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En un hecho sin precedentes en la historia de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el directorio interpeló a su presidente, Luis Miguel Etchevehere, por la denuncia penal que lo vincula con la explotación laboral de peones en su estancia “La Hoyita”. El campo es propiedad de su familia y está ubicada en la localidad entrerriana de Rosario del Tala. El cambio de actitud del directorio llamó la atención de su presidente. La SRA utilizó sus canales de comunicación institucionales para desmentir la denuncia, pero ahora le pidió precisiones. En tanto, después de la reunión, Etchevehere no emitió ningún comunicado y optó por el silencio.

Durante dicho encuentro, el presidente recibió el cuestionamiento de un director bonaerense, quien le requirió explicaciones sobre el caso y le advirtió que se estaba perjudicando a la institución “por algo de índole particular”.  El presidente de la SRA, sin embargo, intentó desligarse de las acusaciones.  Respondió que "es una persecución del Gobierno, es todo mentira".

No obstante, ante la insistencia del directorio, y al recordarle que hay una causa abierta que se está investigando en la Justicia, y que "está manchando a la institución", Etchevehere reiteró que es algo en su contra, y aseguró que "los peones declararon hoy y dijeron que no trabajaban ahí". Lo dijo en alusión a los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, quienes, a contraposición de lo que afirmó el presidente de la SRA, ratificaron ante el fiscal Samuel Rojkin que "nunca" les pagaron un sueldo ni contaron con una obra social por las tareas que realizaron durante 38 años en la estancia La Hoyita.

La denuncia del caso fue realizada por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), que conduce Guillermo Martini, tras una inspección realizada en el campo de Etchevehere. En el establecimiento “La Hoyita”, de la empresa “Las Margaritas S.A.”, propiedad de Leonor María Magdalena Barbero Marcial, viuda de Etchevehere, dos trabajadores no registrados fueron encontrados viviendo en unidades habitacionales desprovistas de energía eléctrica, agua potable y baños. Los trabajadores expresaron a los inspectores ser analfabetos, no tener acceso a recibos de sueldo y prestar servicios como peones generales por la suma de 450 pesos mensuales.

Además, dijeron trabajar para la familia Etchevehere desde el 14 de junio de 1976. Según la ley 26.727 que regula el trabajo agrario ya están en edad de jubilarse. En “La Hoyita” otros dos trabajadores estaban en una situación irregular: un encargado de estancia jubilado que dijo cobrar $ 2.000 por mes y su hijo de 18 años. El muchacho contó a los inspectores que trabaja en la estancia desde los 13 años; no está registrado y cobra $ 1.050 mensuales.

En otra estancia de la misma empresa los fiscalizadores encontraron trabajadores no registrados, uno es analfabeto y trabaja hace más de 20 años en diferentes establecimientos para el mismo empleador. Más allá del trabajo no registrado y la falta de libreta de trabajo agrario, para Renatea las situaciones encontradas pueden enmarcarse en el delito de reducción a la servidumbre. Por eso el organismo presentó la denuncia en la Fiscalía de Primera Instancia n° 2 de la ciudad de Paraná.