Se trata de Pablo Daniel Vázquez, ex titular de la Superintendencia de la Policía Científica que estuvo a cargo del recuento de cadáveres durante la inundación en La Plata, sucedida hace un año. El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) pidió que se investiguen presuntas irregularidades en el funcionamiento de la morgue de cementerio de La Plata.
El ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, y el superintendente general de la Policía, Hugo Matzkin, anunciaron cambios en la cúpula de la fuerza al crear la Subcoordinación General Operativa y la Superintendencia de Comando de Prevención Comunitaria. También se nombró el pase a retiro de 10 comisarios generales. Entre ellos se encuentra Pablo Daniel Vázquez, ex titular de la Superintendencia de la Policía Científica que estuvo a cargo del recuento de cadáveres durante la inundación en La Plata, sucedida hace un año. El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) pidió hoy que se investiguen las presuntas irregularidades en el funcionamiento de la morgue del cementerio de La Plata y que no se envíen más cuerpos al lugar hasta que no se resuelva la situación.
El juez en lo contencioso administrativo Luis Arias comunicó hace una semana que en total son 89 las personas que deben ser oficialmente reconocidas como víctimas fatales de la inundación del 2 y 3 de abril de 2013. Arias lo hizo a través una resolución de más de 190 fojas donde también constan otros casos en los que no se determinaron pruebas suficientes para enunciar si estos fallecimientos podrían estar vinculados a la catástrofe climática.
El CIAJ reclamó con un hábeas data colectivo que se investiguen las presuntas irregularidades de la morgue del cementerio de La Plata, el CIAJ también reclamó la creación de un protocolo de actuación destinado a funcionarios policiales involucrados en las tareas de esta oficina dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense. En la presentación, el CIAJ se refirió a las irregularidades descubiertas por el juez Arias y se ancló en dos hechos: por un lado la falta de respuesta ante las solicitudes de información que la organización realizó al ministerio de Seguridad en la investigación del número de muertos y por otro a un allanamiento realizado a la morgue por Gendarmería.
Según el acta labrada en la inspección aparece la presencia de siete cadáveres encontrados por Gendarmería que no están en el listado de la morgue al día 7 de enero de 2014, al mismo tiempo que la morgue tenía las licencias de inhumación para los cuerpos de varias personas y que ninguno de esos cuerpos estaba identificado.
“La morgue policial debe ser un área transparente, que brinde absoluta garantía en la recepción y alojamiento de cadáveres, en los casos en que la Justicia requiera intervención policial. De allí que debe contar con dispositivos, y recursos adecuados, además de un estado de conservación óptimo de los elementos a periciar-preservar”, reclamaron los abogados del CIAJ. La presentación fue elaborada también “en memoria de aquellos detenidos- desaparecidos durante la última dictadura militar Argentina, cuyos cuerpos violentados, en muchos casos pasaron por la morgue policial, para garantizarle la impunidad a torturadores y asesinos”.
Para el juez Arias los mayores errores se cometieron durante las primeras horas de la tragedia. “Los fiscales (Juan Cruz Condomí Alcorta estaba de turno ese día) delegaron el 95% de la investigación en la Superintendencia de la Policía Científica, a cargo del comisario Pablo Vázquez y el comisario Carlos Jaime, delegado Departamental en La Plata”, dijo Arias a Infojus Noticias.
Ambos, antes de ser cuestionados en el fallo que dio a conocer Arias, fueron denunciados por senadores bonaerenses por su papel en la investigación del asesinato de Candela Sol Rodríguez, en 2011, en el partido bonaerense de Hurlingham. Siete meses antes de que La Plata se inundara y Vázquez (hoy pasado a retiro) y Jaime volvieran a quedar a cargo de la investigación, los senadores que investigaron el caso Candela habían recomendado al Poder Ejecutivo provincial que los exonerara, los separara de sus cargos y les iniciara acciones penales.