Infojus Noticias

Juan Pablo Bohoslavsky, doctor en Derecho, investigador de varias universidades y experto independiente de la ONU, volvió a poner en discusión a otro de los poderes que sostuvieron a la última dictadura: el Judicial. Su anterior libro -Cuentas pendientes, publicado junto a Horacio Verbitsky- analizó el rol de los distintos actores económicos. Su nueva publicación, ¿Usted también, doctor? (Siglo XXI), reúne 23 trabajos de abogados, juristas, sociólogos y politólogos y aborda un tema que comenzó a mirarse con detenimiento en los últimos años: ¿Qué hicieron los jueces, funcionarios judiciales y abogados entre 1976 y 1983?

“Hoy es muy claro que si los jueces no pueden ejercer sus funciones de manera independiente y estar del lado de las víctimas, porque hay un ejercicio omnímodo del poder, su deber es renunciar. Por eso, si el 25 de marzo de 1976 hubiera habido una renuncia en masa de los jueces y funcionarios judiciales seguramente la cosa hubiera sido diferente. La Junta Militar usó y usufructuó la legitimidad que le ofrecía la Corte Suprema y el resto del Poder Judicial. Era muy importante para ellos crear la pantomima de que había una Justicia en pie”, aseguró Bohoslavsky durante la entrevista con Infojus Noticias.

Uno de los capítulos –también el prólogo escrito por Baltasar Garzón- está dedicado al juicio que se sigue en Mendoza por los crímenes cometidos en el Departamento de Inteligencia de la provincia, el D2: “Es un juicio emblemático”, dice Bohoslavsky. Allí se está juzgando la responsabilidad de los ex jueces y funcionarios judiciales Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo y una treintena de ex policías y ex militares están acusados por violaciones a los derechos humanos de más de 200 personas.

-¿Hay antecedentes internacionales de enjuiciamiento al Poder Judicial?

-Desde Nüremberg, donde juzgaron y condenaron a jueces alemanes y algunos funcionarios del Ministerio de Justicia alemán que convalidaron la política de exterminio nazi, no se registró ningún otro juicio similar al de Mendoza. Es decir que desde 1948 hasta ahora no hubo juicios donde se juzgó a un sistema judicial como sucede en Mendoza, donde se evalúa cómo funcionaron en la práctica para garantizar la impunidad. Es emblemático para la Argentina y para el mundo.

-¿Por qué recién en los últimos años se empezó a abordar la complicidad judicial?

-Se abordó de una manera muy parcial y esporádica, pero el juicio en Mendoza lleva algunos años y también está el antecedente del ex juez federal Víctor Brusa, en Santa Fe. Es cierto que hay demora y creo que hay dos repuestas posibles: la primera es que nuestro conocimiento como sociedad sobre la importancia y magnitud del Poder Judicial en la dictadura fue limitada. En segundo lugar, y teniendo en cuenta que la purga del Poder Judicial en el ‘83 fue extremadamente limitada, era previsible que hubiera resistencia a que el rol del Poder Judicial se instalara en la agenda de memoria, verdad y justicia.

Cómplices militantes y complacientes banales

-¿Y qué es lo que pasó en el Poder Judicial?

-Hubo una capitulación generalizada de los deberes de los funcionarios judiciales. Debían proteger a las víctimas de los delitos y crímenes de lesa humanidad. Pero al hacer un análisis microscópico vimos que no todos hicieron lo mismo. Estuvieron los “cómplices militantes”, que son los que tenían una identificación ideológica con la Junta Militar y una animadversión contra las víctimas. Fueron capaces de tomar declaraciones a personas que eran torturadas o participaron de maniobras para disimular en las morgues judiciales que había cadáveres baleados, para hacerlos pasar por muertes naturales o blanquear la apropiación de niños. Pero la abrumadora mayoría fueron “complacientes banales”, los que por acción u omisión decidieron no indagar sobre las denuncias.

