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El grupo lobista de los fondos buitres, la American Task Force Argentina (ATFA) publicó hoy una solicitada en los diarios Clarín y La Nación en la que busca humanizar a los acreedores que litigan contra la Argentina en los tribunales estadounidenses. En el texto hace referencia a tres pequeños ahorristas que pertenecen al denominado “Grupo Varela”, formado por trece litigantes minoritarios que adhirieron al planteo judicial de los grandes fondos de inversión especulativos.

Varela es el primer apellido que surge de la presentación colectiva que hicieron los ahorristas en la causa iniciada por los multimillonarios buitres. Pertenece a Pablo Alberto Varela, que junto a otros doce argentinos “de clase media” que “invirtieron entre 25 mil y 90 mil dólares para su jubilación y ahorros”, entre 1998 y 2001. El escrito judicial en el que explicaron su posición fue presentado en junio por el abogado estadounidense Michel Spencer ante el juzgado de Thomas Griesa. Si se ejecutaba la sentencia a favor de los buitres, ellos obtendrían sus pagos.

La ATFA fue creada por Paul Singer, el titular de NML Capital, uno de los cinco fondos buitre beneficiados por la justicia de Estados Unidos. También encabeza Elliot Management Corporation, otro fondo que hizo grandes negocios con la deuda argentina y de otros países cuando estuvieron en crisis. El grupo de lobby tiene la misión de construir a nivel internacional la imagen negativa necesaria para que el Gobierno argentino aparezca ante la opinión pública y los mercados como un mal pagador que no tiene intenciones de honrar sus deudas.

El reclamo de los trece ahorristas es de un millón de dólares en total, para recuperar el total de su capital invertido, y los intereses por la mora. Aunque representa tan sólo uno de los 1600 millones que están en juego en el litigio, el “grupo de tareas” de los buitres buscó centrar la atención pública en esos bonistas, cuya misma presentación judicial los define como “ciudadanos argentinos individuales que adquirieron relativamente poca cantidades de bonos soberanos”, para diferenciarlos de los fondos especulativos.

El mismo escrito destaca que adquirieron los títulos de deuda antes de 2001, para explicar que no lo hicieron en miras de ir a un reclamo judicial –como sí hicieron los buitres, que compraron entre 2001 y 2008–. “Conozca a los ‘Buitres’ de Argentina”, se titula la solicitada de la ATFA, que buscó asemejar a esos trece bonistas que reclaman un millón de dólares con NML Capital, Aurelius, ACP Partner, Blue Angel y Olifant Fund, los fondos que reclaman alrededor de 1600 millones en efectivo y al contado.

Tres de trece

Los tres casos elegidos por ATFA para la solicitada son el de una jubilada, una secretaria retirada y un ingeniero eléctrico. Son Norma Lavorato, de 85 años, que “se negó a aceptar las ofertas unilaterales de canje hechas por el Gobierno argentino y se indignó ante la actitud de ‘tómalo o déjalo’ que ostentó en ambas ocasiones”. Se refiere a los canjes de deuda de 2005 y 2010, a los que ingresaron el 93 por ciento de los acreedores de Argentina. Se trata de una de las más exitosas reestructuraciones de deuda en la historia financiera global.

Horacio Vázquez, de 57 años, es “ingeniero eléctrico y padre de tres hijos”. En la crisis de 2001 perdió su trabajo, y “no ha recibido un centavo de lo que le debe Argentina durante más de 13 años”. Consultado por Infojus Noticias, dijo estar desocupado, porque “es difícil conseguir trabajo”. Y agregó: “Estoy muy contento con el fallo de EE.UU”.

Vázquez preside la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd), un grupo de 50 bonistas, pero no es el único grupo que encabeza. Cuando el gobierno nacional nacionalizó la administración de jubilaciones y pensiones (y disolvió las AFJP), integró el colectivo "Argentinos autoconvocados contra la confiscación", bajo la consigna "vienen por todo, también por vos".

María Elena Corral, de 77 años, "trabajó de secretaria durante 40 años e invirtió todos sus ahorros en bonos argentinos como un acto de patriotismo” (sic), expresa la solicitada. Y agregas que “todavía está esperando que su gobierno haga lo correcto y acuerde con los inversores como ella". La referencia a un “acuerdo” resulta engañosa, cuando los fondos buitre no acceden a reducir sus pretensiones en ninguna de las audiencias de mediación que realizó el “facilitador” Daniel Pollack.

“No sé quién nos representa”

Los trece litigantes del Grupo “Varela” viven en distintas ciudades del país, muchos de ellos son jubilados, tienen más de 80 años, y algunos han muerto. Son Pablo Alberto Varela, Lila Inés Burgueño, Mirta Susana Diéguez, María Evangelina Carballo, Leandro Daniel Pomilio, Susana Aquerreta, María Elena Corral, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, Cesar Rubén Vázquez, Norma Haydee Ginés, y Marta Azucena.

Susana Aquerreta tiene 91 años y vive en Recoleta. Le dijo a Infojus Noticias que el tema la afectaba mucho. “Mi nombre está en el fallo, pero no sé quién nos representa. Hay gente que está llevando esto y lo está llevando bien. Es gente más joven que yo”, aseguró.

¿Default?

La ATFA cerró la solicitada con el lema: "No se deje engañar acerca del default argentino. No es demasiado tarde para que Argentina acuerde con sus acreedores". De esa forma insistieron en la postura de que el país incurrió en una cesación de pagos, aunque el Gobierno aclaró en varias oportunidades que eso no había sucedido. E insistió con la lógica del “acuerdo”, aunque los mismos fondos buitre se niegan a ello.

Argentina depositó  539 millones de dólares en la cuenta del Banco Mellon de Nueva York el 26 de junio, para pagar la cuota de mitad de año a los bonistas que sí ingresaron a los canjes. Ese dinero permanece congelado por orden del juez Thomas Griesa, en una medida que despertó críticas de mandatarios y especialistas de todo el mundo. “Es la primera vez en la historia en que un país que puede y tiene intenciones de pagar a sus acreedores, es impedido a hacerlo por un juez”, explicó el Nobel de Economía Joseph Stiglitz.