Juan Gainza Paz en el marco de la causa en que se investiga la apropiación irregular de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar. Según el pedido elevado por el fiscal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini, los directivos "resultan ser los responsables de las maniobras que se encuentran en investigación". 

Gómez Barbella, titular de la fiscalía Federal N° 5, les imputó a los cinco el delito de “extorsión” contemplado en el artículo 168 del Código Penal.  Además, consideró que la maniobra investigada es constitutiva de un delito de lesa humanidad y, por ende, imprescriptible.

Herrera de Noble y Magnetto eran directivos de Clarín y Mitre de La Nación, Podestá era secretario de Desarrollo Industrial durante la dictadura y  Gainza Paz funcionó como intermediario entre los empresarios y el Grupo Graiver, propietario de Papel Prensa.

En su requerimiento, Gómez Barbella sostuvo que "Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble, utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el resultado pretendido, que en efecto era ilegítimo".

Un día después de la presentación, Ercolini rechazó el pedido de indagatoria. “En el entendimiento que hasta el momento no existe en esta causa, motivo bastante para sospechar que los denunciados han participado en la comisión de los delitos que se les atribuye (art. 294 del C.P.P.N. -a contrario sensu-), es que no corresponde hacer lugar" a la petición para citarlos a indagatoria, consideró en una resolución de cinco carillas.

Ercolini sostuvo que hasta el momento "no existe" un "cuadro objetivo de probabilidad" sobre la comisión del delito y que para ello hay medidas probatorias aún pendientes. Gómez Barbella apeló esta decisión, pero el juez no hizo lugar por lo que el fiscal presentó el recurso de queja ante la Sala I de la Cámara.

Veintiseis cuerpos

La causa por irregularidades en la venta de Papel Prensa durante la dictadura acumula 26 cuerpos y cinco de los imputados fallecieron antes de ser llamados a declarar por Ercolini, quien tiene a cargo la investigación desde 2011. Los fallecidos son los represores Emilio Massera y Jorge Rafael Videla, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, el ex director de La Razón Patricio Peralta Ramos y Bernardo Sofovich, ex apoderado de Clarín.

Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista David Graiver, que murió en 1976 en un accidente aéreo en México. A su muerte,  el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y de Rafael Ianover. Ambos fueron secuestrados por agentes de la dictadura y denunciaron que fueron obligados a ceder, bajo torturas y amenazas, la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y por los tres diarios.

CD/PW