-¿Cuál fue el rol de los “complacientes banales”?

-Algunos quisieron creer que había algo parecido a un estado de Derecho, otros se excusaron en que necesitaban trabajar o en su ambición profesional. Esto se traslucía en indagaciones superficiales o en darse por satisfechos con las  contestaciones de forma que daban los comandos militares sobre las personas que se estaban buscando y no se encontraban en sus dependencias. A esta categoría corresponde la mayoría de los funcionarios judiciales de la época.

-Pero algunos sí tuvieron otro tipo de comportamiento.

-Fue un puñado de funcionarios judiciales los que cumplieron su rol de manera decente, independiente. Esto es: indagando sobre la suerte de las víctimas, ordenando allanamientos en algunos comandos. A algunos de ellos les costó la vida. En este grupo también su ubican los abogados de las víctimas, que presentaban habeas corpus y muchas veces eran delatados por los funcionarios judiciales.

-¿Qué implica para la sociedad entender este proceso en el Poder Judicial?

 -Contribuye a entender el proceso en toda su dimensión: no fue un proceso alocado de cinco militares genocidas sino que había una racionalidad y un plan económico y social. Detrás de cada asesinato existió una racionalidad que lo explica. Y el Poder Judicial ocupó un rol fundamental en ese juego. Por un lado, la Corte brindó un préstamo de legitimidad al aparecer como un poder independiente pero convalidaba todas las órdenes represivas y rechazaba miles de habeas corpus de un solo plumazo.

Purga limitada y pedido de perdón

-¿Por qué la purga en el Poder Judicial fue limitada?

-Fue muy limitada. Se removieron a los jueces de la Corte, que habían sido designados por la Junta Militar, al procurador general y a unos pocos jueces federales. En ese acuerdo participaron tanto la UCR como el peronismo y eso se ve claramente en el rol que tuvo (Vicente Leonidas) Saadi en el Senado, confirmando la designación de la inmensa mayoría de los jueces. Y de ahí en adelante no hubo proceso ni de purga ni de discusión sobre qué implica para un país mantener en su función a los mismos jueces que defeccionaron de manera colosal en sus funciones básicas (desde 1976 a 1983).

-¿Cuáles fueron esas funciones básicas?

-Estar del lado de las víctimas, de los grupos más vulnerables. La Conadep identificó -entre 1976 y 1979- 5487 hábeas corpus sólo en Capital Federal. Sólo un puñado fue admitido favorablemente. Cada uno de ellos es una historia en sí misma ¿Cuántas horas pasaba desde que se presentaba hasta que se rechazaba? ¿Cuáles fueron las indagaciones que se hicieron? Saber esto es importante para contestar una pregunta que formula Marcelo Alegre en el libro: ¿Estamos seguros de que los jueces de hoy son intrínsecamente diferentes a los que había en 1976? ¿Los jueces de hoy en un contexto similar actuarían de una manera diferente?

-¿Usted qué cree?

-La pista que ofrece el libro es que la dimensión axiológica de los funcionarios judiciales es clave. Su formación como abogados y después en las escuelas de capacitación judicial es clave para posicionarse firmemente frente al uso arbitrario del poder, tanto en un contexto democrático como dictatorial.

-¿Para qué puede servir, como usted plantea al final del libro, que la Corte Suprema reconozca el rol del Poder Judicial en la dictadura?

-Así como el Estado nacional reconoció su responsabilidad en el terrorismo de Estado, es importante que la Corte discuta y reflexione sobre ese rol. No sería algo inédito porque en 2003 la Asociación de Magistrados chilenos y la Corte chilena también hicieron este proceso. El pedido de perdón a la sociedad argentina por la capitulación casi total del Poder Judicial, en su rol de estar del lado del más débil y ser una muralla frente al uso arbitrario de poder demostraría que no da lo mismo cualquier cosa.

PW/RA