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“De los elementos probatorios surgen claramente las intenciones del gobierno de facto y su connivencia en aquel entonces con los diarios La Nación, Clarín y La Razón, para lograr la apropiación ilegal de las acciones referidas”, aseguró el fiscal federal Leonel Gómez Barbella en el escrito en el cual solicitó la indagatoria de los del Grupo Clarín Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, y del director de La Nación, Bartolomé Luis Mitre. El pedido fue hecho al juez federal Julián Ercolini, en el marco de la causa donde se investiga la apropiación irregular de Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar.

La definición de Gómez Barbella, que abre el detalle de la prueba, está precedida por la imputación contra los directivos de ambos matutinos: “Haber obligado mediante intimidación al grupo Graiver y sus allegados, víctimas identificadas precedentemente, a suscribir tres convenios cuyos objetos fueron la transferencia del capital social de la empresa Papel Prensa S.A. a favor de la Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino (AGEA) y La Razón Editorial Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria”.

“Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre participaron en el desapoderamiento extorsivo por haber sido adquirientes, mientras que (Raimundo) Podestá, en su carácter de secretario de la junta de dictadores, lo hizo dentro del plan persecutorio contra la familia Graiver y allegados a sus negocios. La contribución de los imputados al desapoderamiento de las acciones de la empresa Papel Prensa S.A. fue realizada con pleno conocimiento del riesgo de vida que corrían sus legítimos dueños y representantes al haber sido señalados por la junta de dictadores como enemigos del país, calificación propiciatoria de persecución que los representantes de los diarios difundieron a través de los medios de comunicación masivos bajo su dirección, antes y después de la transferencia ilícita”, afirmó el fiscal.

Además, consideró que Herrera de Noble y Guillermo Juan Gainza Paz “fueron partícipes de la maniobra: la primera, al haber otorgado un mandato a Bernardo Sofovich sin el cual no habría podido instrumentar la operación y el segundo, al haber acercado a los coautores de la extorsión con sus víctimas”.

Sobre esa base, sostuvo que se cometió el delito de extorsión (artículo 168 del Código Penal) y, por la forma en que fue perpetrado, está ligado al delito contra la humanidad porque la persecución contra el grupo Graiver fue por “motivos políticos y religiosos”.

Al detallar las pruebas analizadas para determinar las imputaciones, Gómez Barbella precisó:

-La Junta Militar ordenó vender.La indicación le llegó a Lidia Papaleo (viuda de David Graiver y dueña de Papel Prensa) a través deMiguel de Anchorena, el abogado a cargo de la sucesión de los bienes de su fallecido esposo. En consonancia el presidente del directorio de la empresa, Pedro Martínez Segovia (primo del por entonces ministro de Economía José A. Martínez de Hoz) le aconsejó hacer caso a lo indicado por la Junta y vender las acciones de la empresa a los diarios La Nación, Clarín y La Razón. Martínez Segovia le recomendó, además, no  venderle las acciones “a personas de la colectividad judía, ni a un grupo extranjero”

-Públicamente los autores del golpe hablaron de la persecución al grupo.  El entonces almirante Emilio Massera señaló que “había tomado conocimiento de los hechos relativos al caso Graiver, girando los antecedentes al Ministerio de Economía para su informe”. En el mismo sentido, el dictador Jorge Rafael Videla indicó que “en el plan de aniquilamiento de la subversión se había incluido particularmente al grupo Graiver (Diario Clarín del 20 de abril de 1977)”. La persecución del grupo quedó registrada en las actas institucionales de la junta el 15 de septiembre de 1976, 14 y 19 de abril de 1977.

-La Junta Militar tenía la lupa sobre Graiver. El 20 de mayo de 1998, la periodista Graciela Mochkofsky dijo que el ex secretario general de la Junta de dictadores, entonces general de brigada José Rogelio Villarreal (fallecido), reconoció que, al menos, desde el mismo día del golpe militar se identificaba a la familia Graiver con la subversión, por lo cual el desapoderamiento forzado tanto como la elección de los futuros adquirentes fue política de Estado desde la llegada de los militares al poder.

-Fadel por Papel Prensa. En 2002, Patricio Peralta Ramos (fallecido) dijo ante Graciela Mochkofsky que en una de las charlas mantenidas con autoridades de la dictadura, les ofrecieron abandonar el proyecto Fapel S.A. y hacerse cargo de Papel Prensa: “Del gobierno militar nos dicen: '¿Para qué van a seguir con esto si pueden continuar esto?'. Y ofrecieron la colaboración que después nos retaceó, nos volvió locos, Massera”, dijo Peralta Ramos.

-Preocupación por las acciones en Nueva York. El ex secretario general de Redacción del diario Clarín, Eduardo Durruty, dijo que cuando murió David Graiver se encontraba en la ciudad de Nueva York y que allí recibió un llamado de Magnetto, quien le solicitó –según declaró- que corroborara la existencia de las acciones de la empresa que Graiver poseía en aquella ciudad.

-Secuestros, torturas y negociaciones. Mientras Juan Graiver, Lidia Papaleo, Silvia Cristina Fanjul, Lidia Catalina Gesualdi y Eva Gitnacht, Isidoro Graiver y Rafael Ianover fueron secuestrados y torturados entre marzo y abril de 1977, los abogados de los diarios Clarín y La Nación, Bernardo Sofovich y Manuel Benito Campos Carlés, intentaron pagar una suma dineraria correspondiente a la trasferencia ilícita en el domicilio de Ianover, conociendo su situación de secuestrado.

-El problema del país. Desde la muerte de David Graiver el 7 de agosto de 1976, los diarios cuyos intereses representaban Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Peralta Ramos señalaron a la familia y allegados como “un problema para el país” y los mostraron ante la opinión pública como “riesgosos para la patria” y los calificaron como “delincuentes subversivos”.

-Liquidar al grupo. El ex fiscal Ricardo Molinas concluyó, en 1988, que las máximas autoridades del país “tomaron la determinación de liquidar el grupo”. “Para ello decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas” y, sobre esa base, eligieron a “los diarios La Nación, Clarín y La Razón” para que se hicieran cargo de las acciones clase A de la empresa.

-Irregularidades. No pueden soslayarse las numerosas irregularidades que rodearon a la transferencia como la imposición del precio de venta, la ausencia de tratativas y estudio previos sobre la empresa propios de esta clase de contratos, la falta de comparación con otras posibles ofertas, la falta de fondos de la parte compradora (Fapel S.A.) para afrontar el pago de las acciones, la cláusula que facultaba a la parte compradora a enajenar los bienes aún antes de terminar de pagarlos, la forma de pago —iniciada abonando menos del 1% del precio estipulado—, el hecho de que los diarios recién depositaran el 98% del precio el mismo día en que Videla blanqueaba, en conferencia de prensa, el secuestro del grupo Graiver.

-Coerción y apremio. Resulta difícil explicar que los supuestos vendedores aceptasen todas estas condiciones si no fuese por la coerción y apremio que denunciaran. De otro modo, no se comprende que una mujer que acababa de enviudar pudiera desprenderse de bienes que integraban el patrimonio de su única hija.

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