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El Tribunal Oral Federal 1 aceptó un pedido de una de las querellas y amplió los delitos contra cuatro de los ocho marinos en el juicio que juzga el accionar de la Armada en la zona portuaria y fabril de La Plata, Berisso y Ensenada. Según confirmaron a esta Infojus Noticias fuentes de la causa, es la primera vez que un jurado acepta agregar nuevas víctimas —con las pruebas de sus secuestros y desapariciones aparecidas durante las audiencias— que no estaban incluidas como tales en la clausura de la investigación preliminar. Es decir: que no habían llegado a juicio.

Por otro lado, hubo un inconveniente entre los testigos convocados por la defensa de Carlos José Ramón Schaller, jefe de la zona Río de La Plata de la Prefectura Naval. Roque Jacinto Medina es el portero del edificio donde vive el marino hace 42 años. “Como persona es excelente”, dijo. Pero comenzó a trabajar en ese edificio en 1981, cinco años después de los hechos por los que se lo está juzgando. También hubo problemas con un testigo pedido por la defensa de Roberto Guitian. Cuando lo consultaron, Argimiro Luis Fernández dijo que sentía “un gran respeto” por varios de los acusados. Cuando le preguntaron qué hacía en esa época, no dudó: “Fui comandante del BIM 3 en 1977”, respondió. Los jueces lo frenaron para deliberar. Después suspendieron su declaración.

“El Batallón de Infantería de Marina N°3 ha sido mencionado como un lugar vinculado a los delitos que se investigan, y usted era comandante. Tenemos la obligación de suspenderla por su garantía constitucional de no autoincriminarse”, dijo el presidente del jurado, Carlos Rozanski. El testigo que mayor expectativa había provocado, en tanto, faltó a la cita: Raúl Kraiselburd, el director del diario El Día. El empresario de los medios fue desistido “por expreso pedido de mi cliente”, explicó el abogado de Guitian.

Por varias razones, la probable asistencia de Kraiselburd había movido el avispero. El clan de los Kraiselburd, que conduce el multimedios más influyente y poderoso de la capital provincial, se ha visto envuelto en más de un episodio de violencia durante la década del ’70. Asumió la dirección del periódico en junio de 1974 en lugar de su padre David, que fue secuestrado y asesinado por un grupo de la organización Montoneros. No fue la única pérdida que sufrió. En 1976 fue secuestrado y asesinado por delincuentes comunes su pequeño hijo de dos años, David Kraiselburd, y sus restos nunca fueron hallados. En ese mismo período su suegro Baldomero Valera fue secuestrado por la dictadura, al igual que su cuñada Patricia Valera.

En la audiencia del lunes pasado, Herminia Elena y Fernando Miguel Galván, dos hermanos, testificaron como su padre Miguel Orlando Galván Lahoz, un abogado laboralista, había sido asesinado por el BIM 3 junto a su socio Roberto Pampillo, el 19 de octubre de 1976, en su estudio del centro platense. Al día siguiente, el operativo apareció en las páginas de El Día. Se informaba que en un “enfrentamiento” habían sido “abatidos” dos delincuentes subversivos. En el artículo agregaba que en el departamento atacado estaba la mujer de Galván, un dato que recién rectificaron en la edición del día siguiente. Lo raro fue que la mujer tenía pensado ir al estudio pero no lo hizo por un contratiempo menor: no le gustó como le quedaba la pollera que había comprado para la ocasión. Eso le salvó la vida y develó algo más importante: que eran sometidos a Inteligencia y que el operativo o el artículo estaban preparados antes de su consumación.

En el banquillo de acusados están el ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek; el ex comandante de la Fuerza de Tarea 5 (FT5), Jorge Alberto Errecaborde; el ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5, Juan Carlos Herzberg y el ex comandante del BIM 3, José Casimiro Fernández Carró. También están imputados los ex jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca y el oficial Eduardo Antonio Meza.

Nuevas víctimas

Después de un cuarto intermedio, la querellante por la Unión por los Derechos Humanos de La Plata tomó la palabra para pedir la ampliación de la acusación por tres casos. “Las víctimas y los familiares deben dejar ese rol de testigos, que cada vez les es más difícil de sobrellevar. Y a nosotros cada vez nos cuesta más generar esa exigencia de recordar sobre ellos”, argumentó la abogada Guadalupe Godoy.

A través de pruebas que habían surgido en el debate, testimonios e informes de la ex DIPPBA, la querella había colectado pruebas para incluir otras víctimas en el juicio. Reyna Ramona Leguizamón fue asesinada por el BIM 3 en un secuestro junto a Marta Cáneva, ambas delegadas del frigorífico Swift. El cuerpo de Reyna fue dinamitado y apareció en Magdalena, y se pudo reconocer por las huellas dactiloscópicas de una mano, que pudo ser encontrada. Cáneva fue torturada y sobrevivió para contarlo a su familia, aunque murió en 1979.

Los jueces Carlos Rozanski y Álvarez, por mayoría, aceptaron las acusaciones contra José Casimiro Fernández Carró y Roberto Eduardo Fernando Guitian por privación ilegítima de la libertad (PIL), aplicación de tormentos y homicidio calificado sobre Reyna Leguizamón, y por privación ilegal y tormentos sobre Cáneva.

Además, aceptaron juzgar por los mismos delitos contra Schaller y Eduardo Antonio Meza —PIL y tormentos— sobre Ángel Oscar Revoledo, que testificó por primera vez en este juicio desde Suecia, y además de hacerlo por su hermano desaparecido, Mario, relató su propio cautiverio.

LB/RA