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La discusión está centrada en un punto clave: la atribución de pedir la apertura del secreto bancario, fiscal y bursátil de empresas y organismos públicos. Esa posibilidad, que permitiría conocer la ruta del dinero de quienes se beneficiaron económicamente con la última dictadura, fue cuestionada abiertamente ayer por el radicalismo durante la reunión de asesores de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Se trata de la facultad que provocó más reacciones del proyecto de ley de creación de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas.

Las críticas están centradas en uno de los puntos del artículo  séptimo y buscan sostener la defensa del secreto bancario, fiscal y bursátil pese a que se estarían investigando delitos. Allí parece resumirse toda la tensión que provocó el proyecto, que permitiría crear un cuerpo legislativo que elabore un informe sobre al consecuencias de las políticas económicas, financieras e industriales del golpe de Estado de 1976. Eso incluye identificar también a los actores económicos y técnicos que contribuyeron con el golpe de Estado y el sostenimiento de la última dictadura, que comenzó en marzo de 1976.

El problema no está en que la Comisión Bicameral podrá requerir informes “a todos los funcionarios” del Ejecutivo nacional, de sus organismos dependientes, de entidades autárquicas y de las fuerzas armadas y de seguridad. Ni que esos mismos informes podrán ser exigidos a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. El problema está en el tercer párrafo del artículo séptimo que dice que “en ningún caso será oponible a la Comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad”.

El resto del texto, que presentó el diputado Héctor Recalde y que se sumaría a otro de Carlos Raimundi, no genera mayores tensiones: crea la comisión, establece su composición –cinco diputados y cinco legisladores respetando la representación política de ambas cámaras- y plantea los plazos para la elaboración y publicación del informe.

“La Comisión deberá instar a quienes determine como cómplices económicos de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de reparación de daños causados a interesa o derechos individuales o colectivos, lo que en ningún caso extinguirá las acciones judiciales”, agrega el artículo sexto.

También, antes de su disolución, la Comisión deberá formular denuncias judiciales si advierte la comisión de algún delito.

La iniciativa que por estas horas se discute en Diputados va en el sentido del informe “Derechos Humanos, Economía y Sector Financiero”, que elaboró la Comisión Nacional de Valores (CNV), que encabeza Alejandro Vanoli. Allí se detallaron las maniobras de los civiles –economistas, contadores y abogados- que estuvieron detrás del brazo armado y garantizaron la modificación de la estructura económica y la rapiña empresaria.

Uno de esos casos es el del empresario Eduardo Saiegh, quien fue secuestrado el 31 de octubre de 1980 por la División Bancos de la Policía Federal. En ese momento era vicepresidente y acreedor mayoritario del Banco Latinoamericano de Inversión (BLI). Lo torturaron durante una semana en la sede del Banco Nación, lo obligaron a confesar delitos que no había cometido e intervinieron la entidad bancaria que había fundado cinco años antes.

Pero ese no es el único caso. Existen causas contra varias empresas donde fueron liquidadas sus comisiones internas o abogados laboralistas y eso permitió la mejora sustancial de sus ganancias, como ocurrió con Loma Negra: redujo sus costos laborales en un 53 por ciento a partir de marzo de 1977, según la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC). Esos resultados se dieron en el marco de la persecución al movimiento obrero y coincidió temporalmente con el asesinato de Carlos Moreno, abogado de los trabajadores de la cementera.

El avance del análisis –y también las causa judiciales- sobre las relaciones económicas de la última dictadura es uno de los temas que tienen en agenda algunos grupos empresarios. Temen a las condenas penales pero más a las demandas civiles que podrían derivar en indemnizaciones. Es que en muchos casos los responsables fallecieron o ya no están en las compañías nacionales o internacionales como Ford, Mercedes-Benz, Loma Negra, Astilleros Astarsa y Las Marías, que analizaron y analizan -en intercambios más o menos formales- el curso de las distintas causas.