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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, con el decreto 2321 publicado hoy en el Boletín Oficial. Lleva la firma de la primera mandataria; del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. El nuevo código reemplaza el sistema inquisitivo por un modelo acusatorio, y establece un plazo máximo de tres años para resolver una causa penal.

La Cámara de Diputados aprobó la ley 27.063 el jueves pasado, con 130 votos a favor, 99 en contra y dos abstenciones. El proyecto había sido enviado desde el Poder Ejecutivo, con el objetivo de lograr procesos penales más veloces, justos y transparentes. Entre las modificaciones principales se destaca el plazo máximo de un año para que el fiscal realice la investigación preparatoria.

Para que los fiscales puedan cumplir sus nuevas funciones, se crearon 17 nuevas fiscalías y 1713 cargos nuevos en los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa. El nuevo proceso también prevé la suspensión del juicio a prueba y la expulsión de extranjeros que cometan un delito en flagrancia, bajo determinadas condiciones

En sus primeros artículos, el Código Procesal Penal deroga la normativa que estaba vigente hasta hoy, y especifica que el nuevo texto “será aplicable a la investigación de los hechos delictivos que sean cometidos a partir de su entrada en vigencia”. Por el contrario, las causas en trámite “quedarán radicadas ante los órganos en que se encuentren” y seguirán regidas por las normas del proceso anterior.

Con la promulgación del nuevo texto, se crea en el ámbito del Congreso una “Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación”, dedicada a “evaluar, controlar y proponer”, durante el tiempo que demande su implementación, “los respectivos proyectos de ley de adecuación de la legislación vigente” y toda modificación “y adecuación legislativa necesaria para la mejor implementación” del nuevo código.

La ley también prevé “un programa de capacitación y fortalecimiento básico de las fiscalías de primera instancia nacionales y federales, fiscalías generales y defensorías generales” para capacitar y dotar al Ministerio Público de “los recursos humanos mínimos indispensables para afrontar la futura tarea de implementación” de la nueva legislación.

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