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El teatro Cervantes fue el escenario en el que esta semana se realizó el II Congreso Jurisdicción Universal en el Siglo XXI organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), presidida por el ex juez español. El encuentro fue la presentación, tras dos años de debate, de los Nuevos Principios de Jurisdicción Universal para obtener una formulación consensuada de este mecanismo de protección de las víctimas de crímenes de lesa humanidad o guerra, genocidio y de las nuevas fórmulas de criminalidad económica o medioambiental.

Entre los expertos invitados hubo representantes de decenas de países y temáticas de la talla de Julián Assange y Rigoberta Menchu. Durante el panel de apertura Garzón recordó que la primera vez que estuvo en el Cervantes fue en 2005 y que entonces estuvo acompañado de dos mujeres: Cristina Fernández de Kirchner y Estela Barnes de Carlotto. En diálogo con Infojus Noticias contó que cree que desde entonces las figuras de ambas “se han agrandado inmensamente”.

Con una sonrisa, brillo en los ojos, y una familiaridad alejada de protocolos y formalismos afirmó: “Estela es para mí como una madre, no digo como una abuela porque soy ya abuelo yo también, y aparte amiga. Hemos trabajado juntos con mucho esfuerzo. Es admirable el trabajo que hace y esa fortaleza que representa”, completó. “Y a Cristina Fernández de Kirchner la conocí porque fue mi conductora en mi primera visita a la ESMA en ese 2005 y al día de hoy dirige los destinos de este país. Creo que el esfuerzo, la fortaleza y la claridad en el discurso y en la defensa de esos valores, que representan la esencia de la democracia, están fuera de toda duda, y la representan como ninguna otra persona”, afirmó.

Con más de 32 años de experiencia como magistrado, especializado en lesa humanidad, narcotráfico, criminalidad económica financiera y lavado de activos, Garzón fue el perfecto anfitrión de las dos jornadas del Congreso. Explicó que el significado de este encuentro “transversal” fue reunir a toda una serie de expertos, conocedores, prácticos y operadores jurídicos, pero también referentes de la sociología, psicología.

“Para que pongan en común experiencias y esas reflexiones dirigidas a ver lo que hemos obtenido, lo que se está obteniendo y lo que queda por hacer. Ese es el sentido”, resumió. Y también resaltó a quienes estuvo dirigido el encuentro, que fue “abierto al público en general, participativo, nada elitista, nada cerrado. Nada a que no sea esa participación que se ha seguido también en el formato de confección de los nuevos principios de la Jurisdicción Universal”, detalló. “No hemos buscado la academia solo, sino la participación y hacerlo en una forma lo más comprensiva posible”, agregó.

La historia cambió

En la actualidad Garzón pasa gran parte de su tiempo en Argentina, “contribuyendo en mi pequeño esfuerzo a que esta lucha por los derechos humanos, esta línea de acción de una política integral de derechos humanos vaya cada vez consolidándose más”, explicó.

A cargo del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos que depende del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, cree que “cualquier país puede tener los problemas más grandes del mundo, pero son fundamentales las políticas de defensa de los derechos de protección social, de protección de la sociedad, de tratamiento igualitario, porque eso es lo que da coherencia y cohesión a un pueblo. Es lo que lo sustenta para el futuro”.

Su convencimiento no es nuevo. Cuando promediaban los ‘90 aplicó los principios de la Jurisdicción Universal para juzgar en España los delitos de lesa humanidad ocurridos en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar. El 2 de noviembre de 1999 procesó al marino Adolfo Scilingo y otros 97 argentinos, entre los que figuraban varios miembros de las Juntas Militares, todos ellos acusados por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos entre 1976 y 1983. Habían pasado dos años desde que Scilingo viajó voluntariamente de Buenos Aires a Madrid para confesar ante Garzón su participación en los ‘vuelos de la muerte’.

En abril de 2005, Scilingo fue condenado a 640 años de prisión tras ser juzgado por los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 y, tras haberse probado su responsabilidad en la muerte de treinta personas y una detención ilegal seguida de torturas. Dos años después, al comprobarse su complicidad en otras 255 detenciones ilegales, el Tribunal Supremo español elevó la condena a 1084 años. Cuando comenzó el proceso para Garzón era inimaginable que Argentina juzgara a sus genocidas. “Era una situación muy adversa. No había esa visión que transmite a los ciudadanos, esa seguridad, esa tranquilidad en el presente y en el futuro, cuando se ve un conjunto de políticas bien dirigidas y sobre todo con convicción de defensa de valores esenciales y de recuperación de esos valores”, resumió.

“Eso comenzó a ocurrir desde 2003 con Néstor Kirchner y por tanto han contribuido definitivamente a consolidar lo que era la lucha de los movimientos ciudadanos y las victimas y que nunca, nunca, cejaron ese esfuerzo”, detalló. El balance de los avances en materia de derechos humanos es para Garzón “claramente positivo”.

La derogación de las leyes de impunidad y el comienzo de los juicios contra crímenes de lesa humanidad marcaron el comienzo y el rumbo, para él. “Evidentemente el avance de la justicia en la búsqueda de esa verdad judicial a través de los juicios, no solamente limitados a lo que son los perpetradores directos sino también a las tramas económicas que hay detrás o que sirvieron para posibilitar ese accionar delictivo, es importantísimo. Y ese esfuerzo creo que se tiene que continuar haciendo hasta que consigamos cerrar ese ciclo donde realmente es lo que va a dar fuerza al margen de la ideología de cualquiera. Porque esto es una cuestión de esencia democrática”, concluyó.

CD/RA