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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó que se vuelva a juzgar a un ex policía federal que fue absuelto por el asesinato del subcomisario de la bonaerense Jorge Gutiérrez, hermano del actual intendente de Quilmes, cometido en 1994 cuando investigaba la denominada "aduana paralela".

En el fallo, al que accedió Télam, se remarca que en este expediente "las diligencias judiciales no se ajustaron a las garantías del debido proceso" y ahora se debe "identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales", en tanto dispone indemnizar a los familiares de la víctima con 75.000 dólares.

"No conozco antecedentes de que se mande a juzgar de nuevo a otra persona, pero lo que pasa es que estamos ante un caso de cosa juzgada fraudulenta y la Corte, sin decirlo directamente, dice que acá no se cumplió la ley y no hubo derechos para nadie", dijo a Télam el abogado Luis Valenga.

El letrado hizo la presentación ante la CIDH en nombre de la viuda de Gutiérrez, Nilda del Valle Maldonado, los hijos y los dos hermanos del subcomisario, entre ellos el intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez, quienes reclaman el esclarecimiento del caso desde hace 19 años.

Gutiérrez apareció muerto con un balazo en la cabeza la madrugada del 29 de agosto de 1994 en el vagón de un tren cerca de la estación de Tolosa, cuando con su uniforme se dirigía desde Sarandí hasta su domicilio en el partido bonaerense de Quilmes.

Según Valenga, previamente se había sentado frente a él un hombre identificado como Francisco Montajo, quien le dio conversación y esa situación fue aprovechada por el sargento de la Policía Federal Carlos Santillán para dispararle.

El crimen se produjo luego de que Gutiérrez obtuviera pruebas de que en los depósitos de la Aduana circulaban armas, drogas y oro, por lo que después surgieron otras causas como la llamada "mafia del oro".

Por el homicidio, Santillán resultó absuelto en un fallo confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que para la familia fue "bochornoso", en tanto el enjuiciamiento de Montajo está pendiente por un recurso en ese mismo tribunal, que debe definir si es juzgado o no por el antiguo Código Procesal bonaerense, modificado en 1998.

A pesar de que la absolución del ex policía federal esté firme, explicó Valenga, "lo más importante de este fallo es que no tiene en cuenta la salvaguarda que dice que ´el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos`".

"Aceptar ese principio sería consagrar la impunidad en una causa en la que hubo todo tipo de irregularidades y obstrucción por parte de la Policía y de la Justicia. Ahora se ordena volver a investigar todo", dijo el abogado.

La Corte dice en el fallo que no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho, cuando median el "juicio justo" o a las garantías del "debido proceso", pero en este caso las partes coinciden en que la causa "no fue sustanciada de conformidad con los estándares internacionales exigibles y que debe investigarse".

En la práctica, esto implica que se tendrá que reabrir una nueva causa por Santillán en La Plata, continuar la de Montajo y que ambos sean juzgados "porque están perfectamente individualizados como los autores materiales del crimen", dijo Valenga.

Para la Corte, este caso reviste una particular gravedad debido a la investigación que llevaba adelante Gutiérrez, a que agentes estatales estuvieron involucrados en el crimen y éstos mismos obstruyeron la investigación.

En el fallo, además, se declara que el Estado Nacional es "responsable por la violación del derecho a la vida" de Gutiérrez y de los derechos a las garantías judiciales de su familia.

En ese sentido, se lo condenó a pagar una indemnización de 75.000 dólares teniendo en cuenta los gastos que demandó mantener abierta la causa judicial y el dolor y el sufrimiento padecido por los familiares por la impunidad del caso.

Además, el Estado deberá, en el plazo de un año, realizar un acto público en el que reconozca su responsabilidad internacional y brinde disculpas por los hechos, lo cual Valenga estimó que se realizará a través de la secretaría de Derechos Humanos, que los apoyó en su reclamo ante la CIDH.

Otra medida que se deberá adoptar es señalizar la comisaría donde trabajaba Gutiérrez (la segunda de Avellaneda) e integrar a los planes de estudio de la Policía Federal Argentina y de la Policía bonaerense cursos de capacitación sobre derechos humanos.