Infojus Noticias

Manteros de la zona de Plaza Once denunciaron que la Policía Metropolitana robó su mercadería y otros elementos personales en los operativos ordenados por una jueza penal, contravencional y de faltas porteña. “Vinieron de madrugada y se llevaron todo”, relató Haydée García, una de las vendedoras ambulantes. La unidad fiscal que ordenó los operativos sostiene que la actividad de los vendedores ambulantes no está autorizada.

“Basta de robos. Somos trabajadores. Basta de allanamientos a nuestros hogares”, se lee en uno de los improvisados carteles que García y otros puesteros mostraron ante las cámaras de televisión. “El domingo rompieron la cadena de mi puesto y me robaron todo. Se llevaron la mercadería, pero también mis documentos, mi dinero y mis pertenencias. Justó había comprado yerba y azúcar y ni eso me dejaron”, contó la mujer a Infojus Noticias.

Haydée trabaja en Once desde hace casi cuarenta años. Muestra la foto de su nieta, que murió en Cromañón. Dice que Macri no le va a sacar lo que le queda. El Gobierno porteño no renueva su habilitación para vender en la calle desde 2006. Presentó todos los papeles y hasta envió notas a distintos funcionarios porteños. Conserva los comprobantes de cada trámite que realizó y una copia del amparo judicial contra la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.

La mayoría de los manteros que protestan recorren las calles vendiendo todo tipo de productos desde hace muchos años. Con orgullo, uno de ellos dice: “Yo soy busca desde los veintipico. No gano demasiado, pero me alcanza para engañar las tripas”. Promedia los 50 años y se presenta como “Loquillo”. Siempre vendió en esa vereda: sobre la avenida Pueyrredón, a media cuadra del cruce con Juan Domingo Perón.

Sentados alrededor de su puesto, conversan en otro idioma otros tres comerciantes. Son senegaleses. Fereri tiene 19 años. Hace cinco meses que llegó de Senegal para ganarse la vida. “A mí no me importa la plata. Todo lo que gano se lo mando a mi familia”, explicó a Infojus Noticias. Habla francés y se hace entender en español. Cuenta que tiene tres hermanas y cuatro hermanos. Que viven con sus padres en una casa muy chica y necesitan que él les mande dinero. Llegó a la Argentina en barco, junto a tres amigos. Vive con un amigo en un cuarto de pensión a una cuadra de la estación. Su amigo vende cinturones y él, billeteras.

“Macri = dictadura. En las madrugadas entran los policías y se roban todo. Basta de represión”. Es el cartel de Juan Carlos Saravia. Harto de perder sus cosas, acudió a la Defensoría del Pueblo de la ciudad. “Los abogados están viendo qué se puede hacer”, planteó. Y denunció que cuando allanan los puestos y decomisan la mercadería, los efectivos de la Metropolitana los obligan a desnudarse. “No creo que haya nada legal que los habilite a hacer eso”, agregó.

Según Saravia, son 700 familias las que subsisten de la venta ambulante en la zona. Sin embargo, aún no han logrado organizarse. Reclaman que los regularicen. “Hay proyectos en la Legislatura, pero este Gobierno no nos quiere”. Saravia propone que los inscriban en un registro.

“Organizaciones delictivas”

El fiscal Walter López, de la Unidad de Coordinación de Casos Complejos, es el que impulsa la causa por “organización de actividades lucrativas en el espacio público sin autorización”. Es una infracción del Código Contravencional, que prevé multas de hasta 30 mil pesos. El artículo 83 no dice nada sobre decomisos ni secuestros de mercadería, pero permite la venta ambulatoria “de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia que no implique una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido”.

La causa fue iniciada en febrero de 2013, pero recién en noviembre llegó a esa unidad fiscal. “Por eso en diciembre y enero tuvo mucho más impulso”, confirmaron fuentes judiciales a Infojus Noticias. A esa infracción se suma la de algunos puestos de diarios, que venden otra mercadería que la autorizada.

Algunos puesteros realizaron un corte ayer y hoy en la intersección de la avenida Pueyrredón y Perón, para protestar por el maltrato de la Metropolitana y porque se sienten perseguidos por el Gobierno porteño. Como respuesta, la fiscalía abrió otro expediente, esta vez por “obstrucción de la vía pública”.