Infojus Noticias

Ayer, los despojos de lo que fueron los depósitos de la empresa norteamericana Iron Mountain, que se incendió y desplomó en Barracas el pasado 5 de febrero matando a diez personas, comenzaron a ser removidos lentamente por la Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Se va a hacer lentamente, porque se levanta capa por capa para no arruinar las pruebas. A medida que se levanta cada capa, se van enviando a peritar”, explicó a Infojus Noticias una fuente con acceso a la investigación.

El desmantelamiento, en el mejor de los casos, demorará unos tres meses, en los que más de veinte peritos de la División Siniestros de la Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) analizarán los escombros removidos. El plazo incluso podría estirarse por factores fortuitos, como la lluvia. Entre otras cosas, los peritajes buscan desentrañar uno de los mayores enigmas: si el derrumbe que aplastó fue a causa de la acción del fuego, o si se debió a un mantenimiento deficiente que provocó que los cimientos no soportaran la presión del agua.

Por otro lado, la fiscalía en los criminal N° 37 a cargo de Marcela Sánchez sigue indagando acerca de la chispa que inició el fuego. Si fue intencional –se han sembrado esas sospechas-, o accidental. “Aún no hay indicios de intencionalidad”, dice la fuente judicial que tiene acceso al expediente, ante la pregunta de esta agencia. Sin embargo, aún faltan las conclusiones de las cámaras de seguridad que serán vitales para detectar cualquier situación anómala. El 15 de abril terminó el análisis de las imágenes, pero falta el informe conclusivo. “Se tardó mucho en analizarse porque eran muchísimas horas de grabación y estaban en un servidor remoto, con información que hay que bajar y decodificar”, explicó. Los registros fílmicos también están, desde el 14 de abril, en el juzgado de instrucción N° 18 a cargo de Pablo Ormaechea.

Además, la fiscal sigue tomando declaraciones testimoniales de personas que estuvieron en el lugar, o están vinculados de alguna forma al siniestro. No hubo novedades, en ese sentido, en los últimos días.

La causa judicial que instruye la fiscal Sánchez, indaga sobre las causas del incendio. “Lo que se investiga en la causa judicial es tratar de saber por qué se produjo el incendio que terminó con la muerte de diez personas. No hay que perder de vista las vidas que se perdieron. Por eso, la investigación avanza con mucha cautela. La investigación sobre la información que se predió va por otro lado”, concluyó la informante. Ni en la fiscalía ni en el juzgado dieron detalles sobre el avance de la pesquisa.

Sí trascendió un mayor caudal de información es sobre la investigación que hicieron la Comisión Nacional de Valores y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Se trata de una reconstrucción de la documentación que ardió entre las llamas de aquél 5 de febrero y que, al parecer, eran cajas con información sensible para llevar a cabo investigaciones judiciales contra los bancos Patagonia, HSBC, JP Morgan y BNP Paribas sobre lavado de dinero. Además de esas cuatro entidades, otras 39 perdieron documentación en el incendio.