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Fueron días de intenso trabajo entre fiscales de América Latina. Unos 70 funcionarios y funcionarias del bloque regional y países asociados debatieron en talleres realizados en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).  En el cierre del "Coloquio Regional a 40 años del Plan Cóndor” acordaron los puntos de la agenda sobre lesa humanidad que llevarán a la próxima Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur ((REMPM).  "Hay que mantener estos espacios para la cooperación política y judicial y reivindicar a las víctimas de las dictaduras del Cono Sur", dijo el fiscal general a cargo de la Procuraduría, Jorge Auat.

El Coloquio, organizado por la Procuración General de la Nación y los ministerios de Justicia y DDHH y de Relaciones Exteriores y Culto, fue auspiciado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur. Según informó el portal Fiscales, uno de los puntos importantes del acuerdo fue reclamar a los Estados Unidos el "levantamiento de tachaduras" de documentos desclasificados de su Departamento de Estado.

Además, las propuestas serán llevadas a la próxima REMPM en Encarnación, Paraguay, junto a otra serie de iniciativas de la subcomisión de lesa humanidad. La misma se reunió entre jueves y viernes en Buenos Aires en el marco del Coloquio.  "La Operación Cóndor fue la entente represiva formalmente inaugurada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile por la que las dictaduras del Cono Sur coordinaron la persecución de disidentes políticos más allá de sus fronteras", se leyó en el encuentro, haciendo un repaso del juicio actual.

Profundizar las pesquisas

En el último día del Coloquio, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad tuvo a su cargo la organización del Taller sobre Justicia, ámbito en el que intervinieron unos 35 funcionarios y fiscales de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Perú, Colombia y Ecuador que investigan esos delitos en sus países. Fue allí donde surgió la iniciativa de llevar a la REMPM la propuesta de declaración para "llamar a la profundización de las pesquisas".

Luego de repasar temas de agenda, se redactó un documento conjunto con la siguientes conclusiones: impulsar pedidos conjuntos de desclasificación de documentos, desde la REMPM, al Departamento de Estado de EEUU. En particular, el levantamiento de las tachaduras de los documentos desclasificados por el Departamento de Estado en 2002 y, en especial, aquellos que contienen información disociada conforme las excepciones a la ley de acceso a la información (FOIA) y de aquellos que fueron utilizados como prueba durante el juicio por la Operación Cóndor que tiene lugar en Argentina.

Por otro lado, la Procuraduría se comprometió a realizar "un registro de los pedidos de cooperación jurídica y extradiciones realizados entre los países de la región"; en tanto, se decidió redactar un proyecto de pautas generales para la investigación penal, administrativa y/o civil de la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad.

Además, la Procuraduría dispuso "elaborar y compartir una metodología común para el seguimiento del proceso de justicia en cada país, con miras a obtener datos comparables a nivel latinoamericano". En esta línea, el primer objetivo es "relevar y compartir la información sobre los archivos y fondos documentales existentes en cada uno de los países con información relevante en materia de coordinaciones represivas y, en particular, Operación Cóndor".

Por último, el equipo de trabajo destacó en el taller la importancia de contar con equipos de trabajo interdisciplinarios en las áreas de los Ministerios Públicos. "En todos los países los procesos judiciales activaron complejas discusiones en cuanto a la imprescriptibilidad y no amnistiabilidad de esos crímenes, la intervención de tribunales militares, las dificultades probatorias y procesales para casos con múltiples víctimas e imputados y el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos", concluyó Auat, quien también destacó como tópico común la investigación de la complicidad civil y los mecanismos para proteger de modo integral a víctimas y testigos.

FISCALES/TÉLAM/JMM