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La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de queja de Otilio Romano -ex juez, hoy detenido y juzgado en el juicio a los jueces que se lleva a Mendoza- contra la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que en diciembre de 2011 lo había destituido del cargo de juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. El jurado decidió en aquel momento en base a la actuación de Romano como fiscal federal de Mendoza durante la última dictadura cívico-militar.

“Cuando más se necesitaba la garantía de contar con funcionarios judiciales independientes… él desdeñaba reiteradamente los reclamos, denuncias”, destacó entonces el jurado de enjuiciamiento. Romano “no propuso ninguna medida de investigación o de trámite respecto de denuncias de secuestro o de desaparición de personas” y “omitió la investigación de delitos de torturas, apremios ilegales y violaciones” de los que tomó conocimiento mientras era fiscal entre 1975 y 1983. Estos argumentos consideraron el “mal desempeño” del juez, a quien se destituyó “en ausencia” en diciembre de 2011, porque Romano ya se había escapado a Chile.

Huyó para escapar del juicio político y también de la causa penal en su contra. Su defensora oficial designada, Estela León, presentó un recurso de queja contra la sentencia que lo destituyó. El 20 de mayo, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzzetti, Elena Higthon de Nolasco, Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Juan Maqueda el máximo tribunal confirmó la destitución del magistrado en una sentencia de unas veinte páginas. El tribunal explicó que las críticas hechas por el ex juez a la sentencia eran “insuficientes para demostrar, con el rigor que es necesario en esta clase de asuntos, que en este proceso eminentemente político de remoción de un magistrado se ha violado la garantía de la defensa en juicio”.

Otro argumento que utilizó Romano para intentar desacreditar la sentencia fue que para ser designado juez tuvo acuerdo del Senado de la Nación en 1994. Pero la Corte corroboró que, al prestarle acuerdo los senadores, se “desconocía las conductas que integran el objeto de este juicio” y que lo atribuyen como “partícipe necesario en delitos de lesa humanidad”. Romano fue imputado “por cargos definidos en base a una conducta descripta con precisión” y “tuvo las oportunidades procesales para ejercer su defensa mediante descargo, recusaciones y ofrecimiento de prueba”, explicaron los jueces del alto tribunal.

Hoy Romano se encuentra detenido en una unidad penal común de la provincia de Mendoza, tras ser extraditado en setiembre del año pasado desde Chile. Afronta un juicio en su contra junto con otros ex jueces federales por delitos de lesa humanidad.