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Después de que la Sala I de la Cámara Federal le pidiera al juez Sebastián Casanello que reabriera la investigación por el nombramiento de fiscales ad hoc, subrogantes y la creación de procuradurías especializadas, la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, enviará la semana que viene los antecedentes de los nombramientos.

El senador radical Mario Cimadvilla denunció, en abril de este año, supuestas irregularidades en el nombramiento de fiscales. Casanello cerró la causa a finales de mayo por inexistencia del delito, afirmando que: “La reforma constitucional de 1994 dotó al Ministerio Público Fiscal de independencia, autonomía funcional y autarquía financiera pero al mismo tiempo le imprimió un mandato sumamente claro: promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad -lo que, en nuestro caso- se traduce en promover la acción penal pública- y de los intereses generales de la sociedad”.

La Sala I, con votos de Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, cuestionó que el cierre era “apresurado” y que Casanello había puesto el eje en un “debate jurídico”. Le ordenaron “un examen acerca de los hechos”.

El juez federal reabrió el expediente y solicitó al Ministerio Público Fiscal los legajos donde constan los nombramientos de los fiscales y la creación de las unidades especializadas. El pedido de pruebas había sido demandado por el fiscal de la causa, Guillermo Marijuán. El MPF deberá responder en los próximos días.

La denuncia de Cimadvilla decía que “la Procuradora ha violentado las disposiciones que regulan la estructura del Ministerio Público Fiscal y ha procedido a la designación de sujetos que, sin concurso de antecedentes y oposición previo y sin acuerdo senatorial, nomina 'magistrados'”. A esta denuncia se suma otra de un particular que objeta 39 designaciones.

Antes del fallo de la Cámara Federal, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Políticas (Inecip), Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Financiera (Cipce) y otras ONG se presentaron como “amicus curiae” apoyando a Gils Carbó. La Cámara no se pronunció sobre la presentación y lo envió a Casanello para que lo adjuntara al expediente.

El Cipce aportó datos sobre las causas de corrupción. Afirma en el documento que el promedio de las causas que investigan delitos económicos es de once años y los fiscales no suelen pedir medidas para recuperar el dinero. Abuelas dijo que solo el 2 por ciento de las causas por apropiación de hijos de desaparecidos se inició con una denuncia fiscal y el 72 por ciento de los fiscales sólo pidió medidas de prueba una vez en el trámite de las causas. 

Casanello había dicho, al cerrar la causa, que “"El tipo de designaciones cuestionadas posee respaldo normativo -y agregó que- el Ministerio Público está obligado a promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad; esa obligación, de raigambre constitucional, quedaría convertida en letra muerta si se impidiera a la conducción del organismo adoptar medidas tendientes a garantizar su eficacia".

Entre las medidas tomadas por Gils Carbó como Procuradora General –y cuestionadas en la denuncia de Cimadvilla- está la creación de unidades especializadas en delitos como Lavado de dinero, Narcotráfico, Violencia Institucional, Apropiación de hijos de Desaparecidos y la reciente Procuraduría para investigar delitos de Lesa Humanidad. 

La Corte Suprema de Justica todavía no se pronunció sobre la validez de los nombramientos cuestionados.