Infojus Noticias

A casi un año de una de las peores tragedias ocurridas en la ciudad de La Plata, el juez en lo contencioso administrativo Luis Arias señaló que en total son 89 las personas que deben ser oficialmente reconocidas como víctimas fatales de la inundación del 2 y 3 de abril de 2013. Así lo dio a conocer esta tarde a Infojus Noticias mientras firmaba en su despacho la resolución de más de 190 fojas, donde también constan otros 16 casos en los que el juez no cuenta con prueba suficiente para determinar si estos fallecimientos podrían estar vinculados a la catástrofe climática.

El juez además ordenó a las autoridades del Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires que -en un plazo de cinco días- rectifiquen los datos erróneos que figuran en las partidas de defunción de las víctimas de la inundación. Y que emitan nuevos certificados para los que corresponda. A su vez, dispuso que en todos los casos deberán dejar asentado -en una “nota marginal” dentro el acta- que esas personas encontraron la muerte el día que la capital bonaerense quedó cubierta por el agua.

En el fallo, Arias cuestionó los registros policiales y judiciales en los que se basó el entonces ministro de Justicia y Seguridad provincial y actual ministro de Justicia, Ricardo Casal para dar a conocer un listado de 52 víctimas mortales, durante los primeros días después dela catástrofe. “Es un fallo que se basa en el derecho a la verdad, como un valor colectivo”, dijo Arias. Basado en esto, ordenó al gobierno de Daniel Scioli difundir el resultado de esta investigación a través de “los mismos medios de comunicación por los que dio a conocer la información inexacta; debiendo, en igual plazo, publicar la sentencia a texto completo en los portales de internet del Poder Ejecutivo y en el Boletín Oficial”.

En manos del fiscal de delitos complejos Jorge Paolini quedó otra causa que tiene por objeto dilucidar las responsabilidades políticas por un supuesto delito de estrago. Por el momento, no ha pasado la etapa de testimoniales. Aún no hay funcionarios procesados y los únicos que concurrieron a testimoniar son aquellos sobre los que no hay riesgo que recaigan imputaciones. 

Habeas data

La resolución del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata que lleva la firma de Arias se basó en la interpretación de información recogida en más de 25 cuerpos (de 200 fojas cada uno). En este expediente confluyeron más de 20 habeas data de personas que querían saber qué había ocurrido con sus familiares y vecinos, entre ellos el inicialmente presentado por el defensor Penal Juvenil Julián Axat, el 5 de abril de 2013 (mientras los familiares de las víctimas y vecinos intentaban sobrellevar el horror).

Habitualmente utilizado para la protección de datos personales, en este caso el habeas data fue utilizado  para “obtener el acceso a la información pública veraz, de forma transparente e irrestricta, vinculada con extravíos, desapariciones y/o fallecimientos ocurridos como consecuencia del temporal que azotó la región el día 2 de abril de 2013”. “Es una garantía constitucional, lo que hicimos fue ampliar el uso que habitualmente se le da”, explicó Arias a Infojus Noticias.

Por lo detectado durante la investigación, el juez además envió la resolución a la Unidad Fiscal de Investigaciones en turno para que “investigue la posible comisión de delitos de acción pública” y a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, para que evalúa la actuación de otros jueces, fiscales y funcionarios judiciales que tomaron intervención en estos hechos.

Policías sospechados

Para el juez, los mayores errores durante las primeras horas de la tragedia, se cometieron porque “los fiscales (Juan Cruz Condomí Alcorta estaba de turno ese día) delegaron el 95% de la investigación en la Superintendencia de la Policía Científica, a cargo del comisario Pablo Vázquez y el comisario Carlos Jaime, delegado Departamental en La Plata”.

Ambos, antes de ser cuestionados en el fallo que dio a conocer Arias, fueron denunciados por senadores bonaerenses por su papel en la investigación del asesinato de Candela Sol Rodríguez, en 2011, en el partido bonaerense de  Hurlingham. Siete meses antes de que La Plata se inundara y Vázquez y Jaime volvieran a quedar a cargo de la investigación, los senadores que investigaron el caso Candela habían recomendado al Poder Ejecutivo provincial que los exonerara, los separara de sus cargos y les iniciara acciones penales. 

El expediente en el que baso su fallo el juez Arias tuvo un desarrollo accidentado. Más de una vez el juez fue frenado por planteos de competencias y otros tecnicismos, en los que  tuvo intervención hasta la Corte provincial. En paralelo, Arias fue denunciado en la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios por sus actuaciones en este caso. Y penalmente por “abuso de autoridad” en la fiscalía a cargo de Marcelo Romero. Esa causa solo podría avanzar y tenerlo como imputado si se lo desplaza a través de un juicio político, por los fueros e inmunidades del cargo.

Acciones tardías o insuficientes

Las controversias que generó la inundación en La Plata trascienden los pasillos judiciales. Ni siquiera los datos sobre la cantidad de lluvia que cayó cuando las calles de la capital bonaerense se convirtieron en ríos es única: en ese momento, el Servicio Meteorológico Nacional midió oficialmente 181 milímetros, pero estimaciones locales hablaban de aproximadamente 400 milímetros. Pero del informe que realizó el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, surge que “una vez registradas las primeras evidencias de la magnitud del evento, las acciones desplegadas a nivel local en pos de su mitigación fueron tardías y/o insuficientes”.

El único relevamiento sistemático sobre los efectos que causó la catástrofe que afectó a los platenses, fue presentado el año pasado por el Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires. En cuestión de días organizaron a más de 1500 voluntarios que, cuestionario en mano y en equipos, salieron recorrieron 27 barrios de los afectados. 

Casi el 70% de los encuestados les respondieron que en sus casas el agua había alcanzado entre uno y dos metros de alto. Y también coincidieron en afirmar que lograron evacuarse “solos, o con la ayuda de vecinos, amigos y familiares” y la primera ayuda -en los días posteriores- la recibieron de estas mismas personas. En esos días, las calles de La Plata estaban silenciosas, pero en los centros culturales, las facultades, las sedes de partidos políticos y las escuelas, miles de personas se organizaron para juntar y distribuir ropa, agua y alimentos, principalmente.

En febrero, al cumplirse 10 meses de la catástrofe, familiares de las víctimas de la inundación volvieron a cuestionaron “el ocultamiento y la permanente y recurrente invisibilización de las víctimas”. Reclamaron el “juzgamiento a los responsables, obras para evitar que se repita la inundación, un plan de contingencias, revisión del actual Código de Ordenamiento Urbano platense, subsidios y exenciones impositivas por al menos un año y el  rechazo al aumento de la tasa de servicios municipales”.

El próximo 2 de abril volverán a marchar, ahora con nuevos datos sobre las irregularidades en la confección del listado de víctimas fatales que dejó la inundación.