Infojus Noticias

La titular del  Departamento de Interceptación de Captación de las Comunicaciones (DICOM), Cristina Caamaño,  dijo que la denuncia judicial por espionaje tiene “imprecisiones” sobre cuándo, dónde y cómo se habrían hecho las escuchas telefónicas. “Lo que estamos haciendo es justamente transparentar. Todas las interceptaciones telefónicas están basadas en una orden judicial”, afirmó la fiscal al detallar el impacto de la nueva ley de inteligencia, que sacó esa potestad de la órbita de la antigua Secretaría de Inteligencia.

 

La denuncia fue presentada ayer por las diputadas del PRO, Patricia Bullrich y Laura Alonso. Allí aseguraron que desde una oficina militar en Villa Martelli y una oficina ubicada en San Juan y Entre Ríos, en el barrio porteño de Congreso, se interceptaron las comunicaciones telefónicas de periodistas, empresarios y funcionarios judiciales. “No le veo color como denuncia, obviamente que como política pega, pero jurídicamente es como que una persona vaya y denuncie: me robaron el celular. La respuesta entonces es: ¿dónde? Y no sé, cuando abrí la cartera no estaba. Si no sabes quien fue, ni adónde. Eso se archiva automáticamente. Para que se pueda hacer una imputación concretamente contra alguien hay que tener el cómo, el cuándo, el dónde”, describió Caamaño a Infojus Noticias.

 

Por su parte, el juez a cargo de la denuncia que se radicó en Capital, Sebastián Casanello explicó a radio Vórterix que la denuncia no fue acompañada por ninguna prueba. Incluso, especificó que el listado de las personas que supuestamente fueron blanco de las escuchas tampoco fue adjuntado en la presentación. En relación a la publicación de las supuestas direcciones desde donde se realizarían las escuchas, Casanello expresó: “Dicho mal y pronto, es como ir a espiar y tocar el timbre”. El juez Emiliano Canicoba Corral, del fuero federal de San Martín, quien quedó a cargo de la denuncia presentada en provincia, de la que primero se excusó Sandra Arroyo Salgado, también afirmó que el listado no fue incluido en la denuncia.

 

Código Procesal

 

Caamaño señaló que “toda la descripción del hecho es lo que tiene que saber la persona imputada y para eso la denuncia tiene que estar bien hecha. Lo contrario es un archivo porque no se puede proceder, por unos incisos del Código Procesal. Si yo no sé quién, no sé adónde,  ni cuándo, no se puede proceder y se archiva. Se puede desarchivar o reabrir, cuando se aporta un dato”. 

 

A la fiscal también le llamó la atención que la denuncia  salga en los medios y en el Twitter de Patricia Bullrich, apenas después de ser presentada y antes de que se decidan medidas. La presentación se hizo ayer a través de un texto de tres carillas en el que las legisladoras invocan a un presunto ex agente como informante.

 

Un mecanismo transparente

 

Caamaño es responsable de Dicom que, hasta la sanción de la actual Ley de Inteligencia, funcionó dentro de la órbita de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) bajo el nombre de Observaciones Judiciales (Ojota). El traspaso de las interceptaciones fue uno de los puntos fundamentales de la nueva ley que entró en vigencia en julio pasado, disolvió la Secretaria de Inteligencia (SI) y transparentó el sistema de escuchas. El lugar donde está Caamaño es el único habilitado para realizar escuchas y en ningún momento fue nombrado en la denuncia.

 

Para Caamaño, tampoco pasa desapercibido que la denuncia haya sido precisamente sobre uno de los aspectos que se transparentó en el último tiempo, como es el de las escuchas. La transparencia del sistema buscó terminar con viejas prácticas. “Dejó de ser un lugar oscuro donde se podían hacer negocios personales. Porque por ahí un hombre quería saber qué hacía su novia, entonces pagaba y podía sacar la información por izquierda. Bueno, eso dejó de existir porque todo sale con una orden judicial. Está todo legal y es el único lugar de todo el país donde se pueden hacer escuchas legales”, reafirmó.

 

“Es un lugar sensible pero incluso acá ayer tuve una reunión donde vinieron todos los fiscales del interior del país, más de 25 fiscales, recorrieron el edificio, todas las semanas hacemos reuniones con periodistas, fiscales, jueces. A nosotros lo que nos interesa es justamente transparentar que lo que se está haciendo es recontra legal. Todas las interceptaciones telefónicas están basadas en una orden judicial”, detalló.

 

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