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La Legislatura cordobesa ratificó anoche el Decreto 525, enviado por el gobernador José Manuel de la Sota con el que pretende «garantizar la libertad de expresión y de prensa». 
La norma fue aprobada con los votos del bloque oficialista de Unión por Córdoba (UPC); de la Unión Cívica Radical (UCR) y de Consenso Córdoba (Rubén Borello). Lo rechazaron el bloque del Frente Cívico y los kirchneristas que integran la bancada oficialista de UPC, Fernando Salvi y Héctor Muñoz.

 “Es una réplica del Decreto que dictó Macri –afirmó el legislador Fernando Salvi en comunicación con Infojus Noticias - y lo mandaron a la Legislatura simplemente para ratificarlo. La libertad de prensa está garantizada por la Constitución Nacional y la Ley de Medios Audiovisuales”, agregó.

El texto de la ley remite a “la tradición cordobesa de respeto absoluto a las libertades de prensa y de opinión (…) lo que permitió que en estas tierras se desarrollaran libremente y sin condicionamientos de tipo alguno emprendimientos periodísticos (…) siendo hoy todo el territorio provincial un claro ejemplo de pluralidad, convivencia, libertad e independencia en esa materia”.

“Esta ley es un hecho político para congraciarse con el Grupo Clarín. – Dijo Salvi- durante el 2012 se gastaron 600 millones de pesos en pauta oficial. De los cuales el 80 por ciento se repartió entre Cadena 3 y el grupo Clarín”.

Los legisladores que responden al oficialismo provincial, argumentaron ayer en la sesión que duró casi tres horas, que “ante un riesgo cierto e inminente, nuestro gobernador actuó con responsabilidad y rapidez, con decisión y firmeza, con compromiso por la libertad de expresión”. Se referían a los rumores que circularon sobre una intervención al Grupo Clarín y a la expropiación de Papel Prensa.  

En el mismo día que se declaró el 29 de mayo como “Día de las Luchas Populares” en conmemoración al Cordobazo, la legislatura cordobesa votó, entre otros artículos, el que  prohíbe “en todo el territorio de la Provincia de Córdoba el despacho y/o ejecución de actos administrativos cualquiera sea la autoridad de la que emane, que dispongan la intervención, desapoderamiento, designación de administradores y/o veedores, restricción y/o control en forma directa o indirecta, sea de medios de comunicación en la Provincia de Córdoba, sea de las participaciones sociales que los integran cualquiera sea su naturaleza”.

El diputado del Frente para la Victoria por Córdoba, Fabián Francioni, había declarado, frente a la noticia del DNU: “De la Sota se burla de los cordobeses. Fue el primero en cercenar la vigencia de la pluralidad de voces clausurando las cinco antenas de la Televisión Digital Abierta para favorecer el negocio del Grupo Clarín, al permitir que con esas clausuras las únicas operadoras de las señales de televisión sean las de Cablevisión”

En el mismo sentido, el legislador Salvi dijo a Infojus Noticias: “Habla de libertad de expresión y le quita a los que menos tienen por eso clausuró las antenas digitales. Es un gobernador que ha tenido en el pasado diferentes causas por calumnias a periodistas y quienes tenemos una opinión distinta no somos escuchados por los medios de Córdoba”.

El decreto de De la Sota tenía menos artículos que el firmado por Mauricio Macri. Refiere, casi exclusivamente, que las decisiones que conciernen a los medios en la provincia solo pueden ser materia de decisión por autoridades judiciales y administrativas cordobesas. La ley dice, citando a la Constitución Nacional: ““Las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno Federal", resulta indubitable que en materia de Libertad de Expresión, Opinión y Prensa, en todo lo que no haya delegado a la Nación, la Provincia de Córdoba tiene potestad legislativa absoluta, exclusiva y originaría, no pudiendo el Estado Federal inmiscuirse con disposiciones o normas que controviertan las locales”.