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Después de seis horas de debate la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley de “defensa de la libertad de expresión”. Fueron 35 votos positivos, 18 negativos y 4 abstenciones. La ley fue votada por los bloques del PRO, Bases para la Unión, la Coalición Cívica, la UCR, y el legislador Julio Raffo, presidente del bloque de Proyecto Sur. La iniciativa estuvo basada en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que impulsó el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

 

La sesión estuvo marcada por fuertes discusiones entre el bloque del PRO y los bloques del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Buenos Aires para todos y los otros cincos legisladores que integran el bloque de Proyecto Sur. El legislador Raffo defendió el proyecto que propuso como presidente del bloque de Proyecto Sur, pero que no fue acompañado en la votación por los legisladores que lo integran. 

 

La legisladora del Frente para la Victoria María José Lubertino señaló que la creación de un tribunal especial “nos retrotrae al Medioevo”, porque crea un espacio jurídico exclusivo para una corporación. Lubertino también criticó al proyecto de ley porque pretende “escindir a la ciudad del gobierno nacional en cuanto a la aplicación de leyes federales. Eso es inadmisible.” En respuesta Helio Rebot aclaró que las únicas leyes que no regirán son las específicamente sancionadas para los medios de comunicación.

 

Los diputados del PRO insistieron en la idea de que hay amenazas a la libertad de expresión en la ciudad. Moscariello se refirió a una “crisis de la libertad de expresión que tiene que acabar de una vez por todas”. Martín Ocampo se refirió a la necesidad de garantizar la libertad de expresión en la ciudad, “es una ley que es un mecanismo novedoso, bueno, eficaz no solo para garantizar la libertad de prensa sino para ejercer la autonomía de la ciudad”, dijo en su intervención.

 

El legislador Juan Cabandié, del Frente para la Victoria, afirmó que la ley “es un avasallamiento a la carta Magna, incluso podría decir que es un acto de sedición. Por ejemplo, Clarín podría ir a la justicia para no cumplir con la prohibición de publicar avisos del rubro 59”. “La libertad de expresión está garantizada por la Constitución Nacional”, enfatizó. 

 

Aníbal Ibarra expresó que el proyecto de ley “expresa en forma explícita un acuerdo político entre grupos mediáticos de la Argentina y sectores partidarios”.  Ibarra comparó los artículos del DNU con los de la ley para demostrar que la mayoría de ellos se mantuvieron idénticos. Ibarra también cuestionó que se tomaron artículos de pactos internacionales de libertad de expresión pero se los modificó haciéndolos más restrictivos como en el caso de la eliminación de la palabra “particulares” en el artículo 14 tomado de la Convención Americana de los Derechos Humanos que originalmente dice “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas”.

 

Cuando fue su turno, el diputado Selser, del Partido Socialista Auténtico que integra Proyecto Sur, dijo que “la verdadera sombra sobre la libertad de expresión en la ciudad es la impunidad de la conducta de la policía metropolitana contra periodistas, enfermos y trabajadores en el hospital Borda. La amenaza a la libertad de expresión en la ciudad de Buenos Aires se llama Mauricio Macri”.

 

Pese a que el proyecto fue una propuesta del legislador Julio Raffo, Rafael Gentili del mismo partido, dijo que no estaba de acuerdo con que “se siga postergando la ley de medios que nosotros como Proyecto Sur votamos”.

 

La legisladora María América González, de Buenos Aires para todos-FAP, llamó la atención sobre la situación en la que quedan los trabajadores de prensa. “La empresa puede despedir a todos los trabajadores, pero ellos no podrán hacer efectivo ningún tipo de reclamo”, en referencia a que la ley protege a los medios con sede en la ciudad de la ejecución de deudas. 

 

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, después de defender el proyecto de ley, dijo: “También agradezco a los compañeros de Córdoba que comparten esta locura”, en referencia al decreto 525 firmado por De la Sota que ayer fue convertido en ley por la legislatura de la provincia de Córdoba.

 

La ley entrará en vigencia el día de su publicación.