Infojus Noticias

La familia Etchevehere tiene dos estancias en Entre Ríos que suman seis mil hectáreas: La Hoyita y La Margarita. En la primera, los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, de 59 y 65 años,  fueron encontrados  viviendo en condiciones de esclavitud.  Eso llevó a los inspectores del Renatea  (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) a denunciar penalmente a la titular de las estancias, la empresa “Las Margaritas S. A.” por reducción a servidumbre. La empresa está a nombre de Leonor María Magdalena Barbero Marcial, viuda de Etchevehere, madre de José Luis Etchevehere, titular de la Sociedad Rural.

Los hermanos Cornejo, según dijeron a los inspectores, trabajan en La Hoyita desde 1976. Hace tiempo que deberían estar jubilados pero nunca fueron registrados, nunca recibieron recibos de sueldos ni les realizaron aportes previsionales. El director general de Registro Nacional del Renatea, Guillermo Martini, dijo a Infojus Noticias que “son dos ancianos en edad de jubilarse en condiciones que son dignas del olvido. Manifestaron que cobraban 450 pesos por mes; no tenían baño, no tenían luz, no tenían agua, tenían que ir a un kilómetro a buscar agua a un bebedero de animales, o a un arroyo que pasa. Comían salteado, tenían que ir a comprar a cinco kilómetros donde compraban con lo que cobraban. Y me contaban que muchos de los días comían arroz con zapallo”. También, aclara Martini, “en el único lugar donde encontramos una situación de esas características fue en La Hoyita”.

-¿Cómo fue la inspección?

–Nosotros llegamos a esos establecimientos, La Hoyita y La Margarita, en el marco de una fiscalización general que se hace como parte de una planificación en distintas provincias. Ese día y al día siguiente se hicieron siete inspecciones a grandes establecimientos.  Dos de ellas estaban relacionadas a la firma Etchebehere. Y en una, La Hoyita, encontramos el caso de estas dos personas. Esos dos días encontramos en las siete inspecciones a 28 trabajadores en situación de no registro, pero solo en La Hoyita vimos una situación que podía considerarse reducción a servidumbre.

¿Estos trabajadores tuvieron algún contacto con la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores)?

-Ellos manifiestan que nunca tuvieron contacto con el sindicato y ni sabían lo que era. Y el resto de los trabajadores eran dos personas más: un jubilado que revista en concepto de encargado del establecimiento  y que cobraba dos mil pesos por mes. Y el hijo del jubilado que declaró ganar 1050 pesos por mes y trabajar desde los 13 años. Nunca estuvieron registrados.

- ¿Nadie había notado a estos trabajadores?

–Sí. Cuando nosotros encontramos esta situación, nos presentamos en el juzgado de Paraná, que deriva el caso al Juzgado Provincial de Rosario del Tala, donde en función de la denuncia se caratula como “presunción de reducción a servidumbre”. Y ahí con el devenir de la causa salta que había una denuncia previa: un delegado de la Uocra que había denunciado al juzgado las condiciones de vida de estos mismos trabajadores, y había denunciado también en el Ministerio de Trabajo de Entre Ríos. En el devenir del proceso se unifican las dos denuncias. Nosotros no somos parte interesada, somos denunciantes, después la causa sigue.

-¿Cómo fue el paso del Renatre al Renatea? ¿Qué cambios hubo?

–Es fundamental. El Renatre era un organismo público de derecho privado,  todo eso el Renatre lo hacía a través de sociedades anónimas. Nosotros armamos una estructura propia en base a una ley orgánica que tenemos. Antes, la recepción de denuncias y las inscripciones de trabajadores temporarios, por ejemplo, se hacía en las provincias en las UGL, Unidades de Gestión Local, que quedaban en las oficinas de la Sociedad Rural o de la Uatre o de Federaciones Rurales. O sea, con la estructura anterior, estos trabajadores hubieran tenido que ir a las oficinas de Etchevehere a denunciar a Etchevehere. Imaginate que en 2012 se habían hecho entre 15 y 20 denuncias y ahora recibimos esas denuncias por día. Y las fiscalizaciones el Renatre las hacía a través de una sociedad anónima y en la práctica jamás se descubrió una situación de trata laboral, o de explotación infantil, y muchas inspecciones que se hacían tenían fines recaudatorios.

–Cuando Renatea encuentra estos casos, además de hacer la denuncia, ¿cómo acompaña a estos trabajadores?

-Este es un elemento diferencial que tenemos en el Renatea. Nuestra misión es el registro de trabajadores, pero cuando encontramos estas situaciones las denunciamos. Pero después de eso hacemos un seguimiento para ver qué pasa con esta gente. Hace un par de meses creamos una coordinación de acciones vinculadas al seguimiento de las víctimas. Cualquier cosa que encontramos las comunicamos a las instancias provinciales o nacionales, pero nosotros hacemos también el seguimiento porque el principal problema no es encontrar sino qué pasa con esa gente. Para nosotros es una preocupación fundamental.

-¿Cómo los reciben los trabajadores? ¿Hay conciencia de derechos laborales?

-En general es baja. Nosotros trabajamos mucho en la difusión de derechos. Al principio era común que el trabajador se fuera. Pero hoy hay mucha más conciencia sobre todo porque hay seguimiento y sobre todo seguimiento en las empresas. Sin embargo, las  patronales amenazan a  los trabajadores y les dicen que si se registran pierden la asignación universal.  Hay un par de cosas de las que no nos bajamos: todo lo que es trata y explotación infantil. Somos inflexibles en las denuncias judiciales y en las denuncias públicas, no importa quiénes sean. Hace pocas semanas en una desmotadora de algodón que declara una facturación anual de 20 millones de pesos, encontramos en una fiscalización a nueve menores entre 5 y 14 años trabajando. Si bien avanzamos mucho y hay más conciencia y registro, también es real que lugar donde nosotros vamos, lugar donde encontramos trabajadores sin registrar.