Infojus Noticias

“En el Día Mundial de la Salud Mental, la Defensoría General de la Nación celebra los importantes avances dados por Argentina en la transformación del sistema de salud mental, y hace un llamado para que todos los actores involucrados redoblen los esfuerzos para sostener el efectivo goce de los derechos humanos de toda la población que requiera acceder a tratamientos en su salud mental”. Así comienza el comunicado que dio a conocer el Ministerio Público de la Defensa. Desde agosto de 2011, allí existe una “unidad de letrados” en salud mental, a partir de la decisión de la defensora general Stella Maris Martínez.

El cuerpo especializado está a cargo de Mariano Laufer, que aplaudió el principal cambio introducido por la nueva Ley Nacional de Salud Mental: desde fines de 2010, “las personas se aseguran que la Justicia les respete el derecho a ser oídas”, indicó a Infojus Noticias. Antes, era poco común que una persona internada contra su voluntad fuera asistida y visitada periódicamente por un abogado defensor, y más raro aún que ese letrado siguiera instrucciones de acuerdo a la preferencia y voluntad del internado. “Ahora el abogado puede plantearle al juez, a las autoridades de las instituciones o a los médicos, cómo mejorar el tratamiento que recibe el paciente y cuándo pedir la externación.

La normativa

La protección de los derechos del colectivo de pacientes del servicio de salud mental tuvo un avance sustancial a partir de la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que continuó con la sanción de la Ley nacional 26.657 de Salud Mental, y culminó su proceso normativo con la firma del decreto reglamentario 603/13, que apenas tiene cinco meses de vida. El sujeto social protegido por esas normas había sido históricamente marginado, ignorado y segregado, pero a partir de las nuevas pautas comenzó a ser oído y se lo volvió a reconocer como sujeto de derecho.

Con la nueva legislación, toda persona internada en forma involuntaria debe contar con un abogado, y su situación debe ser informada en el plazo de las diez horas a un juez que vele por la protección de sus derechos. Para acompañar a los pacientes, se puso en funcionamiento esta unidad especializada en la Defensoría General, que brinda la asistencia en forma gratuita. La ley 26.657 prevé un paulatino avance en lo que denominó la “desmanicomialización”, es decir, la internación como última opción, determinada por un equipo interdisciplinario y no por un juez.

La norma determina claramente la prohibición de construir nuevos hospitales psiquiátricos y la conversión de los que hoy están en funcionamiento en hospitales generales, que no se enfoquen exclusivamente en la salud mental. Este cambio de paradigma apunta a una forma de evitar la reclusión de los pacientes de servicios de salud mental, y a acabar con su estigmatización y aislamiento social. Se supone que el número de internaciones debiera ir disminuyendo gradualmente, y se espera que esos casos sean en su mayor parte voluntarios. La Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, va a contramano: crecen las internaciones –son más de doscientas mensuales- y son forzosas casi en su totalidad.

Esta semana se lanzó el programa que estaba previsto en la ley y en su decreto reglamentario. Un proceso participativo de elaboración de políticas articuladas en todo el país, tendientes a avanzar en la desmanicomialización y en las medidas de integración de los pacientes de servicios de salud mental. “Se invitó a muchas instituciones, y todas presentaron aportes y observaciones”, comentó Laufer a Infojus Noticias, y consideró que “era indispensable” llevar adelante el programa. “No se puede transitar semejante proceso de reforma integral de otra forma, porque se requiere un cambio cultural muy fuerte”, agregó.