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Minutos antes de comenzar los alegatos en los tribunales de Comodoro Py, la ex interventora de la ex Entel María Julia Alsogaray y su gerente de entonces, Ricardo Jaime Fox, comentaban y corregían una carpeta con documentos. Están acusados de transferir irregularmente 241 hectáreas del Estado nacional en la localidad bonaerense de General Pacheco, en 1990. Después de seis horas de alegatos, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Fiscalía a través de Sabrina Namer coincidieron en pedir tres años en suspenso para Fox por el delito de peculado, aunque no pudieron decir por qué razón lo hizo. También pidieron su inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y la Fiscalía agregó una multa de 55 mil pesos. Tanto la OA como la Fiscalía pidieron la absolución de María Julia y del tercer imputado, Gustavo Albano Abreu, que firmó la escritura de los terrenos. El juicio continuará el martes que viene a las 10 con los alegatos de la defensa.

La fiscal sostuvo que los terrenos fueron vendidos como “chatarra”. Repasó cada una de las declaraciones de los testigos y destacó la del abogado Mariano Grondona hijo, que habló sobre los contratos firmados de Telecom. “Los terrenos fueron ilícitamente entregados a otros dueños”, sentenció Namer.

“No fue voluntad del imputado subsanar ningún defecto del contrato”, dijo Namer sobre Fox. Y cuestionó que con un cargo tan importante se metiera en las moficaciones de último momento del contrato con las transferencias del terreno. También dijo que espera que el tribunal tenga en cuenta “los graves perjuicios económicos” que le costó al Estado nacional su maniobra ilegal, dijo Namer mientras tomaba agua mineral.

Antes de la exposición de Namer, alegó la OA a través del letrado Juan Carlos Duré que desarrolló un análisis normativo que explicó las distintas adjudicaciones y contratos de las prestatarias de zona sur (Telefónica) y norte (Telecom). A través del mapa original de los terrenos, Duré explicó la división del lugar: una zona afectada al servicio de la ex Entel, Radio Nacional y una tercera parte libre. Algo de esto se comprobó en la inspección ocular que hicieron los jueces y las partes a mediados de junio, cuando fueron a conocer los terrenos. Las hectáreas transferidas no pudieron visitarse porque ahora pertenecen al exclusivo barrio privado Santa Bárbara. Duré explicó que por un decreto presidencial, la ex Entel sólo podía transferir activos propios.

El juicio comenzó a principios de junio y unos 60 testigos declararon ante los jueces José Martínez Sobrino, Patricia Mallo y Juan Giudice Bravo y está previsto que hoy finalicen ambos alegatos. La ex funcionaria es juzgada junto a Ricardo Jaime Fox, quien trabajó como gerente de contralor y auditoría de la ex ENTel, y Gustavo Albano Abreu, representante del Estado que firmó la escritura de los terrenos a principios de los ‘90.

En su alegato, Duré apuntó siempre contra Fox: "El apartamiento de los bienes que eran patrimonio del Estado y no debieron haberse transferido. Se estaba afectando el servicio de radiodifusión. También se benefició ilegalmente a los futuros dueños de los terrenos y se alteraron los términos de una licitación y se modificó un contrato un día antes de la firma"."Las antenas que se trasladaron nunca funcionaron. Los dijeron dos testigos y está en el expediente", dijo. También expuso el contenido del acta que firmó Fox.

Duré apeló a los dichos de Fox en su indagatoria. Al principio del juicio, en junio, Fox había negado todos los cargos. "Lo más importante me parece es lo que declaró, sobre que 'era obvio que había participado de las discusiones' sobre las transferencias. Fox es la única persona que encontramos vinculada al tema del inmueble", argumentó.

Durante las dos horas del alegato de la OA, el imputado Abreu se acomodó en su silla y se quedó dormido. Se despertó y de buen humor cuando escuchó la absolución. En cambio, Fox y María Julia escucharon atentos durante toda la audiencia e intercambiaron algún que otro comentario, en disidencia con lo que decía la querella. Después todas las partes fueron a comer al restorán del noveno piso de Comodoro Py, pero en mesas separadas.

Las tierras de Pacheco fueron adquiridas por el Estado en 1948 para afectarlas a la empresa de correos y teléfonos. Con la privatización una parte debían quedar en manos privadas y otra "importante fracción en manos del Estado", según acusó la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa. En la actualidad una parte de esos terrenos, ubicados a la vera de las vías del ferrocarril Mitre y ruta 197, están en manos de la Armada.

Cuatro condenas

Alsogaray ya tiene otras tres condenas, pero no están firmes porque están apeladas en instancias superiores. En  2004 fue condenada a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito a raíz de la cual ya estuvo detenida y la justicia remató su petit hotel de cuatro pisos en el barrio de Recoleta para restituir al Estado la suma de 3,2 millones de pesos.

En abril del 2013 fue condenada a cuatro años de prisión por actos de corrupción en contratos que firmó como secretaria de Recursos Naturales con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En el tercer juicio –también el año pasado- fue absuelta en una causa por defraudación en el Plan de Manejo del Fuego, también cuando fue secretaria de Medio Ambiente.

La cuarta condena se remite a abril de este año, el TOF 6 – con otra composición de jueces- la condenó a cuatro años por el delito de administración fraudulenta, también en el marco de su gestión en la ex ENTeL.