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El juzgado en lo contencioso administrativo Nº 1 de La Plata prohibió el ingreso de nuevos cadáveres en la morgue judicial y puso un plazo de 10 días hábiles para la elaboración de un informe sobre el funcionamiento del predio. La medida que firmó el juez Luis Arias fue en respuesta de un habeas data que presentó el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Ayer se ordenó el pase a retiro de diez comisarios generales de la policía bonaerense, entre ellos Pablo Daniel Vázquez, ex titular de la Superintendencia de la Policía Científica que estuvo a cargo del recuento de cadáveres durante la inundación en La Plata de 2013, y Jorge Nasrala, que era el superintendente en funciones judiciales a cargo de la comunicación entre la Policía y Poder Judicial en ese momento.

La resolución judicial reconoce que “se advierte prima facie la existencia de irregularidades en el funcionamiento de la morgue policial respecto del tratamiento de los cadáveres allí alojados”, y establece que en un plazo de 10 días hábiles se produzca un informe que deberá contener el detalle de toda la normativa y protocolos vigentes que regulen los procedimientos para el ingreso, rotulación, documentación, disposición, y entrega de cadáveres en las morgues policiales de la provincia de Buenos Aires y los  requisitos, especialmente los de orden sanitaria, que se exigen para permitir el funcionamiento de una morgue en la provincia de Buenos Aires.

La orden del también dictó que se deberá definir “el órgano con competencia para expedir dicha habilitación; constancia del o los actos administrativos mediante los cuales se habilitó el funcionamiento de la morgue policial de La Plata” e indicar “si se realizaron controles sobre el aspecto sanitario y de gestión de cadáveres en la morgue policial de La Plata, debiendo acompañar sus resultados”. 

Como medida cautelar, la orden del juzgado 1 dispuso “la inmediata prohibición de nuevos ingresos de cadáveres, óbitos y vísceras en la Morgue Policial “Roberto Ciafardo” sita en calle 72 y 137 de la Ciudad de La Plata, debiendo los mismos ser remitidos a la morgue de la Asesoría Pericial o morgues policiales de otros departamentos judiciales”. En el documento también se le pide al Ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados que se abstenga de alterar o modificar los elementos existentes hasta tanto se dicte sentencia.

El habeas data colectivo del CIAJ fue elaborada también “en memoria de aquellos detenidos- desaparecidos durante la última dictadura militar Argentina, cuyos cuerpos violentados, en muchos casos pasaron por la morgue policial, para garantizarle la impunidad a torturadores y asesinos”.

Para el juez Arias los mayores errores se cometieron durante las primeras horas de la tragedia, cuando, según dijo a Infojus Noticias,“los fiscales (Juan Cruz Condomí Alcorta estaba de turno ese día) delegaron el 95% de la investigación en la Superintendencia de la Policía Científica, a cargo del comisario Pablo Vázquez y el comisario Carlos Jaime, delegado Departamental en La Plata”.

Ayer la conformación de la cúpula de la policía bonaerense fue modificada al crear la Subcoordinación General Operativa y la Superintendencia de Comando de Prevención Comunitaria. El anuncio lo hizo Granados y el Superintendente General de la Policía, Hugo Matzkin, que informaron también el pase a retiro de diez comisarios. Entre ellos Vázquez y Nasrala, que tuvieron roles fundamentales durante el recuento de cadáveres durante la inundación del 2 y 3 de abril de 2013.

El juez Arias comunicó hace una semana que en total son 89 las personas que deben ser oficialmente reconocidas como víctimas fatales de la inundación. Arias lo hizo a través una resolución de más de 190 fojas donde también constan otros casos en los que no se determinaron pruebas para enunciar si esas muertes podrían estar vinculados a la catástrofe