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La jueza María Gabriela Lanz se enamoró del español Valentín Temes Coto. Ese amor fue más fuerte que las pruebas judiciales en su contra, que lo ubicaban en la cima de una organización criminal que intentó traficar cocaína a España. La operación fue conocida como “Manzanas blancas”: los 3350 kilos de droga iban ocultos en cargamentos de manzanas. Tan fuerte fue su amor que quedó imputada en una causa por lavado de dinero, que fue la que le sucedió a la condena a 20 años contra Temes Coto por “contrabando simple agravado”.

La causa se inició en junio de 2010. Comenzó en el mismo momento en el que interceptaron un embarque de 1600 kilos de cocaína en el puerto. Otro cargamento similar fue atrapado en Brasil. Ambos cargamentos estaban ocultos en cajones de manzana de Frutol SRL, la empresa que encabezaba Temes Coto, que fue condenado en diciembre pasado.

Tal fue el amor de Lanz –titular del Juzgado Criminal de Instrucción 42- por el empresario español que intentó evitar esa condena y para eso se propuso como testigo. También se ofreció como garante para que su novio pudiera salir en libertad durante el juicio pero ese pedido fue rechazado.

"Lamento que Valentín no haya realizado la denuncia formal (en su momento), me atormenta no haberle dicho que lo haga ya que tengo la convicción de su inocencia", dijo Lanz ante sus pares del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de la ciudad de Buenos Aires. Intentaba, en ese junio de 2013, frenar la condena que se avecinaba. Criticó al juez que hizo la instrucción Jorge Brugo y dijo que estaba junto a Temes Coto el 11 de junio de 2010, cinco días antes de que fuera incautada la droga.

La jueza declaró que estaban pasando un fin de semana juntos y lo notó inquieto. “Él le explicó que había recibido un llamado de Oscar Fresno (encargado de logística de su empresa Frutol) sobre ‘una imagen sospechosa que había aparecido en el scanner’", según publicó el diario Río Negro.

Según el relato, Temes Coto llamó a su socio, Nelson Hinricksen, y a Claudio Maidana, que era el capataz de la empresa –ambos condenados a 15 y 13 años, respectivamente- y se reunieron en un restaurante en Pilar. "Valentín me decía que era difícil su comunicación con Hinricksen por una cuestión de estilos, y que un interlocutor adecuado para hablar con éste último era Maidana", explicó Lanz al intentar defender a su amado.

Para el fiscal Eduardo Funes, los tres condenados “encarnaron roles fundamentales de la cadena del narcotráfico, acondicionamiento y transporte, permitiendo la ejecución de una maniobra, con ribetes transnacionales, de características gigantescas”.

A esa causa por contrabando de drogas se le sumó otra por lavado del dinero producido por esa actividad ilícita. La impulsó en noviembre del año pasado el fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff para intentar desentrañar qué personas habrían participado en la "canalización de capitales ilícitos en el mercado de curso legal". La denuncia fue presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y está apoyada en reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La denuncia surgió a partir del análisis de las constancias incorporadas a la causa. Allí observaron que existía una “mecánica criminal” que incluyó la “utilización de terceras personas (parientes, cónyuges, amistades) y sociedades pantallas creadas al efecto”, detalló el portal fiscales.gov.ar.

Sobre esa base, el fiscal Guerberoff pidió que la jueza Lanz sea citada a una declaración indagatoria. Pero no fue la única. También solicitó que citen a otros 30 imputados entre los que se encuentran Valentín, Lorenzo y Cristina Temes Chao (hijos de Temes Coto) y su ex mujer Flora Chao Durán.

Ese procedimiento habitual en una causa por contrabando –buscar las posibles pantallas para el lavado de dinero en el círculo cercano de los imputados de contrabando- le resultó inhabitual a la jueza Lanz. Por eso denunció a Guerberoff y al titular de la Procelac, Carlos Gonella, ante el juez federal Claudio Bonadio. Los acusó de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secretos